Defensoría Regional de Atacama despliega intenso trabajo con la comunidad

Abordan temas vinculados con el orden público y las detenciones registradas en las últimas semanas.

Los directivos de la Defensoría Penal Pública en la Región Atacama, Raúl Palma Olivares y Violeta Villalobos, se reunieron esta semana con diferentes organizaciones sociales y varias instituciones para difundir información sobre los derechos de los imputados y el funcionamiento del sistema penal.

El defensor regional y la jefa de Estudios impulsan estas reuniones de trabajo y coordinación para promover una campaña de información que llegue a los ciudadanos que, por primera vez, enfrentan situaciones asociadas con detenciones y procesos judiciales.

En esa instancia lograron reunir al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Federación de Estudiantes de la Universidad de Atacama (Feuda), el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), el Colegio Regional de Periodistas, profesionales del Departamento de Educación (DAEM) de la Municipalidad de Copiapó y el ‘piquete jurídico’ de la Escuela de Derecho de la UDA, entre otros.

Todos ellos acudieron hasta la Defensoría Regional para coordinar esfuerzos y compartir información con la institución.

Esta iniciativa surgió tras los resultados obtenidos luego de las primeras semanas de manifestaciones sociales en la región, en las que “todo nuestro esfuerzo estaba volcado en dar cobertura al ingente número de personas detenidas junto con mantener dicha prestación en los diferentes ámbitos”, explicó el Defensor Regional.

El propósito es reunirse con la mayor cantidad de actores sociales de la región para compartir datos y crear alianzas colaborativas, de manera de poder mejorar la gestión en áreas específicas, además de contribuir a dar solución a los problemas surgidos a raíz de la crisis social que atraviesa el país.

GREMIOS

Los profesionales que se agruparon a propósito de las protestas sociales registradas en la región desde octubre pasado asieron al encuentro para recoger todos los antecedentes de las detenciones en la región, con la finalidad de realizar un análisis de los desórdenes públicos y “la desproporcionalidad de las medidas cautelares que se han impuesto”.

Taeli Gómez, académica de la Facultad de Derecho de la UDA, explicó que “hemos recurrido a la Defensoría para trabajar en conjunto y que nos entreguen los insumos que necesitamos para seguir adelante con esta iniciativa”.

Este grupo está integrado por profesores, alumnos egresados de derecho de la Universidad de Atacama, psicólogos, médicos y trabajadores sociales de la misma casa de estudios.

La directora regional del servicio, Camila Tapia Morales, se comprometió a gestionar ayuda médica para las mujeres privadas de libertad en Atacama; además de articular áreas de trabajo en torno a la contingencia y cruzar datos sobre mujeres imputadas.

Esto debido a que el equipo directivo de la Defensoría Regional les dio a conocer el estado de hacinamiento de los recintos penitenciarios de la región y la situación crítica de las mujeres con prisión preventiva y condenadas que habitan en ellos.

En tanto, los representantes regionales del Colegio de Periodistas; es decir la presidenta del Consejo Regional Atacama de ese gremio, Doris Pons, junto con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del colegio, Marcel Gaete y Paulina Pérez, aclaró dudas respecto a la legalidad de las detenciones de las últimas semanas.

“En el caso de que una persona haya sido detenida producto de las manifestaciones, tendrá derecho desde el primer momento a contar con un abogado que los represente. Por eso estamos en las comisarías”, explicó el Defensor Regional.

En un encuentro con la coordinadora de convivencia escolar del Departamento de Educación, Madelein Jorquera, y con la psicóloga Yenny Valenzuela, el defensor mostró su preocupación por los niños y adolescentes que se han visto afectados por estas movilizaciones.

“Hay niños víctimas e imputados. Creo que los han dejado un poco de lado”, expresó.

Jorquera agregó que “realizamos un catastro de niños en esta situación, pero se nos ha hecho difícil el trabajo. No tenemos acceso a estos registros y no todos los padres se han acercado a nosotros a buscar apoyo u orientación”.

Raúl Palma se comprometió a entregar apoyo a través de charlas de difusión orientadas a padres, alumnos y profesores, ya que considera esencial que “conozcan los derechos que tienen todas las personas, sobre todo niños y adolescentes- si son imputadas por algún delito, y cuál es la función de los defensores penales públicos”.