Ministro de Obras Públicas refuerza aprobación de reforma al Código de Aguas en el Congreso

Dentro de las principales atribuciones del nuevo Código de Aguas esta poder priorizar el consumo humano, el cuidado de los ecosistemas y darle seguridad hídrica a quienes reciben los derechos de agua.

Luego de más de una década de tramitación en el Congreso, se aprobó en forma unánime en el Senado el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas. Con esto, la iniciativa que modifica el Código de Aguas de 1981, sorteó su último trámite legislativo para ser promulgada como Ley.

“Estamos muy contentos, porque el Congreso ha aprobado por unanimidad la reforma al Código de Aguas. Ahora será enviado al Presidente de la República para que pueda ser promulgada y de esta forma estamos dando un salto enorme en materia de nuestras capacidades para poder gestionar el agua. Se trata de un Código moderno, que le da atribuciones a las autoridades para poder tomar las decisiones duras y difíciles que se deben tomar. Esta no es sólo una reforma, es la ley del agua que nos permitirá enfrentar la enorme crisis climática que estamos viviendo”, afirmó el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, tras la aprobación del informe de la Comisión Mixta del proyecto del ley en la Sala del Senado.

El secretario de Estado explicó que dentro de las principales atribuciones del nuevo Código de Aguas esta poder priorizar el consumo humano, el cuidado de los ecosistemas y darle seguridad hídrica a quienes reciben los derechos de agua, además de evitar el no uso y también la especulación. “Este código incorpora cosas tan importantes como que es un bien nacional de uso público, es decir que el agua  pertenece a la ciudadanía toda, por otro lado también castiga el no uso, incluso con el término de los derechos, prioriza el consumo humano y define que se entiende por ello, no solamente el consumo para la bebida, sino que también el saneamiento y todo lo que son  los usos de subsistencia”.

“Este era un proyecto que llevaba 11 años de tramitación, que además era muy conflictivo, generaba muchas diferencias, que tenía mucha carga ideológica, y que sin embargo, en un trabajo conjunto y transversal que hemos desarrollado durante los últimos meses, casi un año y medio, ha dado resultados, por eso quiero agradecer a todos los diputados, senadores y asesores, quienes trabajaron para que esto finalmente se hiciera realidad. Esto es un ejemplo para entender que en vez de tener peleas entre nosotros, podemos utilizar toda nuestra energía en trabajar juntos para enfrentar los grandes desafíos, como el tremendo desafío de la adaptación al cambio climático que va a permanecer por mucho tiempo”, agregó el ministro del MOP.

Tal como indicó el ministro Moreno, el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas incluye más de 100 modificaciones a ese cuerpo legal, en lo principal reconoce el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano con carácter de esencial e irrenunciable; considera al agua como un bien nacional de uso público cuyo dominio y uso pertenecen a todo los habitantes; los derechos de aprovechamiento de aguas se constituirán en función del interés público, que incluye el resguardo del consumo humano y el saneamiento, la preservación del ecosistema, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y, en general, aquellas acciones destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos productivos.

Adicionalmente, modifica la los derechos de aprovechamiento de aguas; reconoce una nueva categoría de derecho para usos no extractivos o de uso en su fuente, restringe el uso de ciertos derechos de aprovechamiento de aguas en situaciones de escasez; establece causales de extinción y caducidad por la no inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.

Otras modificaciones importantes dan cuenta de que se habilita al Presidente de la República para reservar el recurso para fines de preservación ecosistémica, mejoras en la potestad sancionatoria de la Dirección General de Aguas, incorporación de disposiciones sobre aguas subterráneas, gestión sustentable, entre diversas mociones que potencian la autoridad y potestad para requerir información sobre los derechos entregados.

La moción parlamentaria ha debido sortear diferentes etapas desde su ingreso a tramitación legislativa el 17 de marzo de 2011 sufriendo cambios tanto en primer como en segundo trámite constitucional: indicaciones sustitutivas presentadas en 2014 y 2017 durante el gobierno de Michelle Bachelet, y en 2019 y 2020 por el gobierno de Sebastián Piñera.