Acusadores expusieron sus argumentos para sostener la acusación en contra del Presidente

Tras casi 15 horas y media de exposición, el diputado Jaime Naranjo (PS), en representación de la parte acusadora, presentó las argumentaciones que son parte y fundan las imputaciones de la acusación constitucional en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Después de expresar algunas apreciaciones particulares, el legislador entró a comentar los alcances de los dos capítulos del libelo. En dicho contexto, repasó los negocios y la forma en la que el Mandatario opera. Particularmente, hizo mención a los casos de Bancard y Exalmar, que fueron parte de una comisión investigadora de la Cámara, donde se cuestionó el tema del fideicomiso ciego.

Estimó que no solo ha podido acceder a la información de su cartera de negocios, sino que tenía derecho a ello. “Sería un eventual conflicto de interés”, apuntó el diputado.

Entrando al tema de los llamados “Pandora Papers”, dijo que estos vienen a complementar los hechos del caso Exalmar. Además, dan lugar a la apertura de la investigación por parte de la Fiscalía, la cual tiene al Presidente en calidad de imputado. En ese marco, leyó íntegramente una minuta del Ministerio Público en las cual se involucra a actividades desarrolladas por Piñera.

Explicó cómo se dio a conocer, por medio de los Pandora Papers, la filtración de 12 millones de documentos sobre las fortunas de personas poderosas. Ello incluye a más de 330 políticos de 90 países. Junto a ello, aporta detalles técnicos y legales relativos al uso de información privilegiada.

Aludiendo la investigación del Ministerio Público, dijo ante la Sala que se presume en el caso de Dominga una negociación incompatible y uso de información privilegiada. “Actuando como Presidente se benefició y a su familia de modo directo, con información que tenía en el ejercicio de su cargo. Y siguió negociando e hizo subir el precio de Dominga”, comentó. Naranjo.

Mencionó variados puntos del negocio entre la familia de Piñera y sus contrapartes. Pero, hizo un especial hincapié en dos aspectos. El primero apuntó a que la firma de la venta debía realizarse en las Islas Vírgenes, de modo que -según el diputado evaluó- se pudieran evadir el pago de impuestos. Lo segundo, a que el grueso del dinero se cancelaría en el momento de la transacción, pero el remanente se pagaría en tanto se cumplieran ciertas condiciones.

Sobre dicho punto, el legislador remarcó que las condiciones pasaban porque no se estableciera una zona de exclusión ambiental en el área abarcada por el proyecto minero y sus obras relacionadas.

Ligado a lo anterior, Naranjo explicó en el hemiciclo el caso de la Central Térmica Barrancones. Dicho proyecto, pese a tener una aprobación del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), fue descartado tras involucrarse el propio Presidente en solicitar que fuera relocalizado, hecho que terminó con que la empresa desestimara la iniciativa.

Al respecto, Naranjo cuestionó la participación de la comunidad agrícola Los Choros, donde Piñera y algunos de sus amigos tienen participación. Agregó que dicha sociedad ya contaba con un acuerdo para una prospección minera de Dominga. En tal plano, afirmó que es una prueba de que el Mandatario intervino directamente para beneficiar a Dominga.

Luego, el diputado relató los pasos que se siguieron en el negocio, involucrados, montos e hitos del proceso. Asimismo, explicó con pormenores el difícil paso que tuvo por el SEIA y las recurrentes negativas para su aprobación. Así, acusó vicios por parte del Comité de Ministros para resolver sobre su tramitación.

Continúo haciendo alusión a la repercusión que tendría el proyecto Dominga en la comuna de La Higuera y entregó datos aportados por Greenpeace. Detalló el impacto que tendría en la flora y fauna marina, costera y terrestre. Un ejemplo de ello sería en la población de pingüinos de Humboldt (80% de su población mundial habita en el lugar).

Junto a lo anterior habría afectación en la salud de las poblaciones humanas adyacentes, así como en sectores patrimoniales y arqueológicos, entre otros puntos.

Igualmente, dijo que la no suscripción del Acuerdo de Escazú vino a sumar un nuevo hito en este marco. Ello ya que la firma del tratado implicaría no dar a lugar a la viabilidad de la iniciativa minera. “El proyecto avanza y el acuerdo está paralizado”, planteó el legislador, aludiendo a la influencia del Mandatario para favorecer la concreción de Dominga.

A seguir, el legislador revisó el perfil de los inversionistas del cuestionado negocio. En este punto, insistió en que hubo una participación cuestionable del Presidente, con un actuar poco ético y avanzando en una negociación incompatible con su cargo. A esto, se sumarían vicios en el trámite del negocio propiamente tal que no habrían frenado su realización.

En cuanto a la responsabilidad constitucional del Presidente de la República, el diputado defendió el carácter político de esta herramienta. Agregó que los hechos imputados han “afectado gravemente el honor de la nación” y que el poder de acusar radica en la Cámara, que representa a los ciudadanos. En tal perspectiva, reconoció que este es un juicio político y resaltó que una causal es haber infringido severamente la Constitución y las leyes (capítulo I de la acusación). Según estimó, habría prácticas reiteradas al principio de probidad.

En cuanto al capítulo II, comprometer el honor de la nación, aseguró que se afecta por “omisiones culpables de nuestras obligaciones jurídicas internacionales”. Esto quedaría demostrado en las “miles de publicaciones internacionales” donde se da cuenta de las prácticas cuestionables del Mandatario en materia de negocios y cuidado del medio ambiente.

Naranjo dijo que el Mandatario incurrió en actos que infringen abiertamente reglas constitucionales. En este plano reiteró el tema de la mencionada cláusula del contrato sobre el último pago, condicionado a que no se presentaran obstáculos al proyecto.

Asimismo, reiteró el secretismo del fideicomiso ciego, lo que lo habría posibilitado a accionar con información privilegiada.

“En definitiva, los hechos que se imputan a través del presente libelo son conductas realizadas en el presente periodo presidencial. Atentan de forma manifiesta con el principio de probidad establecido a nivel constitucional y legal por cuando han configurado un conflicto de interés entre lo político y lo privado. Y las decisiones tomadas en este contexto han favorecido los intereses de privados. No de cualquier privado, sino de personas que forman parte del núcleo cercano del Presidente de la República, como puede ser su familia directa o sus amigos cercanos, como es el caso del señor Carlos Alberto Délano”, sentenció.

Sostuvo que la aprobación del proyecto Dominga ha sido posible por la mantención de un estado de intangibilidad de normas ambientales. Planteó que ello pudo afectar la viabilidad o autorización de la iniciativa, recordando el tema de la citada cláusula contractual. Se suma a lo anterior, actuaciones de las autoridades de la época; omitir dictámenes; no favorecer la fijación de un área de protección; y el no suscribir acuerdos internacionales.

“Creo que hemos entregado argumentos sólidos y antecedentes que enseñan, claramente, que la acusación que hemos presentado tiene bases en las cuales sostenerse. Yo espero que esta Sala las pueda aprobar mayoritariamente”, concluyó.

Tras el término de la exposición del diputado Naranjo, se inició la presentación de la defensa del Presidente, a cargo del abogado Jorge Gálvez.