Otro tropiezo más: INDH advirtió al gobierno en 2022 por problemas en la entrega de pensiones de gracia
Se trata de un informe del 2022 donde se da cuenta de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos le advirtió al presidente Gabriel Boric que no podían acreditar a personas que fueran víctimas del estallido social y que solicitasen pensiones de gracia. En ese entonces, el INDH aseguró que «no cuenta con las capacidades técnicas ni expertise en la materia para poder acreditar circunstancias de esta índole».
Los coletazos por el caso de las pensiones de gracia aún siguen barriendo con el gobierno. Tras el informe emitido por Contraloría General de la República, donde se detalla que pensionados de gracia tienen antecedentes penales, apareció un documento que pone en aprietos –una vez más– al gobierno.
Se trata de un informe del 2022 donde se da cuenta de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) le advirtió al presidente Gabriel Boric de las dificultades para acreditar daños a dichas personas que postulaban para acceder al beneficio. El instituto, en ese entonces, aseguró que «no cuenta con las capacidades técnicas ni expertise en la materia para poder acreditar circunstancias de esta índole».
Según consignó La Tercera, el documento fue emitido el 23 de septiembre del 2022 por la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras.
“Por medio del presente tengo a bien informarle sobre la imposibilidad que asiste al INDH para efectuar la acreditación del padecimiento de ‘menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo’ en víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, que solicitan al Presidente de la República acceder a pensiones de gracia”, especificó el documento.
Vale decir que la directora del INDH mencionó que el órgano podría acreditar la condición de víctima de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, esto no aplicaría para “las consecuencias físicas derivadas de estos hechos”.
“Se requiere la conformación de un órgano encargado de la calificación que garantice un procedimiento administrativo accesible, flexible, transparente y público, señaló el oficio.
Una de las aristas que se desprende de esta situación, es que el documento, enviado al presidente Gabriel Boric, terminó sin ser respondido por Presidencia, generando otro tropiezo al Ejecutivo.
En tanto, el Ministerio Público activo una investigación para verificar si existe algún acto que constituya y tengas las características para ser considerado un delito.
Paralelamente, Renovación Nacional, mediante Jose Miguel Castro, Andrés Longton y Diego Schalper, presentó una denuncia a raíz de lo sucedido con los beneficios entregados. Se trata de una acusación por presuntos delitos de fraude y prevaricación.
