Ex gerente de centro radiológico denuncia presunto fraude al fisco por $500 millones y venta de bonos a “personas fallecidas”

*Millonarias multas en contra del establecimiento de salud por parte de Fonasa, una audiencia en marzo en el Tribunal de Garantía por el caso y tramitación de bonos donde más del 70% de los pacientes estaban fallecidos. Estos son los antecedentes que cuestionan al médico Gustavo Calderón, que según un denunciante habría incurrido presuntamente en una serie de delitos económicos documentados.

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POR CATALINA ELÍAS URRUTIA.-

 

Tras poco más de un año de esperar respuesta de parte del Ministerio Público luego de los antecedentes entregados a la Fiscalía Local de la capital regional por parte de la Superintendencia de Salud, por presunto delito de falsificación y uso malicioso de documentos públicos en el Centro Radiológico de Copiapó, Felipe Julio dice estar cansado de la incertidumbre por el lento avance de una investigación de tal magnitud, mientras se encuentra sentado en las instalaciones de Diario Chañarcillo, dispuesto a contar su versión de los hechos como denunciante.

Felipe Julio se desempeñó desde octubre de 2018 hasta agosto de 2022 como gerente general del Centro Radiológico de Copiapó, cuyo dueño es el doctor Gustavo Calderón Ayala, reconocido médico cirujano general especialista en radiología de la ciudad que ha ejercido por cerca de 45 años.

Durante este período, Julio administró imagenología, box médicos y “todo lo que eran contratos con instituciones tanto privadas como gubernamentales, en su mayoría contratos de la municipalidad y de la Superintendencia de Salud”. “Cuando llegué a trabajar al centro, éste se encontraba en una situación de casi quiebra, y fue justamente por eso que vine a tratar de buscar la mejor quiebra del radiológico. Es decir, intentar de quebrar la empresa manteniendo lo más que se pueda para los dueños, después de pagar todos los impuestos, y a los trabajadores y proveedores lo que corresponda”, relata.

El testimonio de Julio se remonta al 2022, donde, para poder cerrar el año administrativamente, solicitó a una organización de Santiago que hiciera una auditoría para poder rendir cuentas como gerente y representante legal de ese entonces del establecimiento de salud.

“Esas cuentas se rinden a través de un ente externo que haga la contabilidad para ver si hay fugas de plata, o si hay alguna discrepancia por el tema de los balances. Los años anteriores lo hacíamos a través de una empresa externa local, pero esa vez lo pedí a Santiago”, agrega.

Mientras se esperaba el resultado del informe de auditoría externo, el ex-gerente del centro radiológico relata lo que pasaba en paralelo en ese entonces.

“Existían unos contratos hechos con la municipalidad que correspondían a exámenes de mamografías y ecomamarias para alrededor de mil personas. Esos contratos se ganan por convenio marco en Mercado Público y, al minuto de adjudicarnos, nos llegaba el listado con el nombre, apellido, rut y carnet de los pacientes”, explica, aclarando que dichas listas venían con un retraso de aproximadamente dos años, tras la tramitación y envío desde el hospital a la municipalidad, donde se empezaban a gestionar los listados de mamografía.

“Entonces cuando llegaron los listados al centro, y las secretarias empezaron a llamar a los pacientes para agendar sus citas, comenzó a suceder que, a la hora de preguntar por la persona, nos enterábamos por sus familiares que había fallecido precisamente por cáncer de mama, acusando que el gobierno no los había atendido y que el centro radiológico era el culpable de eso”, relata Julio, agregando que la complejidad de agendar las horas para esos exámenes, a pesar de que hubiera un contrato de por medio con la municipalidad, era hacerlas calzar con las horas que atendían de forma particular y a instituciones durante su horario de funcionamiento.

Creyendo que “eran unos cuantos casos puntuales” (pacientes fallecidos), y que el retraso del listado podría deberse a la pandemia, Julio relata que, como equipo radiológico, realizaron una reunión con la idea de establecer un “protocolo” para llamar, considerando que, existía la posibilidad de que algunas de las personas que buscaban, estuvieran fallecidas.

“La idea era preguntar primero en qué situación se encontraba la persona a la que llamábamos, en lugar de preguntar directamente si estaba el paciente”, pero a pesar de contar con esa prevención, y a medida que continuaban llamando a los nombres en el listado, “nos dimos cuenta que, algo así como el 75-80% de las personas estaban muertas”, recuerda.

• P (Diario): ¿Entonces esa cantidad de pacientes tuvo que haberse reemplazado por una nómina de pacientes vivos?
• R (Julio): Claro, se devuelven los pacientes fallecidos a la municipalidad, se ponen en rojo y después debían devolver otros 500 nombres.

Aún dándole espacio a la duda, ante la sorpresa del gran porcentaje de pacientes fallecidos, Felipe reconoce que dijeron “revisémoslo, tal vez fue un error de la digitadora”. Pero esta creencia duró sólo hasta que recibió el informe contable realizado por auditoría externa para la rendición de cuentas, donde “aparecía que sobraban 500 millones de pesos”.

“En el centro radiológico se hacían los bonos falsos con el carnet de las personas, sacaban el código único y vendían bonos como Modalidad Libre Elección, donde no es necesario tener presencial al paciente. Entonces se vende, pero lo único que no ingresa es el copago, ya que no se realiza, por ende, no habían facturas de copago. Por ejemplo, de un bono que tiene un valor de $20.000, se deben pagar tres mil y el resto lo cancela Fonasa. Se tenía como justificar los 17.000 de Fonasa, pero los tres mil no existían, porque no había quién los pagara. Ahí estuvo el error”, explica.

