Decretan prisión preventiva para hombre que golpeó a carabinero por la espalda

Integrantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Atacama denuncian que la cantidad de estudiantes detenidos ha sido alta y que muchos han sido de forma ilegal. Aseguran que con esto se intenta criminalizar la manifestación social.

(Por Frenny Kelly Granado). Por el recurso que el Ministerio Público presentó ante la Corte de Apelaciones de Copiapó para exigir prisión preventiva para el hombre de 27 años que golpeó por la espalda a un suboficial mayor de Carabineros de Chile la tarde del martes, familiares y amigos se reunieron en el frontis de la instancia con el propósito de pedir justicia.

Si bien admiten que el estudiante de psicología cometió un error, esperaban que los jueces tomaran en consideración su comportamiento, antecedente lícito y demás aspectos que demuestran su personalidad idealista, “pero no violenta”, para imponer la sanción respectiva, pero esto no sucedió así, pues de forma unánime, la Corte revocó la medida cautelar que tenía y ordenó la prisión preventiva.

“Él es de una sola línea; todos saben lo que piensa. Sí, cometió un error y se equivocó, y todos lo reconocemos; nosotros como familia sabemos que lo que hizo está mal, pero hay personas que han hecho cosas más malas y no son criticados”, comentó Sandra Barraza, madre del imputado.

Camila Gros, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Atacama (FEUDA) emplazó a la Corte de Apelaciones para que “haga su labor y que ésta sea justa, ya que se están dando muy altas condenas y medidas cautelares”; sin embargo, hasta la fecha, ninguna de las personas que ha sido detenida en el contexto de las manifestaciones sociales, goza de una pena firme establecida, puesto que sus procesos están en las fases de investigación.

La alumna también exigió la libertad del detenido en nombre de académicos que respaldan los movimientos protestatarios, demás compañeros, trabajadores del colegio donde el imputado realizaba sus prácticas profesionales y familiares, dado que “todos los que conocemos a este compañero sabemos que realmente -y tal como lo determinó la jueza- él no es un peligro para la sociedad como lo manifiesta, en este caso, Fiscalía y Carabineros”.

Respecto al ataque que cometió este hombre contra el uniformado, Gros dijo que, si bien no justifica la violencia, reprocha que no haya un solo carabinero formalizado hasta ahora “por todas las violaciones, agresiones y represión excesiva que han tenido contra manifestantes (…) están criminalizando la manifestación”.

Por otro lado, la joven asegura que desde la carrera de Derecho se formó un piquete jurídico con trabajadores sociales, psicólogos y un médico para ayudar a tratar de bajar las medidas cautelares de las personas detenidas y tomar acciones legales como recursos de protección por el uso de perdigones y lacrimógenas, ofrecer apoyo motivacional y constatar lesiones.

Esta instancia es absolutamente voluntaria y no es excluyente en su atención; es decir, ciudadanos de diferentes comunidades, independientemente que sean estudiantes o no, pueden acceder a él en el Colegio de Profesores, donde atienden todos los días de la semana.

Desde que los futuros abogados comenzaron sus labores se han catastrado 10 estudiantes lesionados, siendo el caso más grave el de un joven al que un balín de goma lo hirió en la mejilla; asimismo, 23 detenidos de los cuales uno tiene arresto domiciliario total, mientras que los demás, prohibición de salir de sus casas de forma parcial; o sea, de noche y, finalmente ocho detenciones ilegales.

Para el único que se consideró la prisión preventiva fue para éste hombre al que la Corte de Apelaciones resolvió otorgarle la medida cautelar de prisión preventiva por la investigación que el Ministerio Público dirige en su contra como autor del delito de maltrato de obra y lesiones graves a un funcionario de Carabineros.

Los magistrados recovaron, de forma unánime, la resolución del Juzgado de Garantía que dictó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno debido a que consideran que existen antecedentes que justifican la existencia del delito que se investiga y que permiten presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación como autor, cómplice o encubridor en el ilícito.