Buscan establecer responsabilidades en muerte de trabajadores de frutícola
Uno de los empleados que acompañaba a las víctimas logró salir con vida y ahora está a disposición de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones para que ofrezca el relato del hecho.
(Por Frenny Kelly Granado). El reporte del fallecimiento se hizo pasada las 6:00 de la mañana de este miércoles; las cuatro víctimas yacían en el interior de una cámara de pre-frío ubicada en las instalaciones de la empresa Frutícola Atacama, una importadora y exportadora que despacha desde Nantoco, en la comuna de Tierra Amarilla.
El hallazgo lo hizo el encargado del sector de frigoríficos, luego que un quinto hombre sobreviviera a la presunta intoxicación por monóxido de carbono que -al parecer- mató a sus compañeros. La investigación está en curso. Fue ordenada por el fiscal jefe de la Provincia de Copiapó, Christian González Carriel, quien se presentó en el sitio del suceso junto con autoridades vinculadas a las pesquisas.
Cuatro individuos identificados como Hugo Vargas Villarroel, de 30 años, Francisco Carvajal Zepeda, de 26, Luis Ahumada Carmona, de 20, y Felipe Cortés Rojas, de 19, perdieron la vida por lo que se cree, fue una asfixia por inhalación de gas tóxico procedente de motor de una grúa horquilla que habían encendido para mitigar los efectos de la baja temperatura que los asechaba la madrugada de ayer.
Sus cuerpos quedaron inertes en el interior de uno de los cuartos fríos que quedó en desuso desde el 29 de febrero y que está situado dentro de uno de los galpones de la frutícola. Aparentemente habrían escogido ese sitio para descansar de la jornada laboral, sin considerar que el monóxido de carbono los adormecería y, sigilosamente, les segaría la vida.
Aunque esta es la teoría que cobra más fuerza en la investigación, el fiscal prefiere esperar la confirmación de la autopsia realizada por el personal del Servicio Médico Legal, además de las pericias químicas y biológicas que ordenó a los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) y el personal especializado del Cuerpo de Bomberos, para anunciarla como la causa de muerte oficial.
En paralelo, y para establecer responsabilidades, el persecutor instruyó una fiscalización exhaustiva de la empresa para recabar toda la documentación referente a la “verticalidad del mando, organigrama, responsabilidades, comité paritario, reglamento interno de higiene y seguridad, contratos de trabajo, así como la capacitación que hayan o no recibido los trabajadores”.
“Lo que tenemos que investigar es si estas personas (los supervisores) efectivamente cumplieron su rol a cabalidad en el sentido de vigilar la labor de los trabajadores, así como si el descanso -en ese sitio- estaba permitido o no. También se incauta la documentación de los trabajadores, entre ellas los contratos de trabajo, para saber en qué condiciones estaban”, puntualizó el fiscal.
Para recabar los antecedentes administrativos tendrá participación la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) del Trabajo y Previsión Social mediante sus respectivas direcciones. El seremi Carlos Leal se comprometió a redactar un informe detallado en un plazo no mayor a 30 días y ponerlo a disposición de la Policía de Investigaciones “si el Ministerio Público así lo solicita”.
Esto -de alguna forma- responderá a la exigencia que el diputado Juan Santana hizo directamente al seremi poco después de conocerse el hecho; el legislador solicitó averiguar las condiciones laborales en la empresa e informar sobre fiscalizaciones que se hayan realizado para verificar el ambiente de seguridad en los trabajadores y posible exposición a sustancias nocivas.
El parlamentario por Atacama también pidió que se dé a conocer la cantidad de inspecciones ejecutadas a predios agrícolas de la región para monitorear las circunstancias de higiene y seguridad, así como las medidas que adoptará esta repartición frente a lo ocurrido.
Jaime Mulet, fue otro de los diputados que se pronunció respecto al hecho. Él recalcó la importancia de la supervisión permanente de todas las empresas por parte de la Dirección del Trabajo, cuyo personal “tiene que recurrir frecuentemente a estas agrícolas”, ya que “muchas veces abusan de los trabajadores”.
“Por lo que vemos, esta gran agrícola, millonaria, no contaba con las condiciones mínimas adecuadas para que los trabajadores pudieran descansar. Es inaceptable que jóvenes trabajadores terminen perdiendo su vida por una situación que parece -a todas luces- como de negligencia por parte de la empresa”, comentó.
FAMILIARES
Una profesional de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional también asistió al sitio del suceso para reunirse con familiares de los fallecidos y explicarles los procedimientos que serán desarrollados durante la investigación, así como todas las fases y diligencias que serán aplicadas.
De acuerdo con la información recabada sobre las víctimas, se supo que Felipe Cortes Rojas ingresó a trabajar por el verano en el mes de diciembre y culminaría con sus funciones este mes, debido a que iniciaría sus estudios de Ingeniería de Minas en la Universidad de Atacama (UDA). Él vivía en El Palomar junto a su único hermano mayor, sus padres y la mañana de su bebé de meses.
En tanto Hugo Vargas Villarroel era procedente de Tierra Amarilla, mientras que Francisco Carvajal Zepeda y Luis Ahumada Carmona eran de Coquimbo.
Fotos: Juan Carlos Moreau
