Servicios ofrecidos por extranjería de la PDI están activos en su totalidad
El proceso consiste en informar a las autoridades sobre su condición legal en el país y posteriormente, tras recibir la cita, debe presentarse para iniciar el trámite.
(Por Frenny Kelly Granado). La comunidad extranjera de Copiapó ha dado fuerza -a través de redes sociales- al rumor de que la oficina de Extranjería de la Policía de Investigaciones (PDI) adoptó algunas medidas restrictivas a propósito del contexto social que atraviesa el país. Se dice, entre otras cosas, que las autodenuncias de personas que ingresan a Chile de manera clandestina quedaron suspendidas, a lo que el jefe subrogante, Fernando Arenas Valdivia, dijo que no es así.
“Los trámites de extranjería se cumplen según los servicios que nosotros ofrecemos, solo que lo hacemos bajo un sistema de cita; lógico, en algunos casos colapsamos, pero tratamos de dar atención a todas personas que se acercan a esta oficina, de modo que no hemos suspendido ninguna de las acciones administrativas”, explicó.
Tras aclarar la duda sobre los servicios, Arenas agregó que las personas que cometen faltas graves contra el artículo 66 de la Ley de Extranjería que se refiere al ingreso clandestino, “tienen que estar conscientes a lo que se enfrentan”, puesto que la mayoría de los casos “deriva en expulsión”.
Sin embargo, las personas tienen tres instancias para revertir esa decisión; dos de ellas mediante recursos de apelación y una a través de un recurso jerárquico; todos se remiten a la Intendencia que es, finalmente, la que decide -a través del Departamento de Extranjería y Migración- qué decisión se tomará según el expediente de esa persona.
Según la experiencia de Arenas Valdivia, a pocas personas se les sanciona con la expulsión administrativa; solo aquellas que incurran en delitos o faltas dentro de este territorio, así como los que tengan antecedentes penales en sus países de nacimiento, son considerados como individuos clave para la salida de Chile.
De cualquier forma, es la Intendencia la que fija los plazos y toma las decisiones finales en cuanto a sanciones, multas y decretos de abandono del país, puesto que PDI solo funciona como autoridad fiscalizadora y la Gobernación Provincial, a través de su Departamento de Extranjería, como la garante administrativa; en ella se tramitan las visas, las prórrogas de turismo u otras acciones.
Actualmente un importante número de extranjeros, aparentemente algunos venezolanos y bolivianos, recibieron la orden de salir del país sí o sí por violar el decreto 488 con fecha del 21 de octubre de 2019 sobre la Ley del Estado de Excepción Constitucional de Emergencias. Algunos son causas judiciales y otros por causas administrativas.
