En Chile van 23 muertos desde que inició el estallido social

En los primeros nueve días de la protesta, el presidente Sebastián Piñera sacó a los militares a las calles y decretó toque de queda. Pero ahora la policía, fuertemente cuestionada, es la única que está a cargo del control.

(Por Frenny Kelly Granado). El adolescente de 13 años que este jueves murió tras ser arrollado en la ciudad de Arica por una camioneta en el contexto de las manifestaciones sociales en Chile elevaron la cifra de fallecidos a 23, según reportó este sábado la agencia AFP. Con él iba un adulto que resultó herido. El conductor del vehículo fue detenido.

Luego de cinco semanas del inicio del estallido social en Chile, donde los incendios, saqueos y manifestaciones no ceden en varias ciudades, y ninguna medida ni acuerdo político logra aplacar la violencia, el número de personas fallecidas sigue en aumento; igual que los aprehendidos por diferentes motivos.

Desde el 18 de octubre han muerto 23 personas, mientras que más de 2.000 resultaron heridas. El balance incluye más de 200 personas que sufrieron lesiones oculares graves producto de disparos de balines de la Policía.

La Policía se comprometió a no utilizar balines o perdigones, pero el jueves un camarógrafo resultó herido y esta institución reconoció que “existe una alta probabilidad” de que haya sido con escopeta antidisturbios.

La violencia había disminuido tras el acuerdo que el Congreso alcanzó hace una semana para elaborar una nueva Constitución, pero su recrudecimiento llevó al gobierno a volver a pedir calma.

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, hizo un llamado “profundo y sincero a todas las fuerzas políticas” en busca de “paz”; asimismo, anunció que se adelantará el egreso de 2.500 aspirantes a policías para sumarse al resguardo.

Controlar el orden público y avanzar en las reformas sociales que respondan a las demandas de la calle es el principal desafío del presidente Sebastián Piñera. “He tratado de compatibilizar el orden público con los derechos humanos y compatibilizar las demandas sociales con mantener sana nuestra economía. No ha sido fácil”, reconoció el jueves Piñera.

Según el gobierno, detrás de los ataques más violentos -sobre todo en barrios periféricos- están “barras bravas del fútbol relacionadas con el narcotráfico y la delincuencia más dura”, dijo a radio Cooperativa la portavoz oficial Karla Rubilar.

Amnistía Internacional denunció una política deliberada para castigar a manifestantes, pero el Gobierno rechazó “categóricamente” el informe. Las Fuerzas Armadas también lo rechazaron en una polémica declaración conjunta que, según políticos de oposición, sobrepasó el principio de no deliberación.

“Las Fuerzas Armadas tiene pleno derecho a defenderse. No hay ningún acto de deliberación”, defendió el ministro de Defensa, Alberto Espina.

Por su parte, un equipo enviado por la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, concluyó su investigación sobre las denuncias de vulneraciones y entregará un informe dentro de tres semanas en base a reuniones con autoridades, representantes de organizaciones humanitarias y testimonios de 230 heridos en protestas (entre civiles y uniformados), “muchos de ellos perturbadores”, indicó un comunicado del organismo.