Destacan reforma para reducir la reincidencia y mejorar la persecución del crimen organizado
El seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama, Tomás Garay destacó la promulgación de la Reforma al Código Penal y el Código Procesal Penal, firmada por el Presidente Gabriel Boric, iniciativa que permitirá disminuir las tasas de reincidencia delictual y mejorar la persecución de los delitos de mayor connotación social.
En la promulgación de la nueva ley, el mandatario estuvo acompañado por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero.
Sobre los impactos de la nueva ley, la autoridad regional indicó que la iniciativa es parte de las medidas legislativas priorizadas desde el Gobierno junto al Congreso para dotar de mejores herramientas al sistema penal para una persecución penal más eficiente, con especial énfasis en castigar y en prevenir la reincidencia de delitos.
El seremi de Justicia y Derechos Humanos, detalló además que esta nueva ley mejorará la persecución del crimen organizado, con nuevas herramientas como la ampliación de las técnicas especiales de investigación, así como también la interceptación y grabación de comunicaciones de organizaciones delictuales.
Además, en caso de juicios orales complejos, se incorporan reglas para su agilización y producción de pruebas, con la finalidad de terminar con la dilación de la impartición de justicia en este tipo de causas.
Entre las normativas que incluye la nueva ley se agrega un estatuto que regula la cooperación eficaz, incentivando a los imputados a cooperar.
En este sentido, el Seremi Tomás Garay añadió que la iniciativa representa una de las reformas más significativas realizadas en el último tiempo al sistema procesal penal, abordando diversas materias como la seguridad de los intervinientes, tanto de fiscales, jueces como defensores para una persecución penal más eficaz, que busca reducir tiempos, especialmente en el caso de la tramitación de juicios, la incorporación de pruebas y, particularmente, la incorporación de prueba documental.
La reforma también incluye cambios en la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, añadiendo a Gendarmería de Chile y a la Dirección General de Asuntos Marítimos como destinatarios de recursos decomisados.