Policial

Busca reparar el daño público asociado a una injusta privación de libertad

Internos del CDP de Chañaral conocen “Proyecto Inocentes” que pretende mejorar el funcionamiento del sistema de justicia.

El defensor local jefe de Chañaral, Ignacio Osorio Silva, dirigió una charla de difusión para 16 imputados privados de libertad en el Centro de Detención Preventiva (CDP) para explicarles en qué consiste el “Proyecto Inocentes”, cuyo propósito es reparar el daño público asociado a una injusta privación de libertad.

“El sistema de justicia puede cometer errores y es necesario corregirlos”, aseguró el defensor local al tiempo que dijo que esta situación “nos obliga a estar alertas respecto de los problemas que les ocurren a los imputados que han sido sujetos de persecución penal y se les imputa un delito, comprobándose luego su inocencia”.

Cuando efectivamente no se prueba la existencia del delito, quiere decir que la persona no participó en el hecho o actuó exento de responsabilidad penal, de acuerdo con lo que enfatizó el defensor, por tanto, buscan hacer más claro las causas que atiende la institución.

El abogado les presentó un video sobre el caso de un joven copiapino que, pese a ser inocente, estuvo casi dos años privado de libertad y que, gracias a un recurso de revisión ante la Corte Suprema, fue absuelto del delito de robo con intimidación que se le imputaba.

Los internos prestaron mucha atención al video y al finalizar hicieron importantes comentarios y consultas referentes a las causas de error que llevan a una persona inocente a estar privada de libertad por largos periodos de tiempo.

“Es muy importante que aclaremos algunas situaciones puntuales en los procesos investigativos. Generalmente se dan identificaciones erróneas, también declaraciones falsas, falsas confesiones, errores periciales, mala conducta de los agentes del Estado y, lamentablemente, malas conductas del defensor”, comentó Osorio.

Esta iniciativa de la Defensoría Penal Pública fue creada el año 2013 para dar a conocer casos de personas que han estado injustamente encarceladas en Chile, además de identificar las causas de los errores que llevaron a esa injusta privación de libertad.

Por lo mismo, tiene por objetivo evitar que las personas inocentes sean encarceladas, ya sea por una prisión preventiva injustificada o una condena injusta.

EN COPIAPÓ

Este mismo encuentro lo sostuvo el defensor penal juvenil Sergio Jofré Salazar con 50 personas entre profesores, representantes de centros de padres, asistentes sociales y encargados de convivencia escolar de la comuna de Copiapó.

El abogado agregó que la iniciativa no solo busca ser un espacio de visibilización y reparación para los imputados “que pasan a ser víctimas de un sistema”, sino que también intenta evidenciar los errores que todos los operadores del sistema penal pueden cometer y que son “prácticas que deben ser conocidas y corregidas para tener una justicia penal de mejor calidad”.

En ese sentido, y para ilustrar mejor la charla, Jofré expuso el caso de Julio Robles, un trabajador de Copiapó que estuvo privado de libertad por más de un año y medio antes de ser finalmente absuelto por la Corte Suprema.

“Es por esta razón que el trabajo cotidiano que desarrolla la Defensoría está orientado a ser el garante de un sistema de justicia que debe servir a las personas y sus derechos”, recalcó.

Los presentes mostraron interés por la charla y los videos presentados y manifestaron que una de sus principales inquietudes era saber si el Estado repara el daño de las personas injustamente acusadas a través de alguna compensación económica, pues aseguraron que “deben existir repercusiones emocionales, físicas y laborales para la persona y su familia”.

Todos coincidieron en que “creemos que es imposible medir la dimensión del daño provocado”.

El defensor juvenil recordó las principales causales de error en el enjuiciamiento criminal, igual como se les explicó a los internos en Chañaral, lo que captó la atención absoluta de los asistentes, en especial cuando se dieron cuenta de que exista la posibilidad real de que una persona pueda ser injustamente imputada de un delito que no cometió.

“Este proyecto surge como una idea de la Defensoría Penal Pública que, inspirada en trabajos realizados por organizaciones como Innocence Project, de Estados Unidos, busca imponer nuevos desafíos para mejorar ciertas prácticas, hábitos y rutinas de trabajo de los principales actores del sistema de justicia”, destacó Jofré.

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