Organizaciones reclaman persecución política y criminalización del movimiento social

Representantes de diversas organizaciones de la zona se reunieron en el frontis del edificio del Gobierno Regional de Atacama y alzaron la voz por lo que consideran persecución política y criminalización del movimiento social, situación de la que responsabilizan al actual gobierno.

LA DENUNCIA PÚBLICA:

A través de uno de sus dirigentes señalaron que “denunciamos al Gobierno por la persecución política y criminalización del movimiento social, que ha llevado a cabo desde el inicio del estallido social a la fecha, recrudeciéndose estas prácticas las últimas semanas con características no vistas desde la dictadura.
Añaden que “entre los días 22 y 27 de enero de este año, una serie de sucesos represivos se han efectuado en Copiapó. Se han allanado viviendas de forma ilegal, se han cometido actos muy similares a secuestro, donde las personas son trasladadas a instalaciones del Gope y luego llevadas a la 2ª Comisaría de Copiapó, contra su voluntad. A otras bajo apercibimiento de detención se les ha obligado a ir a declarar a dependencias policiales para luego exigir que firmen declaración de concurrencia voluntaria; otra persona fue secuestrada en un hostal de Caldera, por cuatro individuos de civil armados, los que se limitaron a interrogarlo en el lugar”.
La declaración del colectivo agrega que “en el contexto de los allanamientos son vulnerados los derechos de un adolescente de 15 años, encañonándolo con un revolver en la cabeza, pudiendo ser estos hechos constitutivos de torturar por parte de los carabineros, en contra de los derechos de los niños, lñas niñas y adolescentes”.
“Las persecuciones políticas han sido una constante, quedando de manifiesto el acoso frente a estudiantes secundarios que se movilizaron en rechazo de la PSU, como por ejemplo lo sufrido por la dirigente de la coordinadora de estudiantes secundarios de Copiapó, vigilada por una unidad policial. El hostigamiento a dirigentes de Agrupaciones Feministas de Copiapó, que van más allá de un actuar apegado a la norma”, agregan los denunciantes.
Finalmente recalcan que “el Estado criminaliza la protesta social, vulnera los Derechos Humanos y el debido proceso con estas persecuciones. Fiscalía y los Tribunales deben cumplir su rol y no mantener la actitud subordinada frente a los atropellos que realizan las fuerzas represivas ordenadas por el Gobierno de turno, representado en la región por el Intendente Patricio Urquieta. Exigimos la Renuncia del Intendente y emplazamos a los diputados a cumplir su rol fiscalizador acusándolo constitucionalmente. Hacemos el llamado a terminar de manera inmediata con la persecución”.