Chile inicia histórico proceso para reemplazar su Constitución
El documento de dos páginas consensuado transversalmente se dio a conocer a 28 días del estallido social en Chile que gatilló el alza en las tarifas del Metro, a cinco días de que el gobierno se abriera por primera vez a avanzar en una nueva Carta Magna y tres días después de que Piñera llamara a un “acuerdo por la paz” tras una tensa jornada de protestas.
“Esta noche es histórica para Chile”, “somos responsables, efectivamente, de muchas de las injusticias que los chilenos nos han señalado”, fueron algunas de las frases que pronunció Quintana, quien lideró el inicio de la conferencia de prensa conjunta. El presidente del Senado enfatizó también que se trata de una “salida pacífica y democrática de la crisis”, que “es una victoria de toda la ciudadanía” y que se trata de una salida institucional “cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social”.
El primero de los 12 puntos del acuerdo punta al reestablecimiento del orden público -en medio de hechos de violencia que se han registrado a lo largo del país- y el respeto de los DD.HH, debido a las denuncias vulneraciones al respecto por parte de agentes del Estado.
“Los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente”, señala el texto.
Finalmente, y tras días de negociaciones, la propuesta que se dio a conocer establece un plebiscito de entrada -defendido desde el inicio por la oposición- con dos preguntas. En la primera, el votante se debe pronunciar sobre si apoya o no un cambio constitucional. La segunda propone dos mecanismos para la elaboración de la Carta Magna: una convención constituyente compuesta en un 100% por ciudadanos elegidos para esa labor y -la otra-, una convención mixta con porcentaje de participación de parlamentarios (50%) y 50% de miembros electos para ese fin. Ninguna de las dos alternativas llevaría el nombre de “asamblea”.
El acuerdo incluye también que el plebiscito se fije para abril del próximo año y que cualquier acuerdo al que llegue la instancia que se creará requerirá el apoyo de 2/3 de sus miembros para su aprobación.
La elección de los constituyentes se efectuará en octubre del próximo año, junto con los comicios de gobernadores regionales y alcaldes. El plazo de funcionamiento de la instancia será de 9 meses, prorrogable una sola vez por otros tres meses.
El texto constitucional que redacte la convención tendrá que ser visado por medio de un “plebiscito ratificatorio” que se llevará a cabo con voto obligatorio. La votación se realizará “60 días después” de entregada la propuesta de la nueva Carta Magna. Sin embargo, el acuerdo establece que “en ningún caso este podrá realizarse 60 días antes ni después de una votación popular”.
Los partidos visaron también que parlamentarios puedan postular para integrar la convención, pero con el requisito de que deben cesar en el cargo para competir. Este último era uno de los puntos que venían en la propuesta de la oposición. Asimismo, los constituyentes tendrán una inhabilidad de un año para postular a cargos públicos luego de que se termine su labor.