 

 

• P (Diario): ¿Pero nunca se realizaron esa cantidad de exámenes?
• R (Julio): No lo sé, porque después pedí que me sacaran de los accesos del servidor del radiológico. Pero hasta el minuto en el que yo estuve, había 500 millones de pesos demás y entre 700-800 personas que no estaban vivas y habían pasado por bonos.
• P (Diario): ¿Los familiares de los pacientes fallecidos que estaban en las nóminas saben que se usó su nombre para validar estos bonos?,
• R (Julio): No, ninguno sabe, no tienen idea.

 

“Por lo general, en la mayoría de las auditorías no es común que sobren utilidades, y menos $500 millones”, explica, agregando que “Calderón pagaba sus gastos personales con una cuenta vista que él había creado. Sin embargo, yo sólo tenía acceso a las cuentas corrientes, las originales ingresadas en la Superintendencia, donde nos reembolsaba Fonasa y otros. Entonces, Calderón vendía bonos, y Fonasa los pagaba en esta cuenta vista que él había creado y de la que yo no tenía conocimiento, y menos acceso”.

Julio relata que, tras recibir el informe, se comunicó con Calderón por vía telefónica. “En ese momento le dije que ya sabía lo que ocurría, y él me dijo ´pero la plata es mía y me la llevo’”, recuerda, añadiendo que ese mismo día tomó la decisión de cerrar el centro radiológico y ver cómo podía llevar a cabo los despidos de las personas con el dinero que aún estaba dentro de las arcas para poder finiquitar a todos los trabajadores.

“Pero, lamentablemente, como Calderón era el dueño, retiró todas las platas de un día para otro, dejó las cuentas a las que yo tenía acceso en 0 y dejó cerca de 30 personas sin sueldo y finiquito, incluyendo trabajadores con 40 años de servicio. Aunque usualmente se paguen 11 años, aquí se debían cancelar los 40 por incumplimiento de contrato”, relata Julio.

Esa fue la última vez, de acuerdo con Julio, que tuvo comunicación con Calderón. Dice que no ha sabido más de él, ni siquiera a través de instancias legales.

“Después de esta última conversación, recopilé toda la información y se lo entregué a la Superintendencia de Salud, y esta última se lo envía a Fonasa, desde donde me informan que ya se habían emitido dos multas por 300 y 200 millones de pesos a las empresas de Calderón por bonos falsos”, subraya Felipe Julio.

 

Más adelante, añade a la información que, “ese mismo día, empezaron a aparecer facturas de copagos hechos por dos meses anteriores. Por ejemplo, aparecía ´Carla Pérez copago de tres mil pesos, fecha de atención: 1 de enero de 2022”, y yo pensaba ´¡pero si estamos en diciembre!´, es decir,  hicieron un relleno”.

Después de los organismos de salud, Julio interpuso una denuncia, junto con su abogado en Contraloría, y ésta “me envió un correo diciendo que se lo iba a mandar al fiscal Pedro Pablo Orellana, quién quedó de abrir la investigación respectiva, que lleva más de un año en espera”.

Al momento de preguntar al ex-gerente su motivación para dar a conocer este caso a nuestro medio, a más de un año de interpuesta su denuncia, Julio deja en claro que es “para que se le pague las indemnizaciones a los trabajadores que corresponden, sin intereses personales de por medio”.

En conocimiento del patrimonio de Calderón, Julio exige “que venda alguna de sus propiedades para que pague, o haga algo como responsable de todas esas personas. Son muchos trabajadores que han salido perjudicados y que ni siquiera pudieron acceder a seguros de cesantía”, expresa, dando cuenta que no fue una situación menor para los involucrados.

A esto, agrega que a la hora de realizar la denuncia en diciembre de 2022, intentó dar a conocer la situación tanto a un diario y una radio de la comuna de Copiapó, con la idea de “hacerlo público para que Calderón dejara de vender bonos”, pero que el caso no fue considerado por esos medios.

Actualmente Felipe Julio es propietario de la Clínica del Valle, ubicada en calle Atacama 686, esquina con calle Colipí. Respecto a su empresa, manifiesta no querer “que la gente piense que la plata que falta del centro radiológico son las de la clínica que actualmente administro”. Al mismo tiempo que afirma que lo sucedido no interfiere en su trabajo vigente, Julio también quiere aclarar que la denuncia que realizó en su momento como gerente “no la sabía nadie más que yo, porque quería mantener la reputación del centro bajo mi mando, hasta cuando se pudiera resolver legalmente, pero eso a la fecha no ha sucedido”.

Hasta ahora, Julio asegura que no ha sido llamado a testificar a ninguna entidad, ni se le ha notificado de algún avance en su denuncia o en la recopilación de antecedentes.

Frente a esta denuncia realizada por el ex gerente del Centro Radiológico, intentamos comunicarnos con el Doctor Gustavo Calderón para tener su versión de los hechos, sin éxito las dos veces que hablamos por teléfono con la secretaria de su consulta actual, ubicada en el Portal La Chimba, donde se desempeña como ecógrafo.

En un segundo intento, pero esta vez de forma presencial en el centro médico, nuevamente a través de su secretaria e informando claramente que desde Diario Chañarcillo queríamos sus descargos o su defensa frente a esta acusación, nos respondieron que Calderón envió a decir que se encontraba “muy ocupado”, por lo que no podía atender a la periodista.

Por otro lado, también se buscó la versión de la Fiscalía de Atacama, para saber sobre una eventual formalización del caso, donde no se logró agendar una audiencia con el Fiscal Pedro Pablo Orellana, pero si se recibió un comunicado de la misma, indicando que “dicha causa no ha sido formalizada, por lo que los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa durante esta etapa no son públicos. Existiendo una fecha para la realización de una audiencia en el mes de marzo ante el Juzgado de Garantía de Copiapó en que se comunicará a los intervinientes la decisión adoptada en este caso”.