Buscan revertir el 170 % de aumento que arrojó último catastro de campamentos
Minvu se ha propuesto otorgar una tramitación habitacional a los grupos familiares que actualmente están en situación irregular con el objeto de permitirles superar su situación de precariedad en cuanto a habitabilidad se refiere.
(Frenny Kelly Granado). Como parte del programa Asentamientos Precarios que ejecuta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para otorgar una solución habitacional a las familias que viven en campamentos ilegales, su equipo de trabajo realizó un catastro que revela un aumento de 170 % en relación con el catastro del año 2011.
De acuerdo con los datos recabados sobre este hecho, la última actualización que hizo el Minvu del registro de caseríos sin autorización fue en el año 2018 y en ella se revela que la Región de Atacama tiene, al menos, 73 asentamientos ilegales en los cuales hay 4.648 hogares para un total de 9.637 personas habitando en ellos ilegalmente.
Estas cifras hacen que Atacama se ubique como la tercera región a nivel país con mayor aumento de tomas ilegales en su territorio fiscal, ya que en el registro 2018 se detectaron nuevas ocupaciones con construcciones ilegales emplazadas en zonas de remoción, cercanas a piscinas aluvionales, en quebradas y otros sectores complejos.
Esta dinámica territorial exige al programa de Asentamientos Precarios la ejecución de una serie de medidas y acciones que permitan acelerar la intervención en estos nuevos campamentos, mediante estrategias de relocalización o radicación, dando prioridad a quienes viven en campamentos más antiguos y también a los que están ubicados en zonas evidentemente riesgosas.
Para realizar un trabajo de fiscalización de áreas y terrenos riesgosos y evitar que los asentamientos ilegales proliferen o se instalen en ellos, se requiere generar sinergias y coordinaciones con el Ministerio de Bienes Nacionales por ser administrador de los terrenos fiscales.
En este contexto fue que esta semana las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de ambos ministerios acordaron suscribir un convenio donde se traspasan recursos del Estado para elaborar, implementar y desarrollar un plan de fiscalización, seguimiento y control con la finalidad de evitar el repoblamiento de campamentos.
La idea es evitar la ocupación de zonas de alto riesgo para que no se pongan en riesgo la vida de los habitantes ante una eventual emergencia meteorológica, el Minvu aclara que si bien, el hecho de tener una necesidad habitacional preocupa a las familias, se trabaja constantemente para ofrecer una solución a este problema.
Para concretar el objetivo del convenio, la Seremi de Minvu transfirió a la de Bienes Nacionales recursos por un monto total de $100.000.000, los cuales deberán ser usados en un período de dos años.
