Buscan evitar instalación de campamentos ilegales en zonas de alto riesgo
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo traspasará recursos elaborar, implementar y desarrollar un plan de fiscalización, seguimiento y control en zonas prohibidas.
(Por Frenny Kelly Granado). Un total de $100.000.000 fueron transferidos por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo a la de Bienes Nacionales para elaborar, implementar y desarrollar un plan de fiscalización, seguimiento y control en terrenos fiscales y así evitar la instalación de campamentos ilegales en zonas de alto riesgo.
Este es el resultado de un convenio que ambos estamentos firmaron para que tenga una vigencia de dos años; tiempo en el que Bienes Nacionales deberá usar los recursos para cautelar que no se repueblen estos sectores, mediante diferentes técnicas como fiscalizaciones, demarcaciones, obras, etc.
La razón es para garantizar la seguridad de las personas que insisten en habitar esos lugares, así como de aquellas que “están aguas debajo de las piscinas de decantación de flujos aluvionales”, de acuerdo con lo que explicó Rocío Díaz Gómez, seremi subrogante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) Atacama.
Trasciende que entre el 2018 y 2019 se hizo un nuevo catastro en Atacama que identificó 73 nuevos campamentos, de los cuales muchos están en situación de riesgo por amenazas naturales; tanto de remoción en masa u otros, ya que en esta zona del país existen muchas quebradas y zonas riesgosas.
Se van a priorizar lugares con alto riesgo y un gran número de familias como Alto del Carmen; por ejemplo, que “está completamente insertos en quebradas”. En Copiapó, según informó Díaz Gómez, el sector que ocupa el lunar número uno para ser cautelado es Andacollo, pues presenta características de vulneración ante un eventual aluvión.
La seremi de Bienes Nacionales Atacama, Carla Guaita Carrizo, aseguró que con estos fondos tendrá la capacidad de poseer más recurso humano para poder fiscalizar cada uno de los sectores con alto peligro para evitar la ocupación ilegal, así como también generar acciones en terreno e impedir nuevos campamentos.
“Entendemos, obviamente, la necesidad de muchas personas de poder tener un lugar donde vivir, pero también hay un bien que proteger, que es mayor, que es la seguridad y la vida de ellos mismos. Tenemos que hacerlo como autoridades, es una obligación de desarrollarlo, porque esta es una región que, como lo hemos visto en los últimos años, está proclive a eventos meteorológicos que implican un riesgo para la vida”, comentó.
Si bien existen algunas ocupaciones, hay otros sectores en los que solo hay demarcaciones de terreno en los cuales Bienes Nacionales -sin haber firmado aún este convenio- ha trabajado en imposibilitar las áreas para que las personas no improvisen edificaciones, lo que de alguna manera ha frenado la proliferación.
“Pero es un trabajo que se debe realizar en conjunto con la gente, concientizar a los vecinos, que lo que estamos haciendo, aun cuando en primera instancia pueda parecer complicado para ellos, es cuidar su bienestar. Y en ese sentido, hay que buscar las vías regulares para obtener una vivienda, que demora, pero que también se hace en lugares que son seguros, y en lugares donde las familias pueden desarrollarse sin riesgo”, puntualizó.
