MAMACOCHA Y DESCENTRALIZACIÓN
POR CARLO MORA, ABOGADO DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA CON ESTUDIOS DE POSGRADO EN LA UNR, QUE HA ASESORADO A GOBIERNOS LOCALES Y ORGANIZACIONES CIUDADANAS EN TEMAS MEDIOAMBIENTALES Y DE RSE EN LA REGIÓN.
En lo que dura el viaje en bus entre La Serena y Vallenar, precisamente una zona de influencia de los pueblos chango y diaguita, leí el ensayo Ecología y Política de Sara Larraín. Efectúa un repaso histórico de las principales ideas de la filosofía de la naturaleza, y postula al paradigma ecológico como fundamento filosófico de la ética política. Lo anterior, siguiendo el concepto de “ecología profunda” del filósofo noruego Arne Naess, el que resume acertadamente en la necesidad de que el actuar humano sea coherente con el mantenimiento de la vida en el planeta. Se trata de una actualización para Occidente de conceptos que datan desde la Antigüedad y que se encuentran muy presentes en las bases del pensamiento de nuestros pueblos ancestrales, donde el ser humano no está encima o fuera de la naturaleza, o por sobre las demás especies, sino que es tan solo una parte de ella y depende y se interrelaciona con las demás formas de vida. Un ejemplo de lo anterior, es la visión de los recientemente reconocidos pueblos Changos, llamados así probablemente por la influencia de la neblina costera o Camanchaca, ligados de manera indisoluble en una profunda relación con la “Madre Mar”, al decir del cronista Garcilaso de la Vega, porque adoraban en común a la mar y así la llamaban Mamacocha. Esta cosmovisión, inserta en el adn ancestral de los habitantes de Huasco, los ha llevado durante décadas a dar luchas por la protección de su medioambiente, la última permitió poner fecha de caducidad al vertimiento de relaves al mar, en la bahía Chapaco, y obligar a la creación de un proyecto de disposición de relaves en seco, implicando además una notable disminución del consumo de agua potable de la faena, amen de trabajo local, demostrando una vez más los positivos efectos sociales de las exigencias medioambientales en la economía.
Esta ecología profunda, a que hace referencia el ensayo, se postula como fundamento para una nueva política que supere la visión del Antropoceno, una que, a la manera en que William Burroghs describía su propio trabajo, “va en contra aquellos que están empeñados, mediante la estupidez o el designio, en volar el planeta o hacerlo inhabitable”. En definitiva, es una ética necesaria en tiempos que no admiten otra alternativa y que por tanto debe tomar distancia de aquello que Raúl Sohr, en su ensayo El mundo será verde o no será, denomina el “maquillaje verde”, un esfuerzo por despistar, con base en condiciones de “sustentabilidad” y del uso reiterado del prefijo “eco” en cada producto.
Tanto Larraín como Sohr plantean ciertos principios ambientales para la nueva Constitución y coinciden en elevar a rango constitucional al principio precautorio, uno que solo a nivel jurisprudencial ha contribuido como herramienta efectiva litigando en contra de grandes Corporaciones y del propio Estado en tribunales, lo que evidencia un consenso, que me atrevería a llamar unánime, entre los actores del mundo ambiental.
Además de compartir los diseños y los principios que se promueven para la nueva Constitución, desde nuestra experiencia territorial, nos parece que una herramienta tan efectiva como las anteriores serán los avances en autonomía efectiva, descentralización, tributos locales, y mayores potestades para los gobiernos locales, los que al día de hoy, poseen una nula intervención institucional y decisoria en los procesos de evaluación ambiental de los proyectos que pretenden emplazarse en sus comunas, quedando restringida su actuación a una precaria formulación de observaciones en los procesos de consulta ciudadana y un rol mínimo en materia de evaluación conforme a las normas “urbanísticas” que se acotan a las estructuras habitables, conforme a la LGUC y su Ordenanza, sin tener hoy los Municipios, ninguna capacidad real de gestión territorial frente a proyectos que pueden cambiar toda la forma de vida de sus habitantes, por decisiones que en ocasiones terminan siendo tomadas por un Comité de Ministros, cuyos miembros no han puesto un pie en la “zona a sacrificar”. La descentralización, como se advierte, jugará un rol de enorme importancia a la hora de concretar las garantías y derechos constitucionales que buscan proteger al medio ambiente y permitirá a los propios habitantes contar con herramientas directas para defender su patrimonio y su forma de vida.