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- Imputado Francisco Sánchez realizó sus descargos en un comunicado de prensa.
La Fiscalía de Atacama formalizó ayer martes al ex intendente de Atacama, Francisco Sánchez Barrera, a raíz de la investigación que se lleva adelante producto de una querella presentada por la empresa minera Atacama Kozan en que se dio cuenta de actuaciones que serían irregulares, y que a juicio del Ministerio Público revisten la calificación jurídica de un delito de estafa.
Según transcurrió en la audiencia de formalización, conforme a lo relatado por la fiscalía, entre los años 2011 y 2018, ambos imputados habría generado relaciones de confianza con los representantes y ejecutivos de la Compañía, a partir de lo cual habrían actuado de manera fraudulenta con objetivos e intereses propios, perjudicando así a la Sociedad Atacama Kozan.
Según se ventiló en la audiencia, las diligencias dirigidas por la Fiscalía e indagadas con el apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, habrían logrado establecer cuatro hechos que fueron dados a conocer en la actuación y en los que se habrían cometido defraudaciones a partir de presuntos actos irregulares de Sánchez Barrera, en su condición de subgerente general de la empresa y un segundo imputado, Rodrigo Albornoz, que ocupaba un cargo similar en la entidad minera y que no fue citado al menos en esta instancia.
Conforme a los antecedentes dados a conocer, ambos imputados habrían realizado actos conducentes a lograr aumentos en los valores de contratos con eventuales desventajas para Atacama Kozan, pero que habrían favorecido a los investigados.
De acuerdo a la investigación y a los antecedentes reunidos, el monto de la defraudación a la empresa querellante fue fijado por los persecutores en 303 millones 270 mil 800 pesos.
Para el Ministerio Público, lo expuesto reviste la calificación jurídica de estafa reiterada, aparentando empresa o negociación imaginaria, de conformidad al artículo 468 del Código Penal, en relación al artículo 467 del mismo cuerpo legal, en grado de consumado, con la agravante del artículo 12 N° 7 del Código Penal, esto es, abuso de confianza.
La Fiscalía no solicitó medidas cautelares en contra de Sánchez, a lo que quedaron conformes los abogados querellantes, solicitando el fiscal Luis Miranda un plazo de siete meses para el desarrollo de esta investigación, plazo que fue decretado por el Juez de Garantía.
DESCARGOS DE
FRANCISCO SÁNCHEZ
En un comunicado de prensa con fecha 3 de noviembre y firmado por Francisco Sánchez Barrera, indicó textualmente que: “hoy, después de casi dos años de investigación, y para nosotros una larga espera, fuimos formalizados por hechos que desde una perspectiva jurídica procesal no tienen ninguna connotación de delito y que se alejan de una manera brutal de las cifras de dólares enunciadas en la querella. Además, tuvimos la oportunidad de conocer una cantidad de abrumadora de pruebas documentales incorporadas en la carpeta investigativa, plagas de mentiras y embustes, así como de informes financieros de apariencia técnica, llenos de insinuaciones, vaguedades e inconsistencias aportados por los querellantes que en nuestra opinión, no tienen otro propósito que el de entorpecer el trabajo de la Fiscalía».
«Nosotros seguiremos aportando todos los antecedentes que nos sean requeridos como lo hemos venido haciendo activamente durante todo el periodo previo. En octubre del año pasado, hace un año atrás declaramos ante la Fiscalía, abrimos nuestras cuentas corrientes e información financiera, así como solicitamos diligencias y aportamos documentos que a nuestro juicio ayudan la investigación y permitirán al Ministerio Público el total esclarecimiento de los hechos y por consiguiente declarar nuestra total y absoluta inocencia frente a los mismos. Estamos convencidos que más temprano que tarde y que a medida que avance la investigación quedará al descubierto esta suerte de montaje calumnioso preparado por Atacama Kozan y sus controladores, Francisco Javier Errázuriz Ovalle y el Grupo Japonés Nitttsu”, finaliza señalando la declaración de Francisco Sánchez.
