Pablo Jaeger, abogado de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó: “Si la DGA está tan convencida que tiene la razón, tendrá que probarlo”

Una verdadera batalla en los Tribunales de Justicia se desata entre los regantes y la Dirección General de Aguas (DGA), a partir de una denuncia presentada en el año 2019 que dio cuenta de presuntas faltas graves en la administración de las aguas del río Copiapó por parte de la Junta de Vigilancia.

A juicio de algunos, la actual Dirección General de Aguas a nivel país, estaría tratando de cambiar las reglas del juego, desconociendo sus atribuciones y límites, tratando de restringir a los regantes, quienes precisamente se han hecho parte en los tribunales de justicia para defender sus intereses.

Un proceso administrativo de fiscalización realizado por la Dirección General de Aguas detectó que la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes, la Junta autorizó de forma provisoria el traslado de derechos de aprovechamiento de aguas «a titulares que sí poseen derechos de aguas, para que esto pudiese hacer efectiva el uso de sus derechos en un punto distinto al inscrito».

la Junta autorizó de forma provisoria el Traslado de derechos de aprovechamiento de aguas » a titulares que sí poseen derechos de aguas, para que esto pudiese hacer efectiva el uso de sus derechos en un punto distinto al inscrito»

El pasado 21 de agosto, el Tercer Juzgado de Letras de Copiapó, en un hecho inédito y sin precedentes en Chile, decretó la intervención de la DGA en la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes, esto luego que el mismo organismo fiscalizador lo solicitara mediante un procedimiento no contencioso. Sin embargo, los representantes jurídicos de la Junta de Vigilancia (DiAgua), presentaron una impugnación a la resolución del tribunal, cuya decisión final por parte de la Magistrada del Juzgado de Letras se conocerá dentro de los próximos días, instancia que, en todo caso, resulta apelable ante la Corte de Apelaciones local.

Las medidas contra la Junta de Vigilancia se originaron a raíz de una denuncia interpuesta el 4 de abril de 2019 por el empresario agrícola Germán Palavicino Porcile, representante de la Comunidad de Aguas Subterráneas «Casub». En dicha denuncia, Porcile acusaba a la organización de haber cometido faltas graves en la administración de las aguas del río Copiapó y solicitaba una fiscalización por parte de la Dirección General de Aguas.

Cuando la fiscalización finalmente se llevó a cabo, las autoridades se encontraron con un escenario mucho más complejo de lo que se esperaban en un primer momento: la Junta de Vigilancia había autorizado de forma provisoria el traslado de derechos de aprovechamiento de aguas pese a no contar con autorización por parte de la Dirección General de Aguas, el único organismo que puede permitir dicha operación.

DIAGUA

Para Pablo Jaeger, experto en derecho de agua y director ejecutivo de DiAguas, Derecho e Ingeniería del Agua Consultores, quien representa jurídicamente a la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes, expresó que: «lo que nosotros esperamos es muy sencillo, queremos tener la posibilidad de discutir en los tribunales, la procedencia o no de la intervención, que hasta ahora no ha sido posible que el tribunal conozca la opinión de la Junta de Vigilancia”.

A esto agregó Jaeger que “el Tribunal solo con la presentación que le hizo la Dirección General de Aguas accedió a la intervención y lo que nosotros hemos hecho es una presentación para que se nos tenga como legítimos contradictores en ese juicio y, por lo tanto, antes de que se decreten las intervenciones definitivas, el Tribunal pueda escuchar lo que tiene que decir la Junta de Vigilancia al respecto”.

En esta línea, el director ejecutivo de DiAguas, Derecho e Ingeniería del Agua Consultores, explicó que al escuchar lo que tiene que decir la Junta de Vigilancia al respecto, la idea es que “esto sea tratado no como un juicio no contencioso, sino que, como un juicio sumario, en el cual nosotros podemos hacer valer nuestras opiniones”.

