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Senador Prohens (RN) ante críticas de abogados a parlamentarios por la ratificación de Fiscal Nacional

***Presiones que profundizan la crisis de legitimidad

En la entrevista realizada por el diario La Tercera al abogado penalista, Gabriel Zaliasnik, en la cual se refiere a la facultad que tiene el Senado para aprobar o rechazar- las veces que lo estime necesario- la propuesta realizada por el Presidente de la República para proveer el cargo de Fiscal Nacional, señala que los senadores(as) debemos argumentar por qué rechazamos, sin embargo, no nada dice en relación del por qué aprobamos. En la misma línea y cuestionando el sistema de nominación, el Presidente del Colegio de Abogados Ramiro Mendoza, comenta este fin de semana en el Diario Financiero, una particularidad que me parece atendible, sin embargo, él lamenta que nosotros, los parlamentarios,  “desechemos nombres por ejercicios del pasado”, lo cual me parece poco serio, puesto que simplemente se analiza hechos concretos de la carrera de quien decide el Ejecutivo nominar. Simplemente se trata de un respaldo o ratificación de quien fue elegido por otro Poder, algo que debiesemos respetar y es lo que debería reflexionar su gremio,  en medio de una profunda crisis institucional, de la cual estamos intetando salir.

Al respecto, las y los senadores, tanto en comisiones como en la Sala, fundamentan su voto- que fue lo que ocurrió en el último pronunciamiento- respecto de la propuesta del señor Morales efectuada por el Ejecutivo.

Basta tener presente que la Sesión Especial convocada al efecto de 15:00 a 16:00 horas, se extendió por largas horas , precisamente por el debate generado y los fundamentos de voto de Senadoras y Senadores, lo que da cuenta del amplio debate que se generó para analizar la nominación del Presidente Boric al cargo de Fiscal Nacional. Pareciera ser que al abogado Zaliasnik, no le gustó el resultado de la votación, lo que es válido y legítimo, pero ello no lo habilita a denostar de forma liviana el trabajo que se realiza en el Senado de la República.

Asimismo, cabe señalar que el Senado, por una parte, tiene una regulación precisa sobre audiencias que pueden solicitar candidatos o interesados en participar a cargos respecto de los cuales se requiere el pronunciamiento del Senado, para ser recibidos por Senadores(as). De igual forma, otro mecanismo es a través de la Comisión de Constitución Justicia y Reglamento del Senado, la cual cuenta con un mecanismo de opinión ciudadana, a través de un banner habilitado en la página web del Senado, para que todos los ciudadanos puedan ingresar sus opiniones, antecedentes o documentos, en relación a cualquier candidato para cargos en los que deba pronunciarse el Senado, previo informe de la Comisión de Constitución.

Estas formas oblicuas de ejercer Lobby o presión sobre Senadores(as), sólo hacen reflexionar respecto a la pertinencia de que la votación sobre la propuesta del Ejecutivo para proveer el cargo de Fiscal Nacional sea secreta, evitando así las presiones para votar en un determinado sentido o la posibilidad de una posterior revancha por haber votado  por otro. Sobre todo, considerando las facultades propias del cargo de Fiscal Nacional, el hecho de ser un cargo unipersonal y las potestades investigativas del Ministerio Público, las que pueden ejercerse sobre todos los Poderes del Estado y respecto de todos los habitantes de nuestro país. Por lo tanto, no es un cargo cualquiera que requiere del pronunciamiento del Senado para aprobar o rechazar la propuesta que haga el Presidente de la República.

El Colegio de Abogados de Chile (AG) sin duda debería asumir un rol más activo en estas materias. Debiese preocuparse de adoptar medidas respecto de sus asociados, tanto para que se atengan a su Código de Conducta o de Ética, como también para evitar que Abogados o Estudios Jurídicos, directa o indirectamente, ejerzan lobby o presiones fuera del marco normativo vigente sobre la materia, evitando así el inmiscuirse de forma indebida, en el ejercicio de facultades exclusivas del Senado de la República, especialmente, si se considera que es un proceso en el que intervienen los tres poderes del Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la República y el Congreso Nacional.

Por último, sin duda es responsabilidad de cada senador(a) el informarse respecto a la la capacidades y condiciones de cada postulante al cargo de Fiscal Nacional para emitir su voto, ejercicio de información, análisis y reflexión, que estimo, se ha hecho cabalmente, lo que además quedó demostrado en el reciente proceso, en donde se rechazó la propuesta del Presidente de la República. Esta situación se evidenció en la exhaustiva entrevista que la Comisión de Constitución del Senado hizo, tanto a la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, como al candidato propuesto por el Presidente de la República, lo que posteriormente se reforzó con el intenso debate en Sala al momento de votar. Se requiere mayor respeto por las instituciones como también de sus decisiones. De lo contrario solo se suma a socavar la crisis que enfrentan las instituciones en nuestro país.

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