Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo: “Es inaceptable lo que ocurrió con las internas de la cárcel de Copiapó”
* Fin del Sename, compromiso del Gobierno por empezar la construcción de un nuevo penal en la región y enmiendas inmediatas para mejorar la situación sanitaria de reclusas. En exclusiva para Diario Chañarcillo, el segundo al mando del Ministerio de Justicia conversó sobre los temas que afectan a Atacama sobre la materia.
El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, llegó a la región de Atacama por el segundo Encuentro Nacional de la Macrozona Norte con los seremis de Justicia y directores del actual Servicio Nacional de Menores (Sename). Al llegar, se encontró con un escenario complejo: más de 15 horas sin servicios higiénicos pasaron las internas del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó.
“Es un hecho inaceptable que no podemos normalizar. Esto no puede volver a ocurrir en ningún Centro Penitenciario de la región, y fue una orden que instruí al seremi de Justicia y al director regional de Gendarmería”, declaró la autoridad gubernamental.
La denuncia realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se enmarca en la presunta instrucción del subsecretario hacia Gendarmería para cerrar el penal de Punta Peuco. Pese a que Gajardo descartó de lleno esta información, el medio gestor de la noticia, Ex-Ante, no pareció cesar con el tema.
El impacto que tendrá el cierre del Sename, la incorporación del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil y la coordinación entre Gendarmería y el Gobierno para mejorar la situación de seguridad pública en Atacama, fueron tópicos que también trató el subsecretario con Diario Chañarcillo.
Reinserción para no reincidir
P: Parte de su agenda en la región es tratar el tema del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. ¿Cuál será el propósito de este?
R: Es una de las políticas de Estado más importantes que nos toca impulsar e iniciar. Será una implementación gradual en las tres zonas del país, y la Macrozona Norte es la primera destinada a incorporarlo desde el 13 de marzo de 2024. El propósito es generar un circuito de reinserción social juvenil que nos permita terminar con las trayectorias de vida delictuales de los jóvenes. Este hecho significaría un quiebre de esta tendencia de reincidencia delictiva; un aporte a la sociedad en su conjunto.
P: ¿Qué cifras o realidades a nivel regional permitirían decir que este nuevo servicio sería beneficioso?
R: En la Macrozona Norte, tenemos 1.066 jóvenes en el Sename. Tuvimos un repunte de los jóvenes que cometen delitos, no particularmente en Atacama, pero sí a nivel general en lo que comprende el norte. Hay que hacerse cargo de ciertas situaciones que ocurren en la zona: más del 80% que atiende la actual institución, presentan consumo problemático de alcohol. Y muchos de los delitos que cometen tienen que ver con aquello, entonces el nuevo servicio deberá contar con espacios efectivos de rehabilitación.
Estamos enfrentando nuevas realidades donde los jóvenes quizá no cometen nuevos delitos, pero sí están incurriendo en aquellos que son más violentos. Estas son las realidades que pretende abordar el Servicio Nacional, con más herramientas, capacidades, inversión pública en infraestructura y mayor dotación de funcionarios.
P: Respecto al Sename, su cierre es un proceso que no solo involucra a este nuevo servicio sino que también a Mejor Niñez. ¿Cómo será el trabajo en conjunto con esta institución?
R: Esa es una pregunta muy importante, porque claramente su coordinación será fundamental para lograr esta tarea. Hace seis años el Estado creó un Sistema de Protección de los Derechos de la Niñez, porque tenemos bastante identificadas cuáles son las trayectorias que se repiten en los jóvenes que posteriormente cometen hechos delictuales. Tras graves vulneraciones a sus derechos, niños, niñas y adolescentes (NNA) pueden incurrir en la deserción escolar y en una visita constante a estos sistemas de cuidado.
La problemática está en la trayectoria que no se logró resolver en la vida de estos niños, hecho que vuelve dramático la reincidencia al Sename de los mismos por la reiteración de episodios delictuales. Las Seremis de Desarrollo Social y Justicia serán claves en esta tarea de coordinación entre intersectores, lo que es un compromiso importante en la materia.
P: ¿Qué garantías hay de que no se transforme en un nuevo Sename? En definitiva, cómo me asegura usted que no se repetirán episodios de maltrato infantil y sus derivados.
R: Este nuevo servicio tiene herramientas diferentes, cuenta con mayores capacidades. Hemos planteado de manera muy insistente que esta implementación no puede ser solo un cambio de nombre; tiene que ser uno nuevo. Por lo mismo, conversamos permanentemente con los funcionarios y funcionarias del actual Sename, porque ellos también están comprometidos con este proceso.
Habrá episodios donde la gente se aparte de su obligación pública, algo que pasa en todos los servicios. Aquí hablamos de un tema delicado donde se entrecruzan el trabajo con NNA, así que en el nuevo servicio deberíamos contar una dotación más especializada para que estas vulneraciones no vuelvan a ocurrir.
P: El modelo de administración y financiamiento también es un tema cuestionado. ¿Qué diferencia tendrá este nuevo sistema en comparación al anterior?
R: Ya no se utilizará el financiamiento a través de subvenciones, sino que se utilizará el mecanismo general que tiene el Estado para la compra de servicios. Hubo muchas críticas respecto a este modelo, pues la subvención no alcanzaba para que los colaboradores pudieran ejercer sus labores. Ahora se cambió esa dinámica, pero también se incorporará un elemento que es clave: el Consejo Nacional de Acreditación de Estándares, un organismo externo que ratificará la acreditación de las instituciones que puedan trabajar con el nuevo servicio, junto con monitorear la eficacia de los programas que implementan.
P: ¿Y quienes compondrán este Consejo?
