Decreto tarifario por alza en cobro del agua no llegó a Contraloría
El Superintendente de Servicios Sanitarios de Chile, Jorge Rivas, aclaró que la propuesta inicial era de 40 %, pero con el subsidio que el Estado dio para construir la planta desalinizadora, se redujo. La institución tiene hasta finales de 2020 para presentar una nueva oferta.
(Por Frenny Kelly Granado). Definitivamente el anunció de un incremento del 15 % a las tarifas del servicio de agua potable en Atacama, no fue una decisión muy acertada por parte del Superintendente de Servicios Sanitarios de Chile (SISS), Jorge Rivas, debido al contexto político y social que -en este momento- atraviesa el país.
En ese sentido, y tras admitir que este no era el mejor escenario para informar sobre un alza que podría comenzar a aplicarse a partir de enero del 2021, explicó que junto a las autoridades del Gobierno actual están en un proceso de reevaluación para tratar de bajar, aún más, el cobro de operatividad de la planta desalinizadora de esta región.
Cabe recordar que la propuesta inicial era de un 40 % y que, tomando en cuenta que era un cobro que sería inaceptable por los usuarios, quienes ya pagan un servicio caro, se emitió la alerta que permitió reducirlo al 15 % que se notificó la semana pasada.
Dada la situación que se vive hoy día en el país, las autoridades políticas de Atacama solicitaron a la Superintendencia de Servicios Sanitarios -organización independiente y puntualmente técnica, que- que presentara otras alternativas para reducir todavía más ese 15 % que ya fue anunciado.
Por tal motivo Rivas comunicó a los clientes que desde ya comenzaron los trabajos para minimizar ese porcentaje, dado que todavía hay espacio de más de un año para aplicar el incremente que finalmente quede fijado, ya que solo se podrá ejecutar una vez que la planta esté operativa, y para eso hay que esperar hasta fines del año 2020.
“Queremos darle la tranquilidad a la gente de que no vamos a subir las tarifas; de que vamos a buscar todas las alternativas posibles para reducir ese impacto tarifario, así que creemos que ésta es una muy buena noticia para la región”, comentó.
Esa alza que se iba a dar en un año más, se ratifica en un decreto tarifario asociado a la desalinizadora, pero dicho instrumento legal no ha sido remitido a Contraloría puesto que la Superintendencia detuvo el proceso; es decir, del 15 % de incremento, solo se maneja la información, ya que hasta ahora “no hay nada formal”.
YA ESTABA HABLADO
El incremento en las facturas por el servicio de agua potable era algo que ya había sido notificado a las autoridades de la época cuando se planteó construir una planta desalinizadora para contraatacar a la grave sequía que afecta a los habitantes de esta región desde hace años y, principalmente, mejorar la calidad del agua.
Construir la desaladora resultaba, para aquel entonces, muy costoso, así que la Superintendencia alertó a las autoridades de la época sobre las alzas tarifarias que implicaba esa infraestructura; de acuerdo con lo que puntualiza Rivas.
El Estado, entonces, analizó el tema y decidió subsidiar la construcción con arcas fiscales y eso, automáticamente, permitió bajar la cuota de más del 40 % al 15 % que representan los gastos de operación de la desalinizadora, energía, así como personal para operarla y mantenerla.
“Sabemos que este 15 % a la gente no le gusta porque es un impacto importante, pero nosotros ya habíamos logrado reducirlo de un 40, ya que nosotros mismos alertamos que esto tenía un impacto demasiado alto”, agregó.
Sin embargo, tampoco podría llevarse la cifra a un 0 % -explicó Rivas- “porque técnicamente es imposible sostener ese monto”; para reducir la tarifa y llegar de un 15 a un 0 %, continúa, se necesitan acuerdos políticos; “nosotros no somos políticos, por supuesto, pero tenemos llegada y cercanía con las autoridades, así que nos toca hacer un trabajo coordinado con todos los alcaldes y el intendente y en eso estamos”.
La Superintendencia ha recogido todas las inquietudes de los alcaldes y del intendente a través de las autoridades regionales del Gobierno para trabajar de manera coordinada.