El dramático caso judicial de trabajador de Codelco privado de libertad pese a su irreprochable conducta anterior

*Un error irresponsable y una defensa débil le significaron cumplir con cárcel efectiva, perder el empleo y la vivienda en que habita su mujer e hijos.

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Juan Castillo Rojo es un joven vecino de Diego de Almagro, trabajador de Codelco reconocido y querido por sus pares que actualmente vive un verdadero drama judicial tras haber cometido una irresponsabilidad como haber sido sorprendido manejando en estado de ebriedad en el mes de febrero de 2023. Según refiere su familia y conocidos fue mal aconsejado y defendido durante el juicio, uno en que terminó siendo condenado a cumplir con doscientos días de cárcel, pero de cárcel efectiva en Chañaral, en circunstancias de que por no poseer antecedentes penales previos, perfectamente debió acceder a una pena sustitutiva de remisión condicional de la pena, esto es, firma mensual ante la observación de Gendarmería, como ocurre normalmente en estos casos.

Su hermana Sandra Ledezma nos relata el drama que ha significado para su familia todo este proceso: “Juan siempre ha sido honesto y trabajador, trabaja desde los 19 años y nunca ha dejado de hacerlo, es una buena persona que participa de organizaciones religiosas, es deportista, es padre de familia. Se hace cargo de su mujer y de la hija de ella. Su mujer padece de epilepsia, tienen un hijo en común, estamos todos sufriendo. Además ayuda a su papá que es un hombre anciano con múltiples enfermedades. Juan es mi hermanastro pero es como si fuéramos hermanos porque siempre hemos sido muy unidos. Todos estamos sufriendo porque está en la cárcel con delincuentes habituales y él hasta hace poco era un trabajador responsable de vida tranquila. Cometió un error y lo debe pagar, pero si a otros, que son verdaderos delincuentes habituales, se les dan beneficios no entendemos por qué a Juan se le cierran las puertas y no le dan la posibilidad de este beneficio.”

La condena de cárcel efectiva pese a no tener antecedentes penales previos

La sentencia del Juzgado de Garantía de Diego de Almagro, que lo condenó el 18 de agosto de este año, no le concedió beneficio alguno, expresando: “Por otra parte, no es posible acceder a la sustitución de la pena privativa de libertad por la remisión condicional (…) no se incorporó en audiencia extracto de filiación y antecedentes (…)

Que, no habiéndose acreditado los requisitos de la ley 18.216, no se concede al sentenciado ninguna de las penas sustitutivas contempladas en dicha ley, por lo que habrá de cumplir efectivamente la pena temporal impuesta, la que comenzará a contarse desde que se presente o sea habido, sin abonos que considerar.”

 

Pese a que el Ministerio Público le había reconocido la irreprochable conducta anterior en su requerimiento y ofreció como medio de prueba el extracto de filiación, finalmente al momento del juicio este no se puso a disposición del Tribunal y la defensa también omitió incorporar su lectura.

 

Tras ello la defensa interpuso un recurso de Nulidad ante la Corte Suprema que fue declarado inadmisible y posteriormente un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Copiapó el que también se declaró como inadmisible por considerar que aún existían herramientas legales al nivel del Juzgado de Garantía de Diego de Almagro.

 

Tras el continuo de derrotas y con Juan ingresado a la prisión, cambiaron de defensa y estrategia, insistiendo ante el Juzgado de Garantías que proceda con una audiencia especial que controle las garantías y derechos del condenado y pueda verificar el cumplimiento de los requisitos de las penas alternativas y cumplir la condena en libertad con firma ante Gendarmería. Hay jurisprudencia nacional que avalaría esta hipótesis, informan desde la defensa.

 

“A estas alturas no se cuestiona la condena ni sus circunstancias, esas oportunidades procesales ya están agotadas, pero nada impide, por principios humanitarios, garantías constitucionales y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, que se revise la ejecución de la pena y sus circunstancias a fin de no hacerla aún más desproporcionada y gravosa pensando en que Juan Castillo nunca antes había estado envuelto en un hecho como este, por el contrario, siempre ha sido un aporte en su comunidad y en su trabajo”, señaló Carlo Mora, el asesor de la familia.

 

DESPIDO Y DESALOJO DE SU MUJER E HIJOS POR CODELCO

 

El Sindicato de Codelco y la CUT intentaron interceder ante la gerencia de Codelco para evitar mayores perjuicios y solicitar sus vacaciones mientras se intentaba las nuevas gestiones, sin embargo, la respuesta de la empresa habría sido todo lo contrario a empatizar con el caso, remitió carta de despido y solicitó a la familia abandonar el inmueble ocupado por la mujer de Juan Castillo y sus hijos.

 

Patricio Elgueta, Presidente del Sindicato N° 2 de Codelco expresó su malestar con todo lo ocurrido: “Juan Castillo cometió un error, pero es un trabajador de conducta intachable. Uno no entiende que se le pueda arruinar la vida de esta forma a una persona buena y que siempre ha sido muy cuidadoso y protector de su familia. En este momento tenemos a un trabajador preso y a una familia sin sustento ni lugar donde vivir. Esperamos que la Justicia comprenda el nivel de daño que se está ocasionando con esta situación, que la Corte de Apelaciones de Copiapó pueda comprender la injusticia y el dolor que se está ocasionando dentro de su jurisdicción y que le ponga coto a esta situación que es realmente dramática para nuestro compañero Juan y su familia”.

 

 

HACINAMIENTO CARCELARIO

 

Recordemos que conforme informó en septiembre de este año la “Mesa de Supervisión Penitenciaria de la región de Atacama” existe un 100% de sobrepoblación penal en los recintos penitenciarios de la región, por lo que llama la atención que individuos sin antecedentes penales previos, que poseían un trabajo estable y continuo, sin adherencia delictual, como es el caso de Juan Castillo Rojo puedan ser privados de la posibilidad de acceder a una pena alternativa en libertad y así evitarse las consecuencias tan perniciosas que le han costado su libertad, el sustento de su familia y la vivienda que habitaban.

 

“Mi hermano Juan está muy deprimido, tengo mucho temor de que siga así porque siente que ha arruinado su vida y el no merece estar pasando por esto. Ojalá que la Justicia de Atacama comprenda que mi hermano cometió un error pero él no es un delincuente y ahora está al borde de perder todo aquello por lo que ha luchado durante tantos años” finalizó Sandra Ledezma Rojo, visiblemente afectada tras los 30 días de cárcel efectiva que lleva su hermano cumpliendo en la cárcel de Chañaral.