Comerciante que recibía información sobre controles policiales cumplirá cárcel efectiva

La Fiscalía de Atacama conoció las penas que aplicó el Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó a nueve ex funcionarios de Carabineros de Copiapó y dos civiles, en contra de quienes se indagaron hechos constitutivos de delitos que quedaron al descubierto a partir de antecedentes que el Ministerio Público investigó por hechos previó a la detención y formalización de todos los involucrados.

La investigación de estos ilícitos estuvo bajo la dirección del fiscal especializado de delitos económicos y funcionarios de la Fiscalía Local de Copiapó, Luis Miranda Flores, quien presentó acusación a los investigados luego de reunir medios de prueba, testimonial, digital, documental, pericial, científico y fotográfico, que llevaron a acreditar distintos delitos de cohecho pasivo simple y agravado, uso indebido de información reservada y receptación aduanera. Todo ello, luego de argumentar que entre los meses de marzo y julio del año 2020 los ex funcionarios policiales, quienes pertenecían a la dotación de la subcomisaría Pedro León Gallo de esta comuna, se comunicaban vía telefónica y por whatsapp con el dueño de la botillería “Santa Cecilia” y su hija, con la finalidad de alertar respecto de controles policiales o del trabajo de fiscalización que en ese periodo realizaba personal de Ejército y la PDI con motivo del toque de queda dispuesto por la autoridad. De esta manera los condenados incumplieron los deberes reglamentarios de su institución.

La investigación estableció también que en otras oportunidades, los condenados dieron aviso al comerciante que serían ellos los que realizarían las rondas de fiscalización en horario nocturno, por lo que el funcionamiento del local comercial podía continuar sin inconvenientes. Información que era retribuida por parte del dueño de la botillería y su hija con la entrega de bebidas energéticas, bebidas alcohólicas y cigarrillos.

SENTENCIAS

La audiencia de Juicio Oral por este caso se extendió por más de dos meses, determinando los Jueces la condena de todos los acusados por su responsabilidad en distintos delitos, todo ello a partir del análisis de los antecedentes aportados por la Fiscalía.

De esta manera, Mario Escuti, dueño de la botillería en que ocurrieron los hechos, fue condenado por 12 delitos de cohecho activo o soborno y un delito de receptación aduanera, siendo sentenciado a la pena de 3 años de presidio y una multa de 36 Unidades Tributarias Mensuales, además de otros 61 días de cárcel y una multa superior a los 600 mil pesos por su responsabilidad en el delito de receptación aduanera. En el caso de Escuti, al no cumplir los requisitos contemplados en la Ley, no se le otorgaron beneficios alternativos a la pena impuesta, por lo que deberá ingresar a cumplir ambas sanciones a un recinto privativo de libertad.