UNA SIMPLE MODERNIZACIÓN A CARABINEROS ES INSUFICIENTE

MIRIAM HENRÍQUEZ VIÑAS,
PROFESORA DE DERECHO CONSTITUCIONAL.-

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Para nadie es una novedad que la institución Carabineros de Chile está en crisis y que su legitimidad, confianza y aprecio ciudadano ha caído drásticamente en estos últimos años. Los hechos que han gatillado este complejo escenario son muchos, copan la atención pública y dividen las opiniones en falsos dilemas: seguridad versus libertades, bienes públicos y privados versus derechos humanos, etc. El hecho más reciente se vincula con lo acontecido en Panguipulli, que culminó con la trágica e inaceptable muerte a manos de carabineros del joven malabarista Francisco Martínez.

Lo ocurrido nos interpela nuevamente sobre el carácter urgente e insoslayable de un cambio profundo a la institución: una simple modernización es simplemente insuficiente. Para ello corresponde a las autoridades hacer un diagnóstico certero, identificar la profundidad que el cambio exige y analizar en conjunto propuestas que permitan recuperar la confianza en una institucionalidad clave para la vigencia de un Estado de Derecho. 

¿Cuáles son los principales asuntos que requieren ser restructurados? Varias comisiones de expertos han diagnosticado que Carabineros de Chile carece de una dirección efectiva en materia de política pública, de mecanismos serios de control, monitoreo y evaluación del desempeño policial. Asimismo, revelan que la falta de transparencia y rendición de cuentas ha favorecido diversos tipos de irregularidades e ilícitos. Pero lo más complejo, tras el estallido social, es el reproche vinculado a un actuar que no observa ni respeta los derechos humanos.

¿Cuáles son las propuestas de cambio que pueden resolver esos problemas? Hoy es urgente un cambio por una policía no militarizada, efectivamente promotora y defensora de los derechos humanos. La policía debe estar subordinada al control democrático civil, por ejemplo, a través de un Ministerio de la Seguridad Pública separado del Ministerio del Interior. Que existan mecanismos expeditos para procurar que su accionar sea respetuoso del ordenamiento jurídico y de los derechos humanos de todas y todos sin distinción. Que su función principal sea prevenir y controlar el delito, así como servir y proteger a todas las personas. También es fundamental consagrar parámetros especiales de transparencia y rendición de cuentas, diferentes y más rigurosos que los aplicables a los otros órganos del Estado, pues su función no es asimilable a ninguna otra. ¿Cómo y cuándo corresponde realizar estos cambios? La envergadura del problema sugiere un cambio profundo e inmediato. Que sea el resultado de un acuerdo transversal, con especial protagonismo de la sociedad civil y de los expertos. No podemos dejar que hechos como los de la Araucanía, el puente Pio Nino o Panguipulli se repitan hasta que entre en vigencia una nueva Constitución. Debemos redefinir ahora el rol de la policía en una sociedad democrática. Esta tarea puede ser profundizada y complementada en el trabajo de la Convención Constitucional.  Así consolidaremos las bases de una policía acorde al siglo veintiuno.