Despachan al Senado proyecto de retiro excepcional de fondos previsionales por pandemia

Cumpliendo con los requerimientos de quórum constitucional, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular y despachó a segundo trámite al Senado el proyecto de reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual, bajo determinadas condiciones.

El debate en particular de la iniciativa comenzó en la sesión ordinaria del martes con la lectura del segundo informe de la Comisión de Constitución, en donde se explicó los dos cambios emprendidos, respecto del texto aprobado en general el pasado 8 de julio.

En concreto, la primera modificación permitió definir que los fondos retirados no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal, mientras que la segunda enmendó la denominación del proyecto.
Al momento de las votaciones, el texto que permite el retiro excepcional de un 10% de los fondos previsionales, junto con la mencionada modificación, fue ratificado por 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones.
Luego, la norma que creaba el Fondo Colectivo Solidario de Pensiones se rechazó por no alcanzar el quórum mínimo de aprobación de 93 votos favorables. El texto obtuvo 89 votos a favor, 43 en contra y 21 abstenciones.
Finalmente, se aprobó el cambio de denominación del proyecto, pero sacando la mención al citado Fondo.

DISCUSIÓN DE LA INICIATIVA

La continuación del debate, en la segunda jornada de ayer, comenzó con la intervención de la diputada Claudia Mix (Comunes), quien reclamó por la necesidad de dar ayuda a los miles de chilenos y chilenas que hoy necesitan una solución. “La gente no aguanta más ni puede esperar por soluciones que se prolongan y con letra chica”, remarcó en su discurso, destacando que la presente propuesta es un mínimo gesto de dignidad para esas personas.

Natalia Castillo (RD) recordó que el pasado 8 de julio se logró alcanzar el alto quórum para aprobar la idea de legislar de la iniciativa y lamentó las fuertes presiones que desde el Gobierno surgen hoy para revertir ese resultado. Sostuvo que hay una necesidad urgente por resolver y planteó que si las promesas del Gobierno se cumplen, bien, pero que ello no resta de entregar alternativas al pueblo para que ellos mismos puedan escoger. “Nos cansamos de esperar”, sentenció.

Jorge Alessandri (UDI) observó que la pandemia ha afectado a la economía mundial y nacional, quedando en evidencia las falencias de nuestro sistema laboral. Reconoció la lentitud del Estado para reaccionar, sobre todo cuando se necesitan soluciones rápidas, pero sostuvo que la propuesta en trámite no va en la línea correcta porque implicará un gran daño previsional y dejará a muchas personas fuera del sistema. En tal plano, defendió la propuesta del Ejecutivo en cuanto a montos y ventajas comparativas.

Camila Vallejo (PC), ante las afirmaciones de que con este proyecto se está provocando un daño previsional, sostuvo que el verdadero daño es que el 50% de los connacionales no pueda jubilarse con más de 150 mil pesos y que muchas mujeres estén condenadas a pensiones de miseria. Luego, junto con defender las líneas del proyecto, resaltó que la medida es de carácter voluntario.

Francisco Undurraga (Evópoli) reiteró su compromiso con hacer buena política y remarcó que no apoyar la propuesta no implica no entender las necesidades de la clase media, ni lo que reclama la ciudadanía o falta de sentido de realidad. “Se trata de no meter las patas tan hasta el fondo”, alertó. Sostuvo que esta es una “paupérrima y mezquina solución”, con poca claridad en la letra y alcances del texto y no atendible cuando existen otras alternativas sobre la mesa.

Jaime Naranjo (PS) recordó que si la Cámara está abocada a esta discusión es porque la ayuda del Gobierno ha sido tardía e insuficiente. Criticó que, hoy, el Gobierno le quiera negar a la gente la libertad de retirar dineros de sus fondos para atender la emergencia y refutó las presiones que se han ejercido para que no se alcance el quórum de aprobación.

Gonzalo Winter (PCS) afirmó que Chile no tiene un sistema de seguridad social efectivo, dado que es el Estado el que paga el 80% de las pensiones, sustentado, principalmente, del cobro del impuesto del IVA. Indicó que se está en esta situación porque el Gobierno ha manejado el tema como si fuera una huelga y remarcó que, aun cuando no se aprobara la propuesta, igualmente se habría avanzado en instalar la necesidad de un cambio en el sistema.

OTRAS OPINIONES

Para el diputado Harry Jürