SOBRE EL VALOR DE LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DE UNA CANDIDATURA A CONVENCIONAL CONSTITUYENTE

POR RODRIGO PÉREZ,
PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Y CANDIDATO A CONSTITUYENTE POR EL DISTRITO 4.-

***

Los resultados del Plebiscito de 25 de octubre de 2020 entregaron una señal política decisiva para la totalidad de los actores del sistema político chileno. En primer lugar, un 78.27% del universo electoral -7.562.173, de participantes- expresó su voluntad por redactar una Nueva Constitución y un 79.04% de esa misma ciudadanía decidió que el órgano legitimado para hacerlo debía ser una Convención Constitucional integrada por ciudadanas y ciudadanos y no por miembros de una parte de la clase política representada en el Congreso Nacional.

En segundo lugar, la ciudadanía estableció de esa manera un profundo cuestionamiento a todos los actores integrantes del sistema de partidos chilenos, especialmente, a aquellas fuerzas que han obrado en el escenario de la política nacional con representación no sólo en el parlamento, sino también en los numerosos órganos colegiados presentes en el territorio nacional, como son los Consejos Regionales y los Concejos Municipales.

Se trata de una crítica a la clase política en su totalidad, sean estas de izquierdas, sean estas de derecha.
Básicamente, la llamada clase política es aquella porción de la ciudadanía que se encuentra afiliada a un partido político -al día de hoy, aproximadamente 874.737 personas- dato que representa tan solo un 11.56% de la totalidad de participantes en el plebiscito de 2020, y un 4.67% de los 18.730.000 habitantes en el país.

Esta información acerca de la posición de las élites políticas en relación al resto de la ciudadanía no militante permite reflexionar sobre su legitimidad en el seno de la democracia chilena actual (Véanse Servicio Electoral e Instituto Nacional de Estadísticas).

Para quien suscribe esta columna de opinión, ello abre una tercera y última cuestión que merece ser explicitada: ¿Qué valor tiene la independencia política de quienes no militamos en partidos políticos? ¿Qué tipo de independencia política es la que se necesita en el proceso constituyente de 2021, una que proteja el statu quo, el orden actual de cosas, o bien, la independencia política que sea capaz de desarrollar las transformaciones a la actual Constitución y garantizar por esta vía un proceso político más participativo, democrático e igualitario?.

Para responder a estas interrogantes sostengo que la indepenencia política más valiosa es aquella que se caracteriza por el aprecio desinteresado y honesto de la actividad política y, para el caso que nos interesa, el de participación y elaboración de la Nueva Constitución, manteniendo no una posición de neutralidad respecto de los asuntos de naturaleza política, neutralidad que siempre acaba abrazando compromisos con las élites, sino que propiciando buenos argumentos en virtud de los cuales resulte claramente para todos, todas y todes las razones por las que es bueno y razonable distanciarse de los intereses fabricados por las élites políticas, económicas y culturales.

Ese 4.67% de chilenos se ha arrogado la titularidad de decidir lo que le conviene al 95.33% de la población, y han fallado. Sí, han fallado estas élites cada vez que los dirigentes dejan de “leer” correctamente las necesidades de una sociedad.
Las élites normalmente son la causa de las crisis de representación como la que vivimos en el Chile de 2019 y eso supone haber incurrido con torpeza en una incapacidad de comprensión de la sociedad.

Una crisis de representación es al mismo tiempo una crisis de comprensión de la realidad social, convirtiendo a ésta en una realidad “ilegible” o, peor aún, “invisible”. Muy bien lo ha sostenido Pierre Rosanvallon, para quien estas crisis de representación y de comprensión son los escenarios en los que la dignidad de las personas pone a prueba la vitalidad de la democracia. Un pueblo que no se siente escuchado es un pueblo invisibilizado.
Un país que no sabe escuchar es un país que no sabe cómo reconocer derechos a su pueblo.

De estas razones se desprende la necesidad de contar con candidatos, candidatas y candidates a la Convención Constitucional realmente independientes y distantes de los intereses políticos de ese 4.67% de chilenos, que han fallado en el deber ético y político de entusiasmar a la ciudadanía para aumentar el aprecio por la actividad política, la actividad que, en definitiva, define nuestra dignidad y nuestros derechos y deberes frente al otro, que define nuestras posibilidades de cuidarnos a nosotros mismos para saber cuidar a los demás. Y esto se torna imposible si justificamos las políticas de compadrazgo, las políticas de la corrupción y la protección silenciosa de los intereses de las élites.