Equipo Jurídico de la UDI presenta querella criminal por presuntos delitos en caso convenios y pide citación para declarar a ex Ministro Jackson ante Fiscalía

(Por Rodrigo Ferrada).- El equipo jurídico de la Unión Demócrata Independiente (UDI) encabezado por el abogado, militante del partido, y coordinador de la bancada de senadores de la colectividad, Giovanni Calderón Bassi,  presentó este viernes, ante el Juzgado de Garantía de Copiapó, una querella criminal por los presuntos delitos de Malversación de caudales públicos, Fraude al fisco  y Tráfico de influencias, contra quienes resulten responsables, y solicitando a través del tribunal una serie de diligencias investigativas al Ministerio Público tendientes a indagar los hechos y, en su caso, establecer eventuales responsabilidades penales, incluyendo citaciones a declarar a autoridades nacionales y regionales, agregando en las peticiones la declaración del ahora ex Ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, en el contexto del caso “convenios”, que ha sido de público conocimiento en todo el país y en la región.

Así, el libelo dice en su parte argumentativa, lo siguiente, respecto de los convenios contraídos por entidades públicas con dos fundaciones en específico.

RESPECTO DE FUNDACIÓN ATACAMA SUEÑOS

“La fundación Atacama Sueños se adjudicó un convenio por $57.600.000 con la Seremi de Desarrollo Social de Atacama para colaborar en la ejecución del Programa Noche Digna, que tiene por objeto prestar ayuda de salud, alimentación e higiene a personas que se encuentran en situación de calle, a través de la Resolución N° 717, de fecha 1 de julio de 2022, a pesar de que la Fundación Atacama Sueños inició actividades recién, el mismo día 1 de julio de 2022 de acuerdo a la información del Servicio de Impuestos Internos, y el giro único que tiene hasta el día de hoy es “fundaciones y corporaciones; asociaciones que promueven actividades culturales””, dice la querella.

“El representante legal de esta Fundación es el señor Pablo Tapia Paganini, quien se ha desempeñado como funcionario del Servicio de Salud de Atacama en variadas épocas en su calidad de Kinesiólogo. Por Gobierno Transparente figuran contratos a honorarios y contrata desde 2020 por remuneraciones que oscilan en alrededor de 1.500.000 pesos. Durante 2023 existe un contrato vigente con el Servicio de Salud de Atacama por una remuneración líquida de 2 millones de pesos”, argumenta además.

“Finalmente, en Gobierno transparente se adjudica $9.985.530.- con fecha 2 de febrero de 2023 a través de la Subsecretaría de Cultura”, indica el texto de la acción penal.

RESPECTO DE FUNDACIÓN COMPROMETIDOS.

“La fundación Comprometidos firmó un convenio con la Seremi de Vivienda de Atacama el 21 de diciembre de 2022 por un monto de 128 millones de pesos para realizar la contratación del servicio de 2 camiones aljibes para el transporte y distribución de agua potable (que cuente con el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente) para las familias que viven en los 4 campamentos seleccionados por el MINVU”, dice el escrito de la querella.

“La Fundación Comprometidos, RUT 65.127.769-8, se constituyó el 11 de junio de 2019 para realizar actividades de clínicas veterinarias. Posteriormente, el 20 de abril de 2020, amplió su giro a actividades de producción de películas cinematográficas, videos y programas. El 7 de marzo de 2023, nuevamente amplían su giro a “otras actividades de asistencia social sin alojamiento”, y “Fundaciones y Corporaciones; asociaciones que promueven actividades culturales”, sostiene también.

“Cabe señalar para estos efectos, que el Convenio celebrado tiene fecha de 21 de diciembre de 2022, es decir, cuando solo contaban con los dos primeros giros”, dice.

“En segundo lugar, no existe claridad en torno a que los pagos hayan sido entregados correctamente en cuanto a los montos”, alega.

Sobre la querella, su fondo y objetivos, el querellante, Giovanni Calderón Bassi, abogado militante de la UDI y coordinador de su bancada de senadores opinó:

“Esta querella se presenta en el contexto de la inacción por parte del Gobierno y las autoridades para buscar responsabilidades penales en el caso convenios, van a cumplirse 60 días desde que se dieron a conocer los antecedentes, y el Gobierno no ha presentado ninguna querella, y esa inacción en todo este tiempo se ha traducido en desaparición de pruebas fundamentales para establecer responsabilidades, de las cuales hemos sido testigos todos los chilenos, entonces, creemos que llegó el momento que el Ministerio Público inicie investigaciones en casos como estos, que no están siendo investigados”.

Por su parte, Carlos Oyarzún Concha, abogado patrocinante del equipo jurídico de la UDI; sostuvo:

“Esta querella en el caso particular de Atacama, nosotros la estamos presentando contra todos aquellos que resulten responsables, hay particularmente dos casos que nos llaman profundamente la atención y que creemos que la Fiscalía tiene que investigar, que son el caso de la Fundación Atacama Sueños, y por otra parte esta Fundación Comprometidos, por eso, nos parece que hay algo que al menos debe ser aclarado ante la justicia, que es la falta de idoneidad, es decir estas dos fundaciones no tenían absolutamente ningún conocimiento técnico respecto del giro que tenían, con el objeto de los tratos directos que el Ministerio de Desarrollo social y el de vivienda, le adjudican”.