CONTRA LOS ABUSOS DEL ESTADO, PROPUESTA PARA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

CARLOS MONTALVA PÉREZ,
CIUDADANO ABOGADO, ABOGADO Y MAGISTER EN DERECHO U. DE CHILE.

En la actualidad existen múltiples procedimientos ante los cuales cada ciudadano puede concurrir a solicitar distintas peticiones ante el Estado, -cada uno con una regulación propia-, pero ante errores o abusos de la administración, en nuestro país no existe una modalidad única, ni tampoco una institución propia que promueva la defensa del ciudadano ante un sinnúmero de fórmulas burocráticas que se nos exige para ejercer prestaciones, derechos y beneficios estatales.

La Constitución hasta ahora vigente asegura a todas las personas realizar peticiones a la autoridad, así como el derecho a un justo y racional procedimiento, pero, tal como nos demuestra la práctica, en muchos casos existen omisiones y errores, en las que los ciudadanos quedan en la indefensión, como lo son por ejemplo la falta de atención en trámites municipales, como las actualizaciones de los permisos de circulación, patente comerciales, derechos de aseo y otros.

En estos casos, sea por falta de atención o tener que concurrir indistintamente a diferentes “oficinas”, se genera frustración y demora en trámites que, como lo ha demostrado la pandemia, perfectamente pueden digitalizarse. (Un ejemplo de ello es el pago de diferentes patentes vía on line).
El Estado no debe cuidar únicamente los derechos y libertades de los ciudadanos, promoverlos y respetarlos, -esta situación no sólo se aplica en acciones entre privados-, sino que también de abusos del propio Estado.

En este sentido la nueva Constitución debe dar lugar a la creación del “Defensor Ciudadano” o “Ombudsperson”, con autonomía constitucional de tipo funcional y patrimonial, con capacidad de representar a las personas, iniciar acciones administrativas y hasta judiciales, en vías de defender a los ciudadanos contra los abusos del Estado, reflejado en el actuar de sus organismos.

Actualmente, la variedad de procedimientos administrativos genera una carga para el ciudadano que, en caso de abusos por parte del Estado, se manifiestan en una demora excesiva para resolver y dar respuestas claras, motivadas y concluyentes de las simples peticiones de los ciudadanos, basándose la administración en muchos casos que “los plazos no son fatales para el Estado”, lo que genera una dilación excesiva de los mismos.

Es claro que una nueva Constitución debe incorporar esta figura del “Defensor Ciudadano” para que, sin que se aumenten en procedimientos o se creen más Oficinas SIAC (Sistema de Información y Atención Ciudadana), este organismo recopile información, atienda requerimientos y represente a los ciudadanos ante los abusos del Estado, principalmente ante la falta de respuestas a peticiones, pero que, además, sistematice los diferentes procedimientos de atención y reclamos a los servicios públicos, para que cuando un ciudadano se vea afectado en sus derechos pueda concurrir a un organismo que lo represente como su defensor y no espere que, tal como ocurre en la actualidad, se deba hacer público dichas faltas de servicio y no se generen actos como lo ocurrido el año 2019 en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), donde se registró una verdadera crisis por la lentitud en el pago de licencias médicas.