Rajo Inca: Tribunal Ambiental de Antofagasta aprobó acuerdo entre el CDE y Codelco

*El proceso ponía en riesgo la viabilidad del proyecto Rajo Inca

El Tribunal Ambiental de Antofagasta aprobó este miércoles el documento de avenimiento y transacción que firmaron Codelco y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en noviembre pasado, en donde se consignaron una serie de compromisos medioambientales.

Dentro de las medidas establecidas, destaca la recarga adicional del acuífero del Salar de Pedernales y su seguimiento, monitoreo y vigilancia; además de la realización de estudios para entender las condiciones y la oferta de los recursos hídricos de otras cuencas de la zona. 

También resalta un plan de reparación ex situ (que implica acciones de recuperación) de 60 hectáreas de vegas alto andinas en las que se restablecerán las condiciones hídricas que existían hace décadas. Según Codelco, solo esta parte del acuerdo compensa el eventual daño total que el CDE le imputaba a la estatal y, de acuerdo a los cálculos de la cuprífera, triplican la superficie eventualmente afectada.

Además, la empresa sumó un plan para poner en valor 175,2 hectáreas, que incluyen los sistemas vegetacionales azonales hídricos terrestres (SVAHT) de los salares de Pedernales, Piedra Parada y Laguna, algunas quebradas aledañas y la cabecera sur del río La Ola. 

Para la conservación de estas áreas, Codelco cederá sus derechos de aprovechamiento de agua dulce en los sectores objeto de recuperación al Ministerio de Bienes Nacionales o a la entidad pública que se determine.

El costo estimado de todas las medidas asciende a más de US$ 56 millones, monto que será asegurado mediante una boleta de garantía por parte de la compañía estatal.

A su vez, en la audiencia realizada el martes para la revisión del acuerdo, las partes acogieron un conjunto de recomendaciones formuladas por el Tribunal Ambiental de Antofagasta, que complementan el avenimiento logrado en aspectos relativos a educación, difusión, participación y reportabilidad, declarándose que se cumple satisfactoriamente con el principio de indemnidad exigido por la legislación ambiental.