Comisión de Educación de la Cámara podría recibir a asamblea triestamental de la UDA

La diputada sostiene que “es un deber proteger la universidad pública de la región y a sus alumnos más vulnerables”.

(Por Frenny Kelly Granado). La comisión de Educación de la Cámara de Diputados recibirá ésta semana los estamentos universitarios de la Universidad de Atacama (UDA) a solicitud de la parlamentaria Daniela Cicardino, a propósito de los hechos acontecidos en la casa de estudios durante la última semana.

Mediante un comunicado de prensa la diputada por el Partido Socialista recordó que ya ofició por el tema y en julio de este año, se reunió con el Superintendente de Educación junto a representante de la Federación de Estudiantes de la UDA (Feuda).

En ese sentido mostró su total disposición a ejercer las facultades de fiscalización de la Cámara de Diputados, tras la solicitud de colaboración que hicieron los gremios e integrantes de la comunidad estudiantil de la institución, debido a la denuncia de dificultades académicas y eventuales irregularidades administrativas y financieras en su interior.

Cicardini comprometió su apoyo y las gestiones necesarias para contribuir a esclarecer las situaciones que aquejan a la casa de estudio, luego de ser convocada a participar de un encuentro con parlamentarios por parte de los representantes de la Federación de Estudiantes (Feuda) y de las asociaciones de Académicos (Afauda), funcionarios no docentes (Afuda).

Ese mismo día los gremios presentaron un informe con seis argumentos con los que justifican la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, pero más tarde, el mismo doctor Celso Arias Mora, rector de la universidad, emitió un comunicado en el que aseguraba que “no había crisis financiera” y especificó la situación en cuanto los dineros con los que cuenta la casa de estudios.

Sobre la reunión, la diputada dijo que “en el mismo momento en el que nos pidieron este apoyo solicité a la presidenta de la comisión de Educación de la Cámara, diputada Camila Rojas, que pudieran recibir a los representantes de los estudiantes, de los funcionarios y académicos, en una sesión que, espero, se concrete esta semana y a la que también pedimos se invite al Subsecretario de Educación y al Superintendente de Educación Superior, a fin de recabar antecedentes y se tomen las medidas que correspondan”.

“Acá todos quienes ejercemos una responsabilidad, tenemos el deber de colaborar para proteger a la única universidad pública de nuestra región, que debe cumplir un rol estratégico para el desarrollo de Atacama, pero que además cumple un rol social que se pone en riesgo cuando se cierran carreras, cuando se desestabiliza la acreditación, y con ello el acceso a beneficios a estudiantes más vulnerables y de clase media”, subrayó la legisladora.

En esa línea, Cicardini recordó que hace algunos meses solicitó el envío de oficios a la Contraloría General de la República, a la Comisión Nacional de Acreditación, al Ministerio, e incluso, tuvo una audiencia con el Superintendente de Educación Superior en julio, para plantearle algunos de estos temas. Dicho encuentro fue a solicitud de los estudiantes, por lo que un representante de la Feuda estuvo presente.

Sobre la solicitud de renuncia del rector, Celso Arias, a cuya gestión responsabiliza la agrupación triestamental de asociaciones por la situación de la casa de estudios, la parlamentaria señaló que si bien, ella respeta las instancias y de la institucionalidad de la universidad, tomando en cuenta las votaciones internas que respaldan esa solicitud, también espera que respeten el rol fiscalizador que cumplen los parlamentarios y las conclusiones y responsabilidades que determinen las investigaciones y sumarios en curso.

En concreto, la agrupación triestamental de asociaciones ha planteado se investiguen situaciones como abandono de deberes, faltas a la probidad y otras actuaciones que motivaron incluso a las asociaciones a hacer entrega a la fiscalía de un documento con el estado financiero de la universidad, para complementar una causa por malversación aún vigente, y debido a que la falta de recursos estaría poniendo en riesgo el empleo, el monto de los sueldos, e incluso los procesos de acreditación de la UDA.