Tribunal de Garantía aumentó 30 % su carga de trabajo por manifestaciones
Hasta la fecha han decretado 64 prisiones preventivas, 95 arrestos domiciliarios nocturnos y 57 totales.
(Por Frenny Kelly Granado). Un 30 % de aumento tuvo la carga administrativa del Tribunal de Garantía de Copiapó desde el 19 de octubre, cuando inició el conflicto social de la ciudadanía para exigir respuestas a sus demandas; la responsabilidad de los juzgados creció significativamente a raíz de los 483 detenidos relacionados con las causas formalizadas hasta la mañana de este jueves.
Ubaldo Basoa Oviedo, juez de Garantía de esta comuna, explicó parte del proceso judicial que se cumplen en las cuatro salas de Control de Detención por el ingreso de expedientes que -en este contexto- son afines, en su mayoría, a delitos de receptación, robo en lugar no habitado, desórdenes públicos y atentado contra la autoridad.
En ese sentido, informó que gran parte de los detenidos han recibido medidas cautelares que no precisamente están asociadas con la privativa de libertad; de hecho, solo 64 personas han recibido orden de prisión preventiva, mientras que 95 tienen arrestos domiciliarios nocturnos y 57 arresto domiciliario total.
A un solo adolescente, de los muchos que han sido presentado ante los cinco jueces de Garantía y quedan bajo presentación por firma, se le decretó internación provisoria en un recinto especial resguardado por el Servicio Nacional de Menores (Sename); de acuerdo con lo que reveló el magistrado.
Como parte del funcionamiento de los Tribunales de Garantía, Basoa aseguró que el personal ha estado a disposición de la justicia durante cada día de la semana para garantizar que a cada ciudadano se le respete el derecho de pasar a control de detención dentro de las 24 horas siguientes después de haber sido aprehendido por las Fuerzas de Orden Público.
Es por ello que, dado el escenario de manifestación constante, el aparto judicial se ha constituido en las instalaciones de los mismos cuarteles policiales o en los hospitales de la región para realizar los controles de detención, cuando ha sido solicitado por los defensores respetivos.
Basoa confirmó que sí ha habido detenidos presentados en los Tribunales de Garantía con evidentes lesiones, pero cree que esto ha sido en un “rango relativamente normal porque en un procedimiento durante una manifestación donde hay miles de personas, resulta difícil para Carabineros determinar quién está haciendo cada cosa”; además, “hay casos de personas que se autoagreden; lo hemos visto. Se pegan cabezazos en los barrotes de los calabozos. Así que nos ha pasado que cuando les decimos que pueden hacer la denuncia, ellos mismos dicen que no”.
Sin embargo, explicó que -en estos casos- una vez que el fiscal ha expuesto las motivaciones que atribuyen esas lesiones, se le otorga al detenido su derecho a denunciar inmediatamente durante la audiencia, cuyo relato ha sido remitido tanto al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para que se querelle, si es necesario; al Ministerio Público para que investigue y a la institución involucrada, en este caso Carabineros de Chile, para que inicie el sumario administrativo.
Hasta ahora no ha sido formalizado ningún funcionario policial, pese a que la Fiscalía investiga las 21 querellas que, al día de hoy, ha presentado el INDH, además de las denuncias que se han formulado en el Tribunal. Solo el militar del Ejército que disparó contra el individuo que ingresó a las instalaciones del Regimiento de Infantería Nº23 y presuntamente agredió a un funcionario con una piedra, fue entrevistado por la Brigada Contra Homicidios de la PDI después que el Ministerio Público inició la investigación.
