Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo: “Tuvimos una agenda muy importante con el Gobernador para abordar la problemática de la infraestructura penitenciaria”

(Por Rodrigo Ferrada).- Jaime Gajardo Falcón, abogado, Subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, visitó la región de Atacama con el objetivo de estrechar la alianza que ha estado trabajando su cartera con el Gobierno Regional, destinada a proporcionar mejoramiento al sistema penitenciario de Atacama, ya que según afirma, la seguridad pública va directamente relacionada con la de las cárceles del país.

Además, difundió las iniciativas legislativas de las cuales el Ministerio ha sido impulsor, y sobre las iniciativas para otorgar más y mejor acceso a la justicia a la ciudadanía, temas sobre los cuales conversó con Diario Chañarcillo en entrevista.

P: ¿Qué iniciativas legislativas han sido impulsadas por su cartera y en qué contexto?

R: “En primer lugar quisiera decir que la semana que pasó fue una excelente para el país, para las familias de Chile, porque se aprobaron importantes proyectos de ley que también están siendo impulsados por esta cartera de Justicia, pero por otras también. El royalty a la gran minería del cobre, que va permitir recaudar importantes recursos y repartir también esos recursos en particular en regiones mineras como Atacama y comunas también mineras como Copiapó y con el conjunto de comunas mineras que hay en el territorio. Así que es una excelente noticia para las familias de nuestro país porque eso va a permitir mejorar un conjunto de iniciativas de los gobiernos regionales o los gobiernos comunales o que el gobierno central no tenían los recursos suficientes para poder impulsar”.

“Así mismo también un proyecto que tramitaba nuestra cartera y que se terminó de tramitar en el Congreso Nacional la semana que pasó es el proyecto contra los delitos económicos y ambientales, un proyecto que ha sido conocido como el que establece penas efectivas para los delitos de «cuello y corbata», pero es un proyecto que lo que hace es tipificar nuevos delitos económicos y medioambientales que pueden cometer las personas jurídicas y establecer penas asociadas a esos delitos que sean lo suficientemente proporcionales a la gravedad de estos, para que no ocurran casos como los ocurridos anteriormente que afectan de una manera muy significativa a las familias y a los ciudadanos porque aumentan los precios de la canasta básica, aumentan los precios de los productos muy importantes para todos nosotros como el papel higiénico, el gas licuado, etc. Muchas veces esas empresas que cometían esos delitos y sus gerentes asociados quedaban con penas irrisorias, lo que en adelante no va a ocurrir. Esperamos que esta legislación sea un desincentivo para cometer esos delitos, que como le decía afectan la vida diaria de todos nosotros, sobre todo de las personas más necesitadas y esa es una gran noticia para nuestro país. Se avanzó en la implementación del copago cero, seiscientas ochenta y cinco mil familias han sido beneficiadas con el copago cero en salud. Se redujo en un treinta y cinco por ciento las listas de espera y además se llevó adelante el Plan Calles Sin Violencia, que en un mes ha permitido importantes detenciones en nuestro país para tener ciudades y comunas más seguras, barrios más seguros que son unas de las principales demandas de la ciudadanía. Hemos tenido una semana de grandes logros para nuestro país, lo que por supuesto a nuestro Gobierno nos deja muy contentos”.

P: ¿Cuál es el trabajo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en cuanto al mejoramiento de la seguridad penitenciaria, específicamente en nuestra región, y en relación a la lucha contra el crimen organizado?

R: “La seguridad ciudadana es fundamental para nuestro Gobierno. Para que exista una seguridad pública adecuada es fundamental la seguridad penitenciaria, lamentablemente esto no se ha comprendido en la última década en nuestro país y tenemos un sistema penitenciario que ha estado olvidado de las políticas gubernamentales, de las políticas estatales. Un dato solo para evidenciar aquello, desde el año 2012 que en nuestro país no se generan más plazas para personas privadas de libertad. Desde el año 2012 que tenemos la misma capacidad en el sistema penitenciario, sin que se haya modificado esa capacidad. Es decir, tenemos una capacidad a lo largo del país para 42 mil personas privadas de libertad y desde el año 2012 que eso se mantiene igual. Y el problema de no haber actuado en ese tiempo, lo estamos pagando el día de hoy porque actualmente tenemos 49 mil personas privadas de libertad en nuestro sistema penitenciario y tenemos plazas para 42 mil. Es decir, si en el año 2012 hubiéramos previsto esta situación, hubiéramos actuado a tiempo y hubiéramos invertido en lo que se tiene que invertir en el sistema penitenciario para tener un sistema que pueda absorber esta demanda creciente, no tendríamos hoy por hoy los problemas que tenemos. Los problemas importantes como la sobrepoblación, las dificultades de gobernanza para el recinto penal, los problemas importantes que eso genera para la seguridad pública y para el cumplimiento de las penas efectivas. Eso como primer dato. Lo segundo, precisamente me encuentro en la región porque tuvimos una agenda muy importante de trabajo con el Gobernador Regional y su equipo para abordar aquellos aspectos que tu señalas, cómo nos podemos hacer cargo mientras se avanza en el proyecto para el recinto penal para la región que es El Arenal, que eso va a tardar porque estos son proyectos de inversión enormes. Hoy una cárcel de esas dimensiones cuesta más de 100 mil millones de pesos, mucho más de lo que cuesta un hospital”.

P: ¿Cuáles son las iniciativas que lleva adelante su Cartera para el mejoramiento del acceso a la justicia de parte de la ciudadanía?

R: “Uno de los servicios relacionados con la Cartera de Justicia, es la Corporación de Asistencia Judicial, que cumple un rol clave dentro de nuestro sistema de justicia, ya que es la que provee de representación a las personas que no cuentan con los recursos para acceder a un abogado, el año pasado hicimos una inversión muy importante, por instrucción del Presidente de la República, para que todos los niños, niñas y adolescentes, que están sujetos a un proceso proteccional, contaran con un abogado,  para eso, en muy poco tiempo, en 6 meses, logramos establecer un nuevo programa, que es “La Niñez y la Adolescencia se Defienden”, para el cual contratamos más de 300 abogados a lo largo de todo el país, instalando esta nueva línea programática, para que todo niño, niña o adolescente que se encuentre en un proceso de protección cuente con un abogado que lo defienda”.

“Otro aspecto muy importante lo hemos trabajado con el Gobernador Regional, que tenía dentro de su programa, una Defensoría Ciudadana, es decir, que las personas que han sido víctimas de delitos, puedan tener un abogado o abogada que las represente en el proceso penal, porque la Fiscalía lleva adelante la investigación, pero no representa específicamente a la víctima que queda un poco de lado, por eso, le presentamos un proyecto al Gobernador, a través de la Corporación de Asistencia Judicial,  para que eso se pueda concretar, el Gobierno Regional le va a dar prioridad, para que así, a partir del próximo año tengamos este servicio instalado, y lograr así entroncar el programa del Gobierno Regional con el programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric”.