LECCIONES TRAS EL FRACASO DEL GOBIERNO POR EL TERCER RETIRO

MIRIAM HENRÍQUEZ VIÑAS,
CANDIDATA A CONSTITUYENTE POR ATACAMA.-

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El martes de la semana pasada el Presidente de la República, Sebastián Piñera, decidió promulgar la reforma aprobada por el Congreso Nacional sobre el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales y retirar el proyecto de ley que él mismo anunció y presentó a inicios de esta semana. Asimismo, informó que iniciará un nuevo proyecto de ley para que las personas que no tienen saldos en sus cuentas previsionales puedan acceder a un bono y recuperar los fondos retirados. La promulgación y publicación de la reforma constitucional ha permitido solicitar los respectivos fondos a las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Esto ocurrió tras la decisión del Tribunal Constitucional de no acoger a trámite el requerimiento presentado por el Gobierno, por una amplia mayoría de 7 votos contra 3. Esta decisión nos tomó por sorpresa, atendido su fallo previo, pero sobre todo porque el Gobierno ejerció esta facultad confiado en que el órgano de justicia constitucional declararía la inconstitucionalidad del proyecto de reforma constitucional.

El complejo escenario descrito, que ha tenido expectante a gran parte de la ciudadanía, tiene su causa en varias cuestiones vinculadas con la configuración que dispone la Constitución actual y que podrán cambiare en la futura Carta. Puntualmente al régimen hiperpresidencialista, al papel del Tribunal Constitucional en el control previo y al rol subsidiario del Estado en lo que respecta al derecho a la seguridad social.

La Constitución actual atribuye competencias reforzadas al Presidente de la República, por ejemplo, la iniciativa exclusiva para establecer o modificar las normas sobre la seguridad social. Gran parte de las tensiones entre el Gobierno y el Congreso Nacional se generó en la disputa para iniciar un proyecto de ley o de reforma constitucional para hacer frente a las necesidades vinculadas con la seguridad social en el contexto de la crisis económica originada en la pandemia.

Este presidencialismo reforzado, sumado a un escaso apoyo del actual Gobierno en el Congreso Nacional ha generado una situación de bloqueo que no tiene salida en una crisis como la actual. Sin dudas, este escenario no favorece la gobernabilidad. Para destrabar la situación, la apuesta del Gobierno fue recurrir al Tribunal Constitucional, alegando la inconstitucionalidad del proyecto de reforma constitucional aprobado por las Cámaras.

La negativa del Tribunal Constitucional a acoger a tramitación el requerimiento nos plantea la pregunta si el órgano constitucional actúa como tercera Cámara o lo fuerzan a actuar como tal. Cualquiera sea la respuesta, si aspiramos a que la futura Constitución sea suprema, es decir la norma más importante de nuestro ordenamiento jurídico, será necesario convenir cuál es el órgano que debe asumir esta función. Si fuera el Tribunal Constitucional, habrá que revisar su integración, cómo y quién elige a sus integrantes y sus funciones. En este último caso, por ejemplo, podría eliminarse la atribución que le permite hoy al Tribunal Constitucional decidir la constitucionalidad de los proyectos de ley, toda vez que allí es más patente su rol como órgano político con poder de veto en las decisiones que adopta el Congreso Nacional.

Pero situaciones de crisis económica como la que estamos atravesando impone un tratamiento integral. No son suficientes los retiros, ni los bonos, ni las ayudas, ni las canastas, con una política focalizada. Tenemos el desafío de pensar y acordar para la nueva Constitución un robusto derecho a la seguridad social, que suponga un Estado con un rol mucho más decidido y protagónico en la satisfacción de los bienes básicos, por ejemplo, brindando los recursos necesarios para hacer frente a aquellas situaciones que impiden a las personas contar con lo suficiente para hacer frente a sus necesidades y la de sus familias. Este análisis no es oportunista, sino que expone la oportunidad del actual momento en que juntos y juntas podemos acordar las bases de nuestra convivencia actual y futura en una nueva Constitución.