REPARACIÓN Y JUSTICIA PARA LAS REGIONES MINERAS
POR SOFÍA CID V.
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA,
REGIÓN DE ATACAMA.-
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Durante la tramitación del proyecto que establece una compensación a favor del Estado por la explotación de recursos mineros, y quizás con más fuerza debido al precio del cobre, es habitual escuchar que se trataría de “recursos que les pertenecen a todos los chilenos”. Suena muy bien, pero a la hora de soportar los ciclos negativos de la minera, los chilenos que vivimos en regiones mineras quedamos solos, y nadie corre a declarar con la misma intensidad que “los efectos debemos soportarlos todos los chilenos”.
Las zonas mineras, no se relacionan con la minería solo cuando el cobre supera la barrera de los US$ 4 la libra en la bolsa de metales. Nuestras comunidades se han construido y desarrollado en torno a los ciclos económicos de la minería. Y cada vez que la actividad minera atraviesa por periodos turbulentos somos los que soportamos los efectos con mayor intensidad. Por eso parece de toda lógica un royalty a las utilidades de tasa fija 3% destinando íntegramente para las regiones donde se explotan el cobre y el litio, como un aporte de la gran minería estas comunidades.
El propósito del proyecto es superar una injusticia que existe desde hace décadas, otro fruto del nocivo centralismo que caracteriza nuestra organización política nacional: que los recursos queden en la zona en donde se explotan los yacimientos mineros. No se refiere a los recursos que se producen en los procesos propios que se producen en la economía local gracias a la actividad minera, esto es, los recursos privados. Se trata de os llamados “recursos públicos”, a los fondos de que dispone el estado para inversión pública y para gasto social.
¿Por qué no podemos reconocer por una vez la enorme e histórica deuda que tenemos con las regiones del norte de nuestro país en donde se explota principalmente la riqueza minera del país? En el norte muchas veces nos sentimos chilenos de segunda categoría, en comparación con los compatriotas de la zona centro-sur, a donde siempre el Estado llega primero y mejor cuando decide intervenir.
Otra cosa muy distinta es el aprovechamiento político que se ha hecho de esta demanda histórica para aumentar la carga tributaria a la actividad minera, repercutiendo negativamente en la competitividad de la inversión minera en Chile en comparación con otros estados. Chile necesita inversión privada, sobre todo en la minería, y a diferencia de aquellas voces que niegan la necesidad de un equilibrio al final del día incentive la inversión en nuestro país, somos varios los que entendemos la necesidad de seguir atrayéndola sobre todo en un mundo postcovid. Sin la minería privada existe una alta probabilidad de que el país se estanque y que en vez de existir movilidad social entremos en un ciclo de regresión social, en donde volveremos a mayores niveles de pobreza. Esta no es una compensación, es un resquicio para expropiar a la inversión privada de sus beneficios y utilidades, que terminaran una vez más beneficiando a regiones que no son mineras, sin perjuicio de recibir recursos por la vía de recaudación general de impuesto a la renta o IVA. Por eso no estoy de acuerdo con la tasa progresiva, que termina por repercutir en la competitividad de Chile y cuyos recursos nuevamente quedarán en Santiago.
El royalty como compensación, no es para “todos los chilenos”, sino que es una reparación y un acto de justicia con las comunidades en donde se explotan los recursos mineros del país. Todo lo demás no deja de ser un aprovechamiento político.