Justicia desestima demanda de Codelco y la estatal anuncia apelación al fallo
La empresa mantiene el convencimiento absoluto de que es necesario clarificar la interpretación de su marco normativo, para poder calibrar los perjuicios jurídicos y económicos que le causa el informe N° 9000.
Después de casi tres años de tramitación, el 25° Juzgado Civil de Santiago dio a conocer la resolución respecto a la disputa que mantenían la Contraloría General dela República y Codelco, luego de que el órgano fiscalizador emitiera el polémico informe 900 en contra de la minera, en el que se cuestionaba la compra de bienes y servicios que hacia la empresa a partes relacionadas.
Ante dicha acusación, la estatal presentó un recurso de nulidad de derecho público en el que apuntaba a que la investigación no le permitía gestionar eficientemente la empresa. No obstante, en el fallo de más de 70 páginas, el tribunal afirma a que a la Contraloría “le corresponde controlar de manera externa y generalmente indirecta a todos los órganos de la Administración del Estado».
En ese sentido, y «en concepto de este Tribunal, el actor (Codelco) no puede pretender excluirse de aquello fundado en que dicha función le corresponde solo al directorio, labor que es donde se inicia la fiscalización”.
En el documento de rechazo se hace alusión a anteriores auditorías que se le habían realizado a la estatal y en las que se detectaban las mismas irregularidades. Esta última «es la continuidad de otras ya hechas durante el año 2003». Asimismo, se evidencian «irregularidades jurídicas en procesos de contratación y, en caso alguno, implica un control al mérito de las decisiones de la compañía».
En este caso se desestimó la acción de nulidad de derecho público y se condenó en costas a la parte demandante; es decir, Codelco, que sostuvo que apelará el fallo, ya que «el Juzgado Civil no se pronuncia sobre un aspecto clave de la demanda: el marco normativo que le aplica a la estatal».
Según se pronunció la empresa, «la autoridad fiscalizadora señala que ciertos artículos de la Ley de Compras Públicas la obligaría a informan los contratos con partes relacionadas a la propia CGR y a la cámara de Diputados»; sin embargo, «la corporación se ha regido por la Ley de Sociedades Anónimas y los procedimientos que ella determina, en razón de que la Ley de Compras exceptúa expresamente de su aplicación a las empresas públicas creadas por Ley, como Codelco».
