Abogado, José Luis López sobre el proyecto Dominga: “Es inaceptable que se haya requerido un plazo de 10 años para que sea rechazado por el Comité de Ministros”

*A estos dichos se sumó el abogado, Patricio Cartagena, del mismo estudio jurídico, quién mencionó en cuanto a la institucionalidad y a lo sucedido con el proyecto de la minera Dominga que “ello evidencia la falta de certeza jurídica y técnica que hoy ofrece la institucionalidad ambiental.

Tras el rechazo al proyecto Dominga, distintas personas han salido a hablar sobre la situación. Entre algunos de ellos está el Presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Jorge Riesco, quién lamentó el rechazo a este proyecto. Aparte de esta autoridad, dos abogados que son socios del estudio jurídico de ASL CORP, José Luis López Blanco y Patricio Cartagena, dieron sus impresiones sobre esta decisión.

Ambos abordaron temas como las inversiones, la minería, el proyecto Dominga y el escenario actual que vive el país en cuanto al proceso constituyente. En esta línea, José Luis López mencionó que “existe un acuerdo político para la redacción y aprobación de un nuevo texto constitucional. Ello permite anticipar un escenario en que se dejen atrás posiciones conflictivas que se presentaron el año anterior, más bien parecidas a enfrentamientos de barras bravas».

En cuanto al tema minero, el abogado dijo que se ha observado un aumento del interés nacional y extranjero por nuevos proyectos. «Un signo importante ha sido el sustancial aumento de la inversión en exploración minera, lo que anticipa el interés por proyectos futuros en ese sector», especificó.

Por otro lado, el profesional abordó el tema del bienestar común de las personas, aludiendo que en ese sentido, “el artículo 1°, inciso 4° de la Constitución Política, consagra el llamado ‘principio de servicialidad’” el cual indica que «el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común».

«Un ejemplo de lo anterior es la cooperación público-privada en el sistema de concesiones de obras públicas, que ha permitido, entre otras cosas, que Chile cuente con el mejor sistema de carreteras de América Latina», aseguró.

Respecto al rechazo del proyecto minero Dominga, José Luis López explicó que «llama la atención, sin embargo, que se haya requerido un plazo de 10 años, desde la presentación del proyecto, hasta la fecha, para que sea rechazado por el Comité de Ministros. Esto es inaceptable”. Asimismo, dijo que “los plazos de estudio de cualquier proyecto deben ser sustancialmente más breves, en que sea posible un análisis técnico, completo y de fondo, para resolver sobre el mismo».

En suma, habló Patricio Cartagena, otro de los abogados de este estudio jurídico, quién aseguró que «en estos días el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) hacía un llamado a los organismos públicos, con competencia ambiental, para que se pronuncien, teniendo como sustento las Guías Metodológicas que dicho organismo ha dictado para las evaluaciones ambientales».

En cuanto a la institucionalidad y como tal a lo sucedido con el proyecto de la minera Dominga, el abogado dijo que “en nuestra opinión ello evidencia la falta de certeza jurídica y técnica que hoy ofrece la institucionalidad ambiental. Se observa que, en la actuación del Estado en temas ambientales, se pueden superponer visiones personales, sobre criterios técnicos».

Por otra parte, el profesional se refirió a la institucionalidad ambiental y mencionó que “nuestro país requiere con urgencia contar con un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que establezca con claridad todos los componentes ambientales y de desarrollo sustentable que cada localidad representa. Esta línea de base permitirá que entre el Estado, empresas y comunidad exista consenso sobre los desafíos productivos y la seguridad para nuevas inversiones», mencionó.

Cabe destacar que la Corporación de Bienes de Capital respecto a su estadística para el quinquenio 2022-2026 informaron de inversiones cercanas a los US$ 14.988 millones, con 67 iniciativas.

Por último, Cartagena cerró con que “el desafío es que las políticas públicas y las normativas estén a la altura de lo que el país necesita hoy: cooperación y nuevos proyectos productivos, con el sello de la sustentabilidad, inclusivos en el territorio y con una rentabilidad en beneficios de todos».