R: Se espera que sean profesionales de amplia trayectoria en temas de reinserción social juvenil. La próxima semana estaremos realizando el concurso a través de la Alta Dirección Pública para iniciar la contratación de consejeros. Los requisitos para serlo son rigurosos, porque se necesita eficacia en los estándares que rijan los proyectos e instituciones colaboradoras.
Condiciones inaceptables
P: La Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó solucionar la situación de reclusas en la cárcel de Copiapó. Más de 15 horas sin acceso a servicios higiénicos. ¿Por qué se permitió esto, subsecretario?
R: Es un hecho inaceptable que no podemos normalizar. Instruí directamente al director regional de Gendarmería y a nuestro seremi de Justicia a que esto no puede volver a ocurrir en ningún Centro de la región, y que deben estar especialmente preocupados de los reclusos. Las personas privadas de libertad deben tener un piso mínimo de dignidad en el transcurso de su pena.
Tenemos que entender que las y los internos saldrán en algún momento, y lo que nos compete es tratar de que estas personas no vuelvan a cometer delitos y se reinserten en la sociedad. Para aquello, las condiciones de las prisiones deben garantizar efectivamente una reinserción social.
P: La pregunta del subsecretario, es que si las autoridades afirman que visitan periódicamente estos centros, ¿por qué se esperó a la resolución de la Corte y no se solucionó esta situación antes?
R: Eso es lo que me parece inaceptable, y por eso me constituí en el Centro Penitenciario apenas llegué a Copiapó para tomar las medidas pertinentes. No podemos normalizar esta situación y se lo hice saber a las autoridades de Justicia en la región.
P: ¿Y qué medidas instruyó para remediar las condiciones del módulo femenino?
R: En lo inmediato, solicité a Gendarmería autorizar la compra de cuatro baños químicos con su respectiva mantención de vida. Estamos preocupados de que aquello ocurra efectivamente, y por ello fueron instalados ayer. Además, agilizaremos obras para remodelar y mejorar las condiciones de habitabilidad de la sección femenina, tanto de imputadas como de condenadas.
Los sistemas penitenciarios son un reflejo de lo que somos como sociedad, y por lo tanto también conversé con las mismas reclusas del Centro Penitenciario para escucharlas. Debemos mejorar nuestras capacidades para entregar verdaderamente una capacidad de reinserción.
P: Hay otras problemáticas que también involucran los centros penitenciarios en la región. Según el último “Estudio de las condiciones carcelarias en Chile”, Copiapó supera el 200% de hacinamiento en la cárcel de Copiapó. ¿Se está trabajando para subsanar este tema?
R: Hay una situación bastante difícil. A nivel nacional tenemos prácticamente un 100% de ocupación, pero en Atacama el panorama es especialmente compleja. Los tres establecimientos penales que alberga la región (Chañaral, Copiapó y Vallenar) están en un escenario muy complicado.
Lamentablemente, el nuevo centro penitenciario presupuestado para descomprimir este hacinamiento, que se ubicaría en el sector de El Arenal, ni siquiera ha empezado sus construcciones. Este proyecto se ha dilatado por más de 10 años y lo que buscamos como Gobierno es acelerar su proceso. El año pasado se terminó la licitación de estudios generales, y este año realizaremos la que corresponde a estudios particulares de ingeniería. Nuestro mandato es empezar las obras del mismo, pero en el intertanto debemos mejorar las condiciones de los actuales establecimientos.
El gobernador regional subrogante, Mario Silva, se comprometió a apoyar a la cartera regional con el ingreso de dinero cuando presentemos proyectos de mejora a los módulos. Personalmente estaré al tanto de que situaciones como la acontecida no vuelvan a ocurrir.
P: ¿Ve probable que durante estos cuatro años se logre dar inicio a estas obras?
R: Es una deuda que tenemos como Estado y la tenemos que cumplir. Así que no la veo solamente como algo probable o posible.
Nuevos delitos en la interna penal
P: En Atacama, Gendarmería se ha sumado a la mesa de trabajo de seguridad, esto para desarticular el crimen organizado, ya sea bandas que estén articulando dentro del recinto penitenciario ¿Como valora este trabajo en conjunto?
R: Es clave que Gendarmería esté representada en los circuitos dedicados a mejorar la seguridad pública. Aquí se hizo de forma concreta y me parece un hecho a destacar. Es importante señalar que esta institución y la Subsecretaría de Justicia participan del Consejo de Seguridad Pública que elaboró la primera política en esta materia, algo que no se hacía en mucho tiempo. También participamos de la misma instancia en términos de Crimen Organizado; se está dando una visión integral al fenómeno delictivo a nivel de Gobierno.
P: ¿Qué hechos delictivos en particular se han visto mayormente dentro de las cárceles?
R: Hemos visto importantes vínculos de bandas delictivas que operan al interior del recinto penitenciario. Hay que desbaratar las redes que se tienen, porque aquello es fundamental también para la persecución de delitos fuera de los establecimientos penales.
No obstante, estamos viendo delitos que no conocíamos dentro de los centros. Por ejemplo, la extorsión de la población penal, fenómeno que nos pasó en la cárcel de Huachalalume en La Serena, Región de Coquimbo o en Colina 1 de Santiago.
P: ¿Y han ido al alza este tipo de episodios?
R: Lo hemos podido contener, pero porque hemos mejorado la gobernanza interna de los centros penitenciarios. Dimos más elementos de seguridad al personal de las cárceles, mejoramos los circuitos y la segregación al interior. Esto es relevante de explicar porque, cuando se genera esta extorsión a otros condenados, se suele coaptar a los mismos generando una contaminación criminógena. Desarrollar una mejor política penitenciaria se ha comprobado que es necesario para desarticular estos nuevos fenómenos y mejorar, por lo tanto, la seguridad pública.