Aún no formalizan a ningún funcionario por querellas del INDH
(Por Frenny Kelly Granado). El Ministerio Público ya inició el proceso de investigación de algunas de las 50 querellas que, hasta la fecha, ha presentado el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); sin embargo, ningún funcionario del Estado ha sido citado para una audiencia de formalización de delitos.
Las informaciones recabadas sobre las denuncias dan cuenta que solo una de ellas fue dirigida contra un uniformado del Ejército por los hechos acontecidos el mes pasado en las instalaciones del Regimiento de Infantería Nº 23 de Copiapó, donde un individuo resultó herido tras recibir un disparo con proyectiles de goma; las demás apuntan a los Carabineros de Chiles adscritos a esta jurisdicción.
El Ministerio Público, a través de la Policía de Investigaciones (PDI) coordina las diligencias para investigar la veracidad de la información remitida por el INDH y establecer los delitos que aplica según cada caso, dado que 29 son por apremios ilegítimos, 16 por violencia innecesaria con resultados de lesiones graves, uno por tortura y cuatro por vejaciones injustas.
La Defensoría Penal Pública está preparada para asumir -en la circunstancia que sea necesario- el acompañamiento de los funcionarios que resulten imputados, pero hasta ahora “no hay ningún proceso contra alguno de ellos”, de acuerdo con lo que informó el defensor regional de Atacama, Raúl Palma Olivares.
Cabe destacar que la mayoría de las querellas que hasta la fecha han sido presentadas ante los Tribunales de Garantía de Copiapó han sido denunciadas, originalmente, por los mismos defensores que notan ilegalidades en las detenciones de los imputados por el contexto de las manifestaciones sociales.
Ya que -en teoría- la defensa es integral, se ajusta a los tratados internacionales de los Derechos Humanos que asisten a sus representados y, por tanto, en los casos en los que han determinado que fueron golpeados o sometidos a un proceso que no se ajusta a derecho, dejaron constancia en el INDH.
“Por mandato legal -de acuerdo a la Ley 19.718- brindamos defensa penal a todas las personas que lo requieran, sin distinción, entonces eventualmente, puede ocurrir que producto de una querella, por el Instituto de Derechos Humanos, se formalice a un funcionario policial u otra persona del Estado y nosotros tendríamos que asumir su defensa”, aclaró Palma Olivares.
