Senado argentino busca convertir en Ley el Proyecto de Emergencia Económica

Según un estudio de la consultora Elypsis, la aplicación de la ley permitirá un ahorro fiscal de entre 1% y 1,9% del Producto Interno Bruto (PIB).

Este viernes la mayoría peronista y sus aliados en el Senado argentino se dispusieron convertir en Ley un proyecto con medidas de emergencia económica del presidente Alberto Fernández, a diez días de haber asumido el mando de un país en “virtual default”.

La sesión conducida por la titular de la Cámara alta, la vicepresidenta Cristina Kirchner, exmandataria peronista de centroizquierda entre 2007 y 2015, comenzó este viernes, poco después de que la ley fuera aprobada en la Cámara de Diputados tras una maratónica sesión de 18 horas.

Después de dos pausas largas por controversias debido a algunos puntos polémicos, el debate arrancó finalmente a las 19:20 horas y 37 senadores pidieron la palabra. “Hay un número cómodo (de votos) para que salga la Ley”, anunció el senador oficialista Alfredo Luenzo.

La norma intenta enfrentar el aumento de la pobreza (a 40 % de la población), la recesión (-3,1 % de caída del PIB en 2019), la deuda (que ronda el 90 % del PIB) y la inflación (55 % anual) con alzas de impuestos a sectores de las clases altas y medias, ensambladas con incentivos fiscales a la producción y el comercio de las Pymes.

“La Argentina está fundida y de rodillas con el crédito. Es una buena ley en esta Argentina posible. Tenemos que dinamizar y empezar por los de abajo”, afirmó el senador peronista Carlos Caserio.

En la Cámara baja, Mario Negri, uno de los líderes de la oposición alineada con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), expresó su rechazo al proyecto al considerar que “es mal camino concentrar tanto poder en el Gobierno y la emergencia no se justifica”.

Tras retirar un polémico artículo que otorgaba a Fernández amplias facultades para modificar las estructuras del Estado, el presidente peronista de centroizquierda consiguió apoyo de 134 diputados frente a 110 que votaron en contra en la Cámara baja.

El proyecto propone un impuesto de 30 % sobre operaciones que van desde la compra de moneda extranjera hasta el pago con tarjetas de crédito y extracciones de efectivo en el exterior. Fernández mantuvo el tope de compra de 200 dólares por persona por mes.

El mandatario procura urgente financiamiento para subsidiar un Plan contra el Hambre con tarjetas alimentarias gratuitas para más de dos millones de personas, en una nación de 44 millones que sufre los peores indicadores económicos y sociales desde la gran crisis de 2001.

Otras medidas son el aumento en la tasa del impuesto a los bienes personales (riqueza) y una fuerte alza a los tributos a importaciones de autos de alta gama, para rescatar de la crisis a las fábricas locales, cuyas ventas cayeron casi 50 %.

Entre las decisiones que favorecen a los sectores de menores ingresos figura el congelamiento de las tarifas (que crecieron entre 2.000 % y 3.000 % durante el gobierno de Macri, 2015-2019) y una moratoria y plan de pago a 10 años para las deudas de las Pymes, castigadas por el derrumbe del consumo.

Según un estudio de la consultora Elypsis, la aplicación de la ley permitirá un ahorro fiscal de entre 1% y 1,9% del Producto Interno Bruto (PIB).