DE PASCUA LAMA A ESCAZÚ, ATRAPADOS EN UN LOOP

POR CARLO MORA.-

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* Es abogado de la Universidad de Atacama con estudios de posgrado en la UNR, que ha asesorado a gobiernos locales y organizaciones ciudadanas en temas medioambientales y de RSE en la región.

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Las mejores razones para aprobar el Tratado de Escazú las ha dado, de una forma entre rocambolesca y solapada, el ex subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco. De su análisis fluye, a modo de oxímoron – si así se quiere ver – que suspender la firma del tratado es algo bueno “porque el Tratado es algo bueno” y así entonces, desnuda que la decisión sobre adherir o no al Acuerdo pasa por la voluntad de implementar los derechos que el propio convenio aborda: acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental, además de la protección de las y los defensores ambientales.

El artículo de Riesco es certero en expresar los beneficios del Tratado originalmente promovido por el Estado de Chile, pero denuncia que esos mismos beneficios implicarían sobre exigir al Estado y afectar los intereses de inversores Privados y, algo aún más atroz, en sus palabras “un incremento significativo de los procedimientos de participación ciudadana”, tanto durante las evaluaciones como ante los Tribunales Ambientales.
Sobre este punto es importante detener la reflexión, por cuanto si bien podemos reconocer que los procedimientos de evaluación ambiental son lentos, muy desprolijos, presentan altos espacios para las desconfianzas y no dejan satisfechos a nadie – ni a inversores ni a ambientalistas- los mecanismos de participación ciudadana, en la legislación actual, son aún peores y constituyen un verdadero saludo de bandera sin capacidad de vinculación ni de innovación en los proyectos sometidos a trámite.

Los mecanismos de participación suponen más un plazo, antes que un ámbito de revisión de fallas que podrían evitar casos como el de Agrosuper o Pascua Lama, que se terminaron lamentando varios años después, con faenas paralizadas, glaciares desahuciados, protestas y batallas en las calles y en tribunales.

Si los ciudadanos de los territorios donde se emplazan los proyectos tuviesen poder de decisión y consintieran, introdujeran mejoras o tuviesen voto en la definición de proyectos, que afectarán sus vidas de manera inmediata y en el largo plazo, los procesos de participación ciudadana cumplirían un rol de relevancia, tanto para denegar proyectos que no cumplen con las exigencias ciudadanas como para sostenerlos en casos de reparos posteriores. Y además, se abriría, Tratado de Escazú mediante, la apertura a la jurisdicción internacional, permitiendo el acceso directo a esos ciudadanos que viven el conflicto.

Hoy no pasa nada de eso, la decisión se adopta por una Comisión centralizada regionalmente, con votos amarrados desde Palacio y que en caso de desobediencia, ello se corregirá pidiendo renuncias y ante un Comité de Ministros que nunca han visitado las zonas que sortean para el sacrificio. Cuando llega el momento de pelear en Tribunales en contra de esos proyectos, es habitual que el propio Consejo de Defensa del Estado se siente del lado de los industriales defendiendo los permisos estatales y no a las personas afectadas.
Los casi 9 millones de dólares de la multa a Barrick no compensarán la destrucción de uno de los glaciares de la cuenca del Río Huasco, y pese al fallo del Tribunal Ambiental, titulado como la clausura definitiva y para siempre jamás del proyecto Pascua Lama, sabemos no será así, y en menos de 24 horas Barrick ya ha anunciado que si bien va a acatar el fallo, ha afirmado también que se trata de un proyecto en curso y que trabajarán para reevaluar su potencial. A moderar las celebraciones.

Resulta una verdadera lección de historia que ante una crisis económica como la que recién comienza, y que ya nos tiene entre las tres economías con más impacto en los índices de cesantía, las simpatías hacia la defensa del medio ambiente tiendan a aflojarse con tal de aceptar cualquier cosa, a cualquier costo. Lo importante es llevar el pan a la mesa y eso los lobbystas lo conocen muy bien.

De ahí que tratados como el de Escazú, que potencian la jurisdicción internacional y la institucionalización de las defensas ambientales, significarían como bien lo ha afirmado Riesco, verdaderas trabas frente a proyectos y vueltas sobre brutales proyectos paralizados, que bajo un contexto de normalidad socioeconómica serían imposibles de sostener.

Tiendo a dudar de afirmaciones optimistas como las de Naomi Klein que plantea que el “mensaje más profundo que esta crisis ecológica nos transmite en realidad —el de que la humanidad tiene que ser mucho más inocua con los sistemas vivos que nos sustentan, actuando en un sentido regenerativo en vez de extractivo— constituye un desafío tan profundo para amplios sectores de la izquierda como lo es para los de la derecha”. En tiempos de crisis, es más fácil aplicar un schock de inversiones. Tampoco resulta esperanzador pensar en lo planteado por KC Golden que invita a no “conformarse con la muy manida reedición de la vieja y falsa alternativa entre empleos y medio ambiente, pues esos dos términos no son mutuamente excluyentes”. En países como el nuestro, sí que resultan excluyentes, especialmente en momentos de alta cesantía que admitieron la instalación de Agrosuper en Freirina, solo por poner un ejemplo.

No suscribir el Acuerdo de Escazú es una muy mala noticia, implica seguir atrapados en la vieja dinámica extorsiva de empleos a cambio de medio ambiente, enredados en un desarrollismo que impide otras intervenciones económicas para los propios locales sin afectar su patrimonio ambiental, entregándolos -una vez más- a actividades extractivas que desarman otros factores de impulso económico (y pese a que sabemos que la pesca se daña por la polución; el paisaje de la tierra yerma e insalubre por la industria, pierde atractivos turísticos), la apuesta de la industria extractiva se reforzará, y aún pese al temor de una reacción popular adversa, pues la ponzoña derramada por las negativas externalidades ambientales, acabará fortaleciendo el poder de esos gigantes industriales, y una vez arrasados los beneficios de la naturaleza, ellos son los que se mantienen de pie y que se erigen como los únicos activos económicos locales disponibles, y finalmente convierten al territorio, en uno monodependiente, dependiendo tristemente de la generosidad de sus propios agresores, atrapados en un loop.