Consultado respecto a lo que dicta su experiencia en este tipo de juicios, respecto a si corresponde o no en este caso en particular, la intervención de la DGA en la Junta de Vigilancia, Jaeger detalló que “quisiera hacer presente algo que es bien importante, desde que está vigente el Código de Aguas de 1981, nunca ha habido una intervención de una Junta de Vigilancia como la que pretende la Dirección General de Aguas en Copiapó y por lo tanto, no tenemos ningún precedente que nos sirva de experiencias a efecto de resolver este tema”.

Aun así, añadió que “creo que el Código de Aguas es muy claro en este tema, al decir y señalar que cuando no hay un procedimiento expresamente señalado en la ley para los efectos de un procedimiento como pudiera ser el eventual decreto de una intervención, se debe aplicar el procedimiento sumario y es lo que estamos pidiendo al Juez del Tercer Juzgado de Copiapó en términos de tener la posibilidad de discutir esto en juicio sumario”.

¿Y si el escenario fuera adverso para la Junta de Vigilancia?. Pablo Jaeger refirió que frente a este escenario “cualquier resolución del Juzgado puede ser objeto de impugnación y en este caso, nosotros recurriríamos de apelación si la jueza no accediera a lo que estamos pidiendo y lo tendrían que resolver los Tribunales Superiores de Justicia, en definitiva”.

La intervención de una Junta de Vigilancia representa un hecho inédito y por lo tanto sus consecuencias resultan desconocidas para la comunidad. Sobre esto y como experto en la materia, Jaeger señaló que “creemos que las consecuencias para los usuarios de aguas de la Cuenca del Río Copiapó serían muy graves, puesto que la intervención significa que todas las atribuciones que hoy tiene el directorio de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó serían ejercidas por un interventor nombrado por la DGA”.

A esto, Jaeger añadió que “lo que ha dicho que quiere hacer la DGA, en una eventual intervención, es lo que nos preocupa, porque en definitiva lo que quiere hacer es distribuir las aguas de una forma completamente diversa a como se han distribuido históricamente las aguas del Río Copiapó y, por lo tanto, si se hace lo que quiere la DGA a los usuarios actuales del Río Copiapó se les entregaría mucha menos agua de la que actualmente a través de su directorio”.

En medio de todo el escenario, Jaeger es claro en señalar que “nosotros no logramos entender porqué una organización que representa a usuarios de aguas subterráneas, como es la CASUB, quiera intervenir una organización de usuarios de aguas superficiales, como es la Junta de Vigilancia del Río Copiapó, creemos y lo hemos explicado latamente en la presentación que hacemos al Tribunal, que esa presentación de la CASUB  es absolutamente improcedente y que nunca debió ser estimada como un legitimado para poder hacer la presentación que hizo en la DGA, aun cuando la DGA tiene una visión distinta y ha aceptado que la CASUB pueda intervenir en este tema”.

Finalmente, dijo Jaeger “nosotros como Junta de Vigilancia hemos expresado tener todo el interés y la disposición de cumplir plenamente con aquello que está requiriendo la DGA, salvo en aquello que tiene que ver con que quieren que se distribuyan las aguas en una forma distinta a cómo se ha n distribuido las aguas, y esto es porque eso le va a generar perjuicio muy graves a los usuarios de aguas de la Cuenca del Río Copiapó” añadiendo además que “la Junta no se ha negado a todas las peticiones que ha hecho la DGA, hay algunas que son bastantes obvias y que la Junta ha intentado cumplir en la medida de sus posibilidades”.

“Hay un hecho bien grave que tiene que ver con que el Informe Técnico que hizo la Dirección General de Aguas para validar la nueva forma de distribuir las aguas del Río Copiapó, es un informe que nos parece que está mal hecho desde el punto de vista técnico y jurídico, siendo muy grave no revisar este informe en las instancias jurídicas que corresponde, pues en definitiva este informe no ha tenido la posibilidad de ser cuestionado en ninguna instancia y esperamos tener la posibilidad de discutir en tribunales la validez de este informe y si la DGA está tan convencida de que tiene la razón, tendrá que probarlo”, cerró el abogado.