“JUSTICIA SOCIAL” ¿JUSTIFICACIÓN DE LOS CORRUPTOS?
POR LUIS NÚÑEZ BARRIENTOS,
CONTRALOR CIUDADANO.-
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Todos hemos leído o escuchado últimamente la frase «Justicia Social», pero qué se esconde detrás de esta convincente y seductora frase. Bajo la promesa de “Justicia Social”, han caído en la pobreza naciones latinoamericanas muy sólidas, ricas en recursos naturales y capital humano, naciones que solo unos años atrás eran prósperas, hoy tristemente están sumidas en la pobreza y desesperanza… Pensarán quienes leen esta columna de opinión que me refiero a la República Bolivariana de Venezuela, del peligro de convertirnos en “Chilezuela”.
La Argentina, desde que comenzó con la implementación de la llamada Justicia Social, ha incrementado de manera exponencial el aparato público y ha multiplicado por dos los números de pobres, actualmente el porcentaje de la pobreza en la Argentina es de un elevado 35,4%, lo que significa que más de quince millones de argentinos están hoy en situación de pobreza, se preguntarán y qué tiene que ver la justicia social con el aumento de los pobres: simple, el Estado para implementar programas o políticas públicas relacionadas con la Justicia social, necesariamente debe tener en su poder cuantiosos recursos disponibles, recursos que por lo demás deben ser sostenibles en el tiempo. Estos dineros el Estado los obtiene principalmente vía un mecanismo llamado “IMPUESTO” que, tal como su nombre lo indica, es un gravamen que IMPONE el Estado arbitrariamente a todos los ciudadanos, sean estos personas naturales o jurídicas, con la recaudación de aquellos tributos, financia principalmente el gasto y la obra pública.
El incremento de carga tributaria, trae como resultado una menor o casi nula capacidad de ahorro y sin ahorro no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento económico.
En la Argentina la carga impositiva del PIB está en alrededor del 70%. Explicado de otro modo más fácil de comprender, un trabajador argentino de 12 meses de trabajos en el año, 9 meses lo trabaja para el Estado y solo 3 meses le queda para su completo goce, ya que el Estado saca su tajada al empleador mediante impuestos y cobros por las prestaciones sociales y al trabajador también le saca su tajada mediante el pago de impuestos que paga cada vez que realiza una adquisición de algún bien o servicio. Ejemplo: si un trabajador mensualmente en blanco gana 100 dólares, el costo para el empleador será de 135 dólares o más y de los 100 dólares ganados cada vez que el trabajador compre un producto estará pagando impuestos, por lo tanto, gran parte de los recursos que forman parte del global de la remuneración se van de una forma u otra para el Estado.
Por lo tanto, la pregunta es: ¿Estaremos dispuestos los chilenos, que gran parte de los recursos -que se generan con el fruto de nuestro trabajo- se vayan destinados al pago de mayores impuestos?, ¿estaríamos dispuestos los chilenos a firmar prácticamente un contrato en blanco, solo porque se escuchan los cánticos de sirena, de que los cambios venideros traerían Justicia Social?.
Peligroso se torna todo, más aún cuando en nuestro país se ha instalado la idea de que quien tiene la mayor cantidad de votos tiene derecho a hacer lo que se le da la gana, con el cheque en blanco en su poder, muchos podrán considerase con el derecho de hacer lo que se le venga en gana, entre ellos estará el generar grandiosas transferencias de recursos públicos. Para eso utilizan una serie de herramientas llamadas “planes sociales” que manejarán miles de millones de pesos, subsidios, bonos y prebendas de todo tipo, siendo todos estos apetitosos bocados para políticos corruptos amigos de lo ajeno y de la plata fácil, personajes ruines y miserables que pululan y se encuentran enquistados de todos los sectores o colores políticos de nuestra sociedad. Los argumentos para esconder la corrupción siempre van a ser más o menos los mismos: “estas medidas tienen profundo contenido social”, “estamos defendiendo la producción y el trabajo nacional”, “es indispensable que el Estado acuda en ayuda de los más necesitados”.
Sin embargo, sabemos de antemano que gran parte de esos recursos irán realmente a parar los bolsillos o cuentas bancarias de los políticos corruptos que agarran algo en “la pasá”. Es en el cáncer de la corrupción, donde debemos poner todos los esfuerzos para construir un mejor país, porque es en la corrupción donde están las mayores filtraciones de recursos públicos. Para combatirla con eficacia, es indispensable modificar la ley N° 18.216 que dice relación con la sustitución de penas o salidas alternativas, es decir, político que robe o esté involucrado en hechos comprobados de corrupción, debe irse preso y además se le debe aplicar la muerte civil, esto es que no vuelva ejercer de por vida cargos públicos, y que no sean más clases de ética o firma mensual la sanción para los corruptos que tanto daño le generan a nuestra sociedad y en especial a los más vulnerables, también es imperativo hacer leyes para que la empresa privada no abuse de los consumidores, seguir ejemplos como las leyes contra la colusión de los norteamericanos, que establecen que si se sorprenden empresas coludiéndose, estas deberán pagar el doble del monto de las ganancias obtenidas en la colusión y los ejecutivos involucrados deben ir presos y enfrentar la justicia como cualquier ciudadano que ha cometido un delito.
No es necesario esperar un cambio constitucional para realizar estos cambios, se requiere el concurso, voluntad y compromiso de toda la llamada clase política, para legislar ahora ya, en contra de la corrupción y la colusión que tanto daño le genera a Chile y su gente.
