Mujeres condenadas de Atacama recibirán asistencia judicial en asuntos civiles y de familia
Buscan ofrecer una adecuada coordinación, derivación y provisión de servicios en los recintos penitenciarios, por lo que el próximo 12 de febrero habrá una reunión para discutir el protocolo que se establecerá en este centro.
(Por Frenny Kelly Granado). Este viernes el portal de la Defensoría Penal Pública publicó una información referente a la nueva asistencia judicial en asuntos civiles y de familia que el organismo ofrecerá a las mujeres que purgan condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de la Región de Atacama.
De acuerdo con la información, el defensor regional, Raúl Palma Olivares, se reunió con el director regional de Gendarmería, Víctor Vera Bustos, el director subrogante de la Corporación de Asistencia Judicial de esta región, Ricardo Garrido Álvarez y la defensora penitenciaria Viviana Luco Amigo para revisar los lineamientos generales del convenio suscrito a nivel nacional en septiembre del año pasado.
En encuentro fue en dependencias de la Defensoría Regional, en Copiapó, donde se estableció que las mujeres que cumplen reclusión podrán recibir orientación y ayuda jurídica y judicial en materia civil y de familia para que gocen de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos en materia de defensa jurídica.
El acompañamiento lo llevará a cabo la Corporación de Asistencia Judicial, de modo que reciban asistencia penal a través del trabajo de los equipos de defensa penitenciaria de la Defensoría en esta y todas las regiones del país.
El comunicado de prensa explica que -hasta ahora- los profesionales prestaban servicio exclusivo en materias relacionadas con la causa penal por la que fueron condenadas, pero no en ámbitos personales o familiares, por lo que ahora la atención será más integral.
“Esta era una necesidad urgente que habíamos detectado hace un tiempo, por lo que se hace indispensable que coordinemos la prestación integral jurídica para las mujeres condenadas. Debemos materializar el convenio a nivel regional a través de un protocolo”, destacó Palma Olivares.
Por ello los intervinientes acordaron reunirse el próximo 12 de febrero para presentar un protocolo de atención regional, con la finalidad de ponerlo en práctica antes de marzo de este año.
Al respecto Garrido Álvarez mencionó que ya tenido aproximaciones con este trabajo, pero el trabajo era entorpecido por inconvenientes logísticos, lo que se convirtió en dificultades prácticas “que en otras circunstancias serían más fáciles de resolver, como por ejemplo, el espacio de atención”.
Viviana Luco, por su parte, cree que “este convenio en pos de la defensa penitenciaria y sobre todo de las mujeres es excelente, ya que siempre recibimos consultas en materia de familia”; sin embargo, ella comparte la opinión del director (S) de la CAJ, puesto que “también notamos la falta de espacio en los módulos de atención para este tipo de prestaciones, pero Gendarmería podría facilitar otro espacio, donde se dé un ambiente de más confidencialidad”.
Finalmente, el defensor regional destacó que la importancia de que los servicios se vinculen para ofrecer mejores soluciones a la comunidad, sobre todo mediante el trabajo interinstitucional, porque “irá en beneficio de todas las mujeres condenadas internas en los recintos penitenciarios de la región de Atacama, al fortalecer su acceso integral a la justicia”.
