Fiscalía reformalizó y amplió plazo de diligencias en causa por filmaciones no autorizadas a mujeres
En una audiencia realizada la mañana de ayer viernes, la Fiscalía sumó antecedentes a una investigación que desarrolla por el delito contra la protección de la vida privada de las personas y que afectaron a dos mujeres en Copiapó.
En la ocasión la fiscal Paula Barrueto Salgado argumentó los hechos, los cuales ya estaban en conocimiento del Tribunal, agregando en esta reformalización nuevos actos cometidos por el imputado sumando con ello a una segunda víctima. En la audiencia se amplió en plazo para el cierre de las diligencias en un mes, periodo en que se deberá culminar con la recolección de los medios de prueba que aún resta por obtener.
LOS HECHOS:
En relación a los hechos, el fiscal a cargo de este caso, Pedro Pablo Orellana M., comentó que la Fiscalía de Atacama investiga a un imputado que se desempeñaba en un canal de televisión en la capital regional y quien, de acuerdo a la denuncia y los medios probatorios que forman parte de la carpeta investigativa, grabó sin autorización a dos profesionales de este medio. Actos que fueron reiterados entre los meses de septiembre del año 2020 y junio del año pasado, ocasión en que una de las afectadas se percató de la presencia de un dispositivo tipo Pendrive conectado a un computador ubicado en una oficina que era ocupada por las víctimas como camarín para prepararse antes de cumplir con sus funciones profesionales. Resultando ser una cámara que en ese momento estaba grabando a la afectada.
Acotó el fiscal que “para la Fiscalía, estos hechos constituyen un delito contra la protección de la vida privada de las personas, contemplado en el art. 161 del Código Penal, que afectó gravemente la dignidad de las mujeres víctimas, motivo por el cual, una vez recepcionada la denuncia se adoptaron inmediatamente los procedimientos respectivos y se ordenaron las diligencias indagatorias a personal de BRIDEC de la PDI, con la finalidad de indagar en detalle lo ocurrido y reunir la evidencia que nos ha permitido establecer que los hechos fueron cometidos de manera reiterada por el imputado y sin conocimiento ni voluntad de sus víctimas”, indicó el fiscal.
En este caso actúa como parte querellante el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género de Atacama.