Congreso rige destino de Ecuador en cuanto a su economía

Autoridades evitan revivir otro estallido social que duró 12 días y dejó 10 muertos, pero los grupos radicales amenazan con retomar las calles si se aceptan las reformas tributarias y laborales.

El gobierno de Ecuador tiene el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reformar la debilitada economía del país petrolero, pero sus manos están atadas por la falta de apoyo en el Congreso y el riesgo de otro violento estallido social.

Un mes después de la crisis social que duró 12 días y dejó 10 muertos, el Parlamento -donde el presidente Lenín Moreno no tiene mayoría- rechazó una serie de reformas planteadas para recaudar unos 800 millones de dólares mediante tributos y para controlar el gasto.

Cabe destacar que esta iniciativa pretende salir de los apuros económicos con alzas de impuestos que dependen de la Asamblea Nacional, dado a que la eliminación de subsidios a combustibles que propuesto en octubre debió derogarla debido a las fuertes protestas que encabezaron los indígenas.

Antes del 20 de diciembre, el Congreso debe aprobar o rechazar una tercera iniciativa de reformas del Ejecutivo, incluidos cambios para conseguir unos 600 millones de dólares con impuestos como a las bolsas plásticas, telefonía celular pospago personal y a las empresas con ingresos por un millón de dólares en 2018.

Eso “ayudará a fortalecer las finanzas del gobierno y hará que el sistema tributario sea más simple y más favorable al crecimiento”, dijo la semana pasada en Washington el portavoz del FMI, Gerry Rice.

Pero representantes del sector indígena, el más pobre del país, se muestran dispuestos a resistir. Jaime Vargas, líder del movimiento indígena, mencionó que “es un pedido de toda la clase media, de todos los pobres, de las organizaciones indígenas de que no se toquen los subsidios”, puesto que mantiene un radical rechazo al FMI.

El dirigente no descarta nuevas manifestaciones contra los ajustes tributarios y laborales que impulsa el Ejecutivo frente al déficit estatal estimado en 3.600 millones de dólares (3,3% del PIB) para 2019 y similar para 2020.

“El malestar del ecuatoriano es porque el bolsillo ya no alcanza”, expresó Eliz Viteri, secretaria pública de 46 años. Para Verónica Terán, comerciante de 48, “ya de por sí la situación está jodida” como para pagar más impuestos.

El gobierno sostiene que “heredó una economía enferma, con grandes desbalances y al borde del colapso” tras la administración del socialista Rafael Correa (2007-2017), exaliado de Moreno.

En los dos últimos años, Quito aumentó el endeudamiento con la emisión de bonos por más de 10.000 millones de dólares y acudió en febrero pasado a organismos multilaterales como el FMI para obtener créditos por casi 10.300 millones en tres años.

El gobierno confía en que el Legislativo apoyará sus planes, aunque la legisladora opositora Marcela Aguiñaga señaló que “hemos dicho con claridad: que haya un mayor número de contribuyentes, que paguen más impuestos los que más tienen”