ZONAS DE SACRIFICIO Y MALTRATAMIENTO TRIBUTARIO
*Por Carlo Mora, abogado de la Universidad de Atacama con estudios de posgrado en la UNR, que ha asesorado a gobiernos locales y organizaciones ciudadanas en temas medioambientales y de RSE en la región.
Como se ha planteado profusamente en los foros ambientales, el extractivismo se vincula con la noción de «zonas de sacrificio»; esto es, territorios que, más allá de su utilidad lucrativa, no importan a sus explotadores y, por consiguiente, pueden ser envenenados, apurados hasta el límite o simplemente destruidos en aras del presunto «bien mayor» representado por el progreso económico. Una idea tóxica, nos advierte Naomi Klein, una muy arraigada en nuestro medio nacional dado el excesivo centralismo y la falta de empatía por las gentes que habitan lo que parece unas periferias desechables a fin de alimentar la voracidad de Santiago Oriente.
La autora nos señala que que esta situación está muy vinculada también a las nociones de superioridad racial, porque no puede haber zonas de sacrificio “si no hay también unos pueblos y unas culturas que cuenten tan poco para los explotadores que estos las consideren merecedoras de ser sacrificadas”.
La Región de Atacama, es sin lugar a dudas, una de esas, nos guste o no reconocerlo, zonas de sacrificio. Copiapó, la capital regional está rodeada de cerros con desmontes, escorias y relaves del siglo antepasado que con cada aluvión desprende material particulado de peligrosa densidad. Ni hablar de Paipote o Tierra Amarilla, Chañaral y hasta el vergonzoso chapuzón de Ricardo Lagos en una playa donde a contrario de lo que ocurre por la subida del nivel mar por el cambio climático, el relave minero le quitó terreno a la playa. Huasco sigue un proceso de rehabilitación, ya sin petcoke y mira cauteloso el proceso de descarbonización que se basa más en hermosas declaraciones que en políticas públicas concretas. Barrick ya agredió al glaciar en Huasco Alto y paga una multa, al tiempo que entre el júbilo de esas comunidades, se anuncia ahora un subsidio estatal de más de 200 millones de pesos en el sector de Imperial, para plantar paltos con las consabidas consecuencias que el monocultivo trae para el abastecimiento de agua. No nos puede caber ninguna duda de que Atacama es una zona de sacrificio, en términos aritméticos mucho más la leche que se le extrae, que los recursos que se le inyectan.
Uno de los mecanismos que se ha ideado para intentar palear este injusto, fue la inyección del “royalty minero”, impuesto a la extracción de recursos minerales que permite que parte de la recaudación de este, se destine a zonas mineras. Hoy sabemos que varios de los artículos de esa ley salieron directamente del escritorio de SQM pasando por el correo de Pablo Longueira para terminar convertidos en texto de ley. En Atacama su principal impulsor fue el actual ministro de Minería que en el Senado conminaba a que se votara a favor de este royalty pues existía el compromiso de entregar “el 25% de lo recaudado a las regiones que lo producían”. Una victoria pírrica si se lo compara con la recaudación que la actividad minera genera para el Estado y el PIB nacional, pero bueno, a nada.
El caso de las termoeléctricas es otro, se anunció con gran regocijo la instauración de un Impuesto Verde que gravaría las emisiones al aire de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de carbono (CO2), producidas por establecimientos cuyas fuentes emisoras, individualmente o en su conjunto, emitiesen 100 o más toneladas anuales de material particulado (MP), o 25.000 o más toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2), pero esta recaudación sería a beneficio “fiscal”. En el caso de las termoeléctricas en Huasco, solo el año pasado el Estado Fisco recaudó por las emisiones de las chimeneas poteñas, más de 25 millones de dólares. Nada despreciable, pero Huasco no recibe recibe como aporte estatal ni un décimo de esa recaudación.
Se ha planteado que el impuesto verde pase de un tributo de beneficio fiscal a uno municipal pero se ha dicho por los parlamentarios que en realidad esto se ve complejo pues se trataría, en virtud del artículo 65 de la Constitución de una iniciativa exclusiva presidencial, no obstante que no se trataría ni de imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, porque el tributo ya está creado, por lo que en nuestra opinión tal vez lo que falta es la energía de convocar voluntades puesto que aquí solo se tratará de solo modificar al beneficiario del impuesto, sin molestar al contribuyente, el que creemos con toda razón, vería con mejores ojos que los beneficios económicos del impuesto se refleje allí, en la misma comunidad donde se instalan us generadoras, disminuyendo las tensiones con la población. Un proyecto de reforma constitucional, tal y como se hizo con el retiro del 10% AFP o el impuesto al Super Patrimonio es otra opción, de existir voluntad real de contribuir con esas localidades que soportan los pasivos.
La discusión se torna más urgente para esos territorios, hoy que se habla del retiro de las termoeléctricas para cumplir con los compromisos internacionales sobre cambio climático, puesto que estos anuncios se hacen sin hablar de las deudas del Estado de Chile ante esas comunidades vulneradas. Creemos que la reflexión también debe ir más allá, por pensar qué pasará entonces con el impacto social de esta desindustrialización sin inversión pública para rehabilitar los territorios impactados, qué pasará si no existen políticas compensatorias para nuestros habitantes. La historia nos enseña que el Estado de Chile ha sido muy negligente con sus pasivos ambientales, basta ver lo ocurrido en Atacama con los depósitos de relaves donde aun juegan nuestros niños.
Suena bien hablar de de descarbonización desde la comodidad de alguna Fundación simpática en Vitacura, o desde el Ministerio negociando el año del fin del carbón, pero se hace sin recordar que alguien ya quedó carbonizado.
La “transición justa” no parece tan justa si solo Papá Fisco se lleva las ganancias y deja el problema. Más que la actitud de un buen papá, la del Fisco se asemeja más a la conducta de un proxeneta elegante, porque es el que cobra el dinero por el polvo que le acaban de pegar a otro.
Así de brutal, pero es la realidad de nuestros territorios.
