Manifestantes sienten que sus demandas no han sido del todo escuchadas

Ayer marcharon los integrantes de la Mesa del Sector Público de Atacama, la Confederación de Estudiantes de Chile y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios.

(Por Frenny Kelly Granado). Este lunes se cumplió un mes de la réplica que varias regiones del país hicieron a la manifestación social que se inició en Santiago por el anuncio del aumento de 30 pesos al precio del pasaje en el metro. En el fondo las demandas eran otras y ese solo fue el detonante que convulsionó a toda la ciudadanía.

Sin lineamientos, sin líderes y sin vocerías, un gran número de chilenos se volcó a las calles para exigir dignidad social. Protestaron por pensiones, salud, educación, bajos salarios, costo de la vida, contaminación, desigualdad etc. Protestaron por todo lo que se acordaron y más. Protestaron por lo que tenían reprimido desde hace muchos años.

El estallido social se manifestó de muchísimas maneras; desde numerosas marchas ciudadanas pacíficas, coloridas, ambientadas con música y creatividad protestataria, hasta destrucción, saqueos, incendios, enfrentamientos y represión. Todo esto se ha registrado en el país durante el último mes, dejando a su paso un ambiente de cambio y transformación.

La Región de Atacama fue una de las que el 18 de octubre se sumó a las movilizaciones que iniciaron como protestas y que terminaron con la exigencia de cambiar la Constitución de 1980. No a todas, pero a algunas de las demandas se les ofreció una respuesta: se suspendió el aumento del pasaje del metro, aumentó el salario mínimo y un conjunto de medidas incluidas en una agenda social.

Ninguna de las propuestas hechas por el Presidente Sebastián Piñera consintió las aspiraciones de las personas y es por ello que, a pesar de los intentos, la manifestación no cesó. De hecho, hoy en día la gente sigue en la calle, pese a que el Gobierno y la oposición llegaron a un acuerdo en el Congreso que avala un proceso constituyente para la elaboración de un nuevo ordenamiento jurídico.

Quienes todavía marchan en las calles son los integrantes de la Mesa del Sector Público de Atacama (MSPA), que agrupa a gremios de educación, salud, municipales, servidores públicos, entre otros. Ellos rechazan las ambigüedades que -a su juicio- todavía presenta el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” que el jueves pasado se firmó en el parlamento chileno.

Si bien los protestantes valoran que este proceso de indicios que “se escuchó el clamor del pueblo chileno movilizado”, rechazan que se haya tomado sin considerar a las organizaciones sociales que convocaron “a sus bases durante el periodo de manifestaciones”, por lo que lo consideran como “un acuerdo político partidista”, motivo por el cual continúan la movilización.

Este lunes la rutina fue igual a todos los demás días; en la mañana salieron a marchar los gremios por las principales calles del casco histórico de Copiapó hasta concentrarse en la Plaza de Armas, y en la tarde salieron los manifestantes más radicales; los que se enfrentan a la autoridad. Ellos se hicieron parte de la caminata que la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) convocaron para las 17:00 horas.

Hasta el día de ayer había un total de 245 detenidos por desórdenes y 208 por robo en lugar no habitado; además de seis incendios y 40 saqueos a establecimientos comerciales; entre ellos supermercados, farmacias y servicios públicos como la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación y el Registro Civil.

Lo que todavía considera que está pendiente es el factor tiempo, ya que creen que el plazo fijado para llevar a cabo el proceso constituyente es excesivo y está “fuera de la urgencia que la ciudadanía ha demandado, tanto en la realización del plebiscito de entrada como en la redacción de la nueva Constitución”.

También les preocupa que sólo se permite el voto voluntario, por lo que “no hay garantía de su éxito”, sobre todo si “los integrantes serán elegidos por el actual sistema electoral”, lo que “elimina la posibilidad de que ciudadanos no militantes puedan ser electos”.

Finalmente, los manifestantes también quieren que les aclaren qué se va a hacer si, una vez que esté redactado el nuevo texto constitucional, se rechaza en el plebiscito ratificatorio.