Diferentes sectores de Atacama celebran acuerdo de plebiscito para nueva Carta Magna

Parlamentarios consideran que es necesario que se trabaje en paralelo sobre algunas reformas estructurales de la agenda social.

(Por Frenny Kelly Granado). Un plebiscito para conocer si la ciudadanía quiere o no tener una nueva Constitución y, sobre todo, a través de cuál mecanismo, es un anuncio que, de alguna u otra medida, había sido esperado por muchos sectores de la sociedad.

Las manifestaciones sociales que iniciaron hace 29 días, dieron paso a numerosas reacciones; por un lado, la oposición aprovechó la oportunidad para promover un cambio estructural, y por el otro, el oficialismo reaccionó ante la inconformidad pasiva que tenía una gran parte de los habitantes del país.

Una vez que se dio a conocer el documento de dos páginas que establece los 12 lineamientos que regirán el proceso constituyente como parte de un acuerdo para el restablecimiento de la paz y el orden público, salieron al paso las voces de parlamentarios, autoridades de Gobierno y presidentes de partidos políticos en Atacama, para fijar su posición ante este trascendental evento democrático.

La Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Gobierno, María Francisca Plaza Velis, fue una de las primeras que dio su punto de vista al respecto; mediante un comunicado de prensa valoró el trabajo realizado en el Congreso y sostuvo que los parlamentarios estuvieron a la altura al “poner la democracia y los acuerdos por delante (…) Se lo debíamos a la gente y particularmente a las personas que durante años sintieron que no los habían escuchado”.

La vocera de Gobierno dijo a los atacameños que aprovechen la oportunidad “única e histórica, de tener, no solo una nueva Constitución, sino una que sea participativa”, ya que “entre todos tendremos que realizar un proceso para elegir a los representantes que van a redactar el Chile de los próximos 30 años”.

En paralelo los senadores de esta región, Yasna Provoste, por Democracia Cristiana, y Rafael Prohens, por Renovación Nacional, se refirieron al tema en términos similares; ambos consideran que además de este proceso para redactar un nuevo instrumento jurídico constitucional, es necesario trabajar en paralelo en otros aspectos que la ciudadanía puso sobre la mesa mediante las manifestaciones sociales; por ejemplo, las pensiones, el derecho a la salud y el acceso a los fármacos.

“Esto lo veníamos trabajando ya hace varios días para buscar espacios de convergencia entre todos los sectores políticos y alcanzar algo que es necesario; el hecho de que, después de 30 años, tengamos la disponibilidad para tener una nueva Constitución es realmente colocar fin a un sistema de transición que acoge una demanda antigua”, sostuvo Provoste.

La parlamentaria celebra que los sectores que “durante tantos años se resistieron a incluir transformaciones estructurales más profundas en el momento de desarrollo de nuestro país”, hoy acepten la posibilidad de escribir una nueva Constitución mediante la decisión de las personas respecto a cuál será el mecanismo que mejor le acomode.

Rafael Prohens, por su parte, cree que si bien esto no va a solucionar todo el conflicto social “porque tenemos que hacer muchos otros cambios” si permitirá asentar las bases para que en corto plazo “podamos cumplir lo que nos han pedido desde la comunidad”.

El legislador siempre ha sido partidario de los dos plebiscitos, por lo que afirmó sentirse contento de haber cumplido un rol que significa “el inicio de un largo camino en el cual tenemos que cambiar la estructura de país y echarlo a andar con desarrollo, siendo más equitativos, sociales y preocupados más de las personas que del crecimiento”.

En tanto el diputado por el Partido Socialista (PS), Juan Santana, se refirió a esto como “un proceso histórico” que se ha logrado “gracias a todos los que marcharon en las calles”, por lo que todos los sectores políticos hayan podido alcanzar un acuerdo que permita la participación directa de la ciudadanía a través de un plebiscito de entrada y de salida, que parte absolutamente de cero.

“Espero que mediante el referéndum se acoja la idea de la Convención Constituyente con personas elegidas democráticamente y lo más representativas posible de los diversos sectores de la sociedad (…) es una oportunidad para tratar los temas que son importantes para la región, por ejemplo, la propiedad del agua y la descentralización de la salud ya que tenemos la menor proporción de médicos especialistas por habitantes del país”.

La diputada Daniela Cicardini argumentó que “este es un triunfo que le pertenece únicamente a la gente, que lo ganó pacíficamente en la calle, incluso sufriendo violaciones a sus derechos humanos que quedará incompleto si la propia gente no lo ratifica con su participación y con su voto en el plebiscito”.

Habló de la importancia de avanzar en la agenda social “que se tiene que discutir con urgencia y en paralelo con la disponibilidad del Gobierno para mejorar significativamente su propuesta”, de modo que “podamos tener avances verdaderamente significativos”.

“Yo estoy por la Convención Constitucional ya que implica tener un órgano integrado en un 100 % y exclusivamente por delegados elegidos por la gente, es decir, es una Asamblea Constituyente con otro nombre, que es lo que hemos planteado como lo más representativo y legítimo para el momento y la crisis que vive el país, pero, reitero, es la gente la que decide”.

Para Octavio Meneses, presidente del Partido por la Democracia (PPD) en Atacama, la nueva Constitución tiene que recoger el tema de la descentralización para que las regiones puedan ser autónomas y administradoras de sus recursos; por ello exhortó a los atacameños a participar de la construcción de este instrumento y plasmar cambios importantes en beneficio de todos.

A ellos se les sumó la Mesa del Sector Público de Atacama (MSPA), para fijar posición; el órgano que agrupa a los gremios de diferentes sectores sociales informó que este acuerdo “da indicios de que se escuchó el clamor del pueblo chileno movilizado”, pero rechazan que dentro de él “no se consideró a las organizaciones sociales que han convocado a sus bases durante el periodo de manifestaciones y que se organizaron en la llamada Unidad Social”; en ese sentido, lo consideran “un acuerdo político partidista”.

Asimismo, criticaron que “los tiempos comprometidos para el proceso constituyente son excesivos y están totalmente fuera de la urgencia que la ciudadanía ha demandado, tanto en la realización del plebiscito de entrada como en la redacción de la nueva Constitución” y que no hay forma de garantizar el éxito del referéndum si la única opción que permite es el voto voluntario.

Los gremialistas tampoco están a favor de que los integrantes sean elegidos por el actual sistema electoral, dado que “la conformación de listas prácticamente elimina la posibilidad de que ciudadanos no militantes puedan ser electos, por lo que nuevamente los partidos políticos se adueñan de éste proceso”.