Piden prisión preventiva para Mario Morales y otros 11 imputados por delitos económicos
En la audiencia de formalización por soborno, fraude al fisco y cohecho, se sumaron los delitos de negociación incompatible y obstrucción a la investigación.
(Por Frenny Kelly Granado). Al alcalde suplente de Tierra Amarilla, Mario Morales Carrasco, se le puso el panorama sombrío la noche que fue detenido por su presunta autoría en los delitos de cohecho, fraude al fisco y soborno, pero ahora se le terminó de ennegrecer con la solicitud que, en la audiencia de formalización, hizo el fiscal Luis Miranda Flores: prisión preventiva para él y los otros 11 imputados que figuran como sus cómplices.
En concreto la medida aplicaría para ellos ocho funcionarios municipales y cuatro contratistas, ya que para uno de los empresarios que colaboró con la investigación se pidió el arresto domiciliario total.
El fiscal Luis Miranda sumó el delito de negociación incompatible respecto a Mario Morales, por la contratación de personas al interior del municipio, y contra él y cuatro de sus colaboradores, el ilícito de obstrucción a la investigación, por la entrega de antecedentes falsos ante los requerimientos de la PDI durante la investigación; además de otras acciones que interfirieron en el trabajo de la Fiscalía y la policía, como fue el formateo de computadores y teléfonos celulares.
En la audiencia que partió a las 10:00 horas de este jueves y que a las 19:30 aún no había terminado, el acusador presentó todas las pruebas que recabó durante estos meses, además de la declaración de testigos reservados y testimonios de imputados, con lo que fundamentó los motivos por los cuales considera que Morales y los demás individuos deben permanecer privados de libertad hasta que concluya la pesquisa por su presunta vinculación con el cobro de coimas a cambio de la asignación de proyectos municipales en la comuna de Tierra Amarilla.
En su extenso alegato el fiscal detalló sus argumentos paso a paso de la participación individual de todos los implicados y, de hecho, argumentó que dichos pagos ilegales se hicieron en un departamento que el alcalde suplente mantiene en Copiapó, así como en las oficinas de la Municipalidad de Tierra Amarilla y en el Parque Schneider.
Pero el juez de garantía no dictó un veredicto puesto que a la hora que se fijó un receso, todavía no habían expuesto los abogadores defensores de los 13 detenidos, por lo que no será hasta hoy, viernes, que se sepa el destino del burgomaestre y los demás supuestos implicados en los ilícitos, después de la audiencia que empezará a las 10:00 horas.
En la audiencia intervino además el fiscal jefe de Copiapó, Christian González Carriel, quien se refirió a la grave afectación social que este tipo de delitos genera a la ciudadanía con la pérdida de importantes cifras que bien podrían aportar a obras de desarrollo para toda la ciudadanía. Mencionando que estos hechos de corrupción menoscaban la calidad de vida de las personas, haciendo mención especial a los proyectos en dos escuelas que requieren de recursos para poder entregar una mejor calidad en la educación de niñas y niños en sectores con conocidas necesidades.
Mientras el acto judicial se desarrollaba varios gremios se pronunciaron en rechazo de los delitos que se le imputan Morales; uno de esos fue la Dirección Regional de Atacama del Partido Comunista de Chile, que -mediante un comunicado- expresó “su profunda consternación por la difícil situación que atraviesa el pueblo de Tierra Amarilla” y condenó categóricamente la corrupción, al punto que espera “que -de comprobarse estos graves hechos- se apliquen con rigurosidad las penas que correspondan”.
La dirección aclaró que el “apoyo que dimos en su momento a la actual administración producto de una coyuntura muy especifica, no nos inhibe a alzar la voz cuando hay injusticias y actos corruptos”, por lo que hizo un llamado al Concejo Municipal a “cumplir con el mandato que les ha dado su pueblo” para darle gobernabilidad a la comuna en el contexto de “la grave crisis sanitaria, social, política y económica que vive nuestro país y en particular Tierra Amarilla”.
En esta misma línea el presidente de la Asociación Regional de Municipios de Atacama (ARMA) y alcalde de Chañaral, Raúl Salas Aguilera, dijo que espera que el Concejo Municipal pueda asumir en propiedad y restablezca el normal funcionamiento de sus actividades, para que este evento no perjudique la atención de las demandas que requieren los vecinos ante la emergencia por la pandemia que se vive.
De manera muy diplomática recalcó que “como organización de los municipios que representamos, esperamos que la justicia pueda esclarecer los hechos, se aplique la ley y podamos sacar lecciones para establecer mejores mecanismos de control sobre los recursos que se administran al interior de los municipios”.
También apeló a la transparencia y legalidad en los actos administrativos que se apliquen en las áreas del quehacer municipal, debido a que “hay que entender que la principal función es administrar los recursos con que cuenta el municipio y esto debe ir en ayuda lo más directamente posible de la gente en sus territorios”.
El alcalde de Freirina, César Orellana, igualmente salió al paso y además de lamentar el evento, comentó que finalmente son las familias de la comuna las que “pagan el costo de actos delictivos como éstos que no deberían existir”; agregó que “si bien el hecho es materia de investigación, todo indica que estamos frente a un acto delictual que tenemos que repudiar”.
De igual manera sentenció que se avergüenza, en lo personal, de que Mario Morales “forme parte de la misma casa política”, pero dejó claro que “los valores que inspiran el ser socialista, están muy lejos de la conducta del alcalde subrogante. Yo espero que el partido, a nivel nacional, se pronuncie, ya que no es la primera vez que él se ve involucrado en eventos que no corresponden a una autoridad”.
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