Codelco se querella contra quienes resulten responsables por estafa en la administración de seguros de vida

Codelco presentó una querella contra quienes resulten responsables de una estafa producida a través del sobreprecio en las primas de los seguros de vida y accidentes personales contratados por los sindicatos como parte de los beneficios de los instrumentos colectivos. Éstas serían entre un 63% y un 68% más altas que pólizas con iguales beneficios y coberturas.

En su escrito, la minera solicitó que se cite a declarar a ejecutivos de la Compañía de Seguros Chilena Consolidada, a los dueños de Gestión y Servicios Ltda. (GyS), y a 50 dirigentes y ex dirigentes de los Sindicatos de Trabajadores 1, 2 y 3 de División Chuquicamata (DCH) y ex dirigentes del Sindicato de Trabajadores de División Radomiro Tomic (DRT), de modo de esclarecer los hechos y determinar los responsables de los delitos.

Esta situación fue descubierta luego de distintas investigaciones que dieron cuenta de un sobreprecio injustificado en el pago de los seguros de vida y de accidentes personales contratados por los sindicatos, y cuya prima era financiada en partes iguales por los trabajadores afiliados y Codelco. Las directivas sindicales estaban a cargo de la administración de los seguros, incluyendo la búsqueda de la aseguradora, la revisión de las ofertas y, finalmente, la contratación de la entidad escogida, por lo que eran ellos quienes definían cómo y a quién adjudicar el contrato. El fraude se habría realizado entre 2005 y 2018, con un daño patrimonial estimado en US$22 millones de dólares.

Desde 2005 (DCH) y 2007 (DRT) estas pólizas se adjudicaron a la Compañía de Seguros Chilena Consolidada, con la intermediación de GyS, empresa que asesoraba a los sindicatos en la contratación de los seguros. Las pólizas fueron renovadas sucesivamente por periodos de tres años, siempre con la intermediación y asesoría de GyS. En simultáneo, esa misma empresa formaba parte de la oferta de la aseguradora como prestadora de servicios adicionales” incluidos en las pólizas, al mismo tiempo que asesoraba a los sindicatos en las evaluaciones técnicas y económicas para definir a la firma adjudicataria del contrato.

Codelco realizó cotizaciones que evidenciaron un alto sobrecosto de las pólizas en comparación con otras similares del mercado. Esta situación se explicaba, en parte, porque los seguros incluían -bajo el concepto de servicios adicionales- la entrega por parte de GyS de asesorías legales y sicológicas para la familia en caso de defunción del trabajador. Estos servicios, por los que se cobraba un monto que abultaba excesiva y artificialmente el precio de las pólizas, eran innecesarios y en la práctica inexistentes, ya que algunos de ellos son ofrecidos en el mercado a precios sustancialmente menores e incluso en parte son cubiertos por los planes de salud de la Corporación. Adicionalmente, se identificaron Actas de Acuerdo” suscritas entre GyS y las directivas sindicales en que se comprometía el pago de una serie de beneficios a los sindicatos – al margen de las condiciones contratadas en las pólizas- a cambio de la renovación automática de los seguros, así como beneficios y pagos efectuados por GyS y la aseguradora a algunos de los sindicatos.

En enero de 2019 Codelco comenzó una investigación a cargo de su Auditoría Interna por estas desviaciones en DCH, a lo que se sumó un informe evacuado por Cochilco en septiembre del mismo año, y una auditoría interna adicional para DRT. Las principales conclusiones de estos procesos fueron la detección del sobrecosto de las pólizas y el traspaso de fondos desde GyS y Chilena Consolidada hacia los sindicatos.

Actualmente, las pólizas del Sindicato de Trabajadores de DRT son administradas directamente por Codelco. Asimismo, según se estipuló en el instrumento colectivo de 2019, la gestión de los seguros de los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata también radica en la Corporación.

En la querella Codelco pidió despachar los antecedentes a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer los hechos delictuales relacionados con el cobro de este sobreprecio injustificado y fraudulento; individualizar a quienes participaron en los mismos, determinar sus responsabilidades y solicitar a las instituciones involucradas remitir todos los antecedentes vinculados a los seguros de vida y de accidentes personales.