Infraestructura crítica: Gobierno descartó que se busque un nuevo estado de excepción

El Ministro de Defensa Alberto Espina, negó que el Gobierno en su proyecto de resguardo de la «infraestructura crítica» busque imponer un nuevo estado de excepción, al dar a conocer una nueva propuesta para que los militares cuiden este tipo de instalaciones.

El secretario de Estado presentó la nueva iniciativa del Ejecutivo en la comisión de Constitución del Senado, luego de que senadores de oposición cuestionaran el proyecto y le solicitaran al Gobierno presentar una reforma constitucional y aclarar la polémica por la propuesta de exención de penas.

Tras salir de la reunión, que tuvo carácter de secreta, el ministro Espina remarcó que «no tiene ninguna importancia si el instrumento por el cual se hace es un instrumento, si despierta más consenso hacerlo por la Constitución, bienvenido sea».

El encargado de la defensa nacional apuntó que «lo que sí es que no es un estado de excepción, porque los estados de excepción consisten en que se les restringen derechos a los ciudadanos; en este caso no hay ninguna restricción, es una norma que constituye una facultad del Presidente».

En el documento presentado por el Gobierno, se define infraestructura crítica como «aquellas instalaciones, sistemas y sus componentes cuya perturbación en su funcionamiento o su destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios de utilidad pública para la población o para el eficaz funcionamiento de los órganos y la administración del Estado».

En tanto, el senador PPD Felipe Harboe, presidente de la comisión de Constitución, explicó que «desde el punto de vista de fondo estamos avanzando, hay una propuesta de indicación de parte del Ejecutivo, también estamos trabajando con los señores senadores en una propuesta de indicación para ver cómo somos capaces de tener un proyecto en materia de infraestructura crítica que sea lo suficientemente resguardado, para dar los instrumentos adecuados».

A juicio del parlamentario de oposición, el proyecto debe «tener información objetiva respecto a las condiciones que los justifiquen, en segundo lugar, un sistema de control civil con un límite de plazo justamente para evitar que estas prórrogas sean permanentes».