El Defensor Regional entregó balance de la gestión 2022 “Dotar de autonomía a la Defensoría es necesario y será un acierto para una democracia fortalecida por una nueva Constitución”

*Con la presencia de las más altas autoridades de la región y por el director administrativo nacional de la Defensoría Penal Pública, Samuel Poblete, Raúl Palma dio a conocer el desempeño institucional durante el año pasado y expuso sobre los desafíos de la justicia penal.

De forma presencial, después de 3 años de suspensión debido a las restricciones que impuso la pandemia, el defensor regional de Atacama, Raúl Palma Olivares rindió cuenta de la gestión 2022 en el salón de juicio oral de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Atacama, donde destacó la labor de defensores y defensoras que prestan cobertura en las provincias de Chañaral, Copiapó y Huasco.

“Agradezco al equipo regional; defensoras y defensores públicos, asistentes administrativas, auxiliares y profesionales quienes, en un ejemplo de compromiso institucional, pusieron su esfuerzo al servicio de la comunidad y permitieron que, durante tiempos complejos, se garantice sin excepciones, el acceso a la justicia y el derecho a defensa para todas y todos”, enfatizó el Defensor Regional.

Además, agregó que “no hemos cejado en co-construir cada día una institución que debe ser -y ha sido- capaz de cautelar el acceso efectivo de toda la población, a un derecho que el Estado se compromete a garantizar: que es el derecho a ser defendido penalmente en un proceso legal, justo y racional. Cada defensor y defensora penal sabe que, sin esa garantía concreta, la justicia pierde equilibrio, y el estado de derecho, se debilita”.

MEJORAR EL ACCESO A LA JUSTICIA:

La particularidad de las diferentes personas que atiende la institución se traduce en una defensa que recoge la diversidad de la población y por ello, han construido -desde sus inicios- programas de defensa específica para grupos en situación de mayor vulnerabilidad social y que merecen especial atención en el acceso a la justicia.

“En cada una de estas áreas; responsabilidad penal adolescente, defensa de personas pertenecientes a pueblos originarios, de migrantes, penitenciaria, con perspectiva de género y en el caso de personas inimputables por problemas de salud mental, contamos con manuales de actuaciones mínimas que rigen el desempeño de nuestros defensores y defensoras y que permiten medir y controlar el trabajo de defensa a través de un consolidado mecanismo de evaluación y control técnico”, destacó Palma Olivares.

En ese sentido se inscribe la defensa penal con perspectiva de género, cuyo modelo fue modificado y que entró en vigencia el 1 de agosto recién pasado, incorporando junto a las mujeres, a las disidencias sexo-genéricas, en el sentido convencional de que se trata de personas cuya orientación sexual, identidad de género o expresión de género son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos y otras normas internacionales.

“El objetivo del modelo, del cual somos piloto a nivel nacional, es llevar adelante una serie de exigencias mínimas para defensores y defensoras que participen en la prestación de defensa penal en casos de personas pertenecientes a estos colectivos históricamente discriminados, con la finalidad de ejercer el derecho a defensa, incorporando elementos metodológicos y jurídicos que permitan salir de los límites normativos tradicionales, en este caso, de la norma patriarcal hegemónica y, de esta forma, se puedan resolver los problemas de desigualdad material en el proceso penal, sobre todo en el caso de una persona imputada o privada de libertad”, explicó el Defensor.

En el marco de este nuevo manual de actuaciones mínimas, la Defensoría Regional creo la Unidad de defensa penal de género, donde convocaron a colaboradores con distintas miradas y competencias técnicas, además de confeccionar alianzas interinstitucionales, con la finalidad de dar una defensa penal especializada y eficiente a sus usuarias mujeres y a personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+, que enfrentan una persecución penal en su contra.

ANÁLISIS DE CIFRAS:

En relación con las estadísticas de atención, el directivo destacó que “de las 7.238 causas ingresadas el 2022, el 17,9 % correspondieron a mujeres, el 4,5 % a adolescentes, el 0,5 % a personas de pueblos originarios y el 8 % a personas extranjeras. Esta última cifra constata que a pesar de que la opinión pública instala el discurso de que los extranjeros serían responsables del aumento de los delitos que percibe la población, esto no es así”.

De igual forma, Palma explicó que, durante el mismo periodo, en relación con los delitos, “no hubo variación entre 2021 y 2022 en la prevalencia de los delitos de mayor ingreso en nuestra región: lesiones con un 18,9 %, le siguen los delitos contra la libertad e intimidad de las personas con 15,4 % y con un 13,8 % los delitos de ley de tránsito”, destacó.

“Del total de causas ingresadas, hubo 553 personas a las que se les decretó la medida cautelar de prisión preventiva, de ellas, 17 personas llevan más de un año privados de libertad esperando un juicio, lo que supera el límite razonable y evidencia que el sistema aún presenta deficiencias. Más grave aún, si quienes fueron afectados en sus derechos, no son responsables. El año pasado, 984 personas imputadas terminaron su causa manteniendo su estado de inocencia o no condenadas. De ellos, 53 fueron absueltas y el 97,3 % no estuvo privado de libertad”, enfatizó.

AUTONOMÍA INSTITUCIONAL :

Un mensaje transversal durante todo el discurso de Palma Olivares fue ilustrar la labor que todos los días efectúan los defensores penales y que, más allá de lo que declara la misión institucional, se trata de promover en el proceso penal, los derechos y garantías de las personas que nadie defiende ni representa, de los invisibilizados.

Por lo anterior y en el contexto de un nuevo proceso constituyente, el Defensor dijo que “se hace impostergable dotar a la Defensoría de autonomía constitucional, precisamente por la labor que realizamos y que a veces resulta contra-mayoritaria, pero que es esencial para el ejercicio del derecho a una defensa diligente de todas las personas que no cuentan con recursos para contratar un abogado privado y para asegurarles el acceso a la justicia, en un pie de igualdad material, sobre todo a aquellos más discriminados y marginados”.

Palma comentó que “en tiempos donde la deslegitimación de la justicia y la crisis de seguridad son amenazas reales a la democracia y al estado de derecho, lo crucial es fortalecer las instituciones que funcionan, fomentar el acercamiento de la ciudadanía a los servicios que dan soluciones a sus demandas y que defienden concretamente sus derechos todos los días. En ese sentido, dotar de autonomía a la Defensoría Penal Pública es necesario y será un acierto indesmentible para una democracia fortalecida por una nueva Constitución”.

     

 

 

 

 

 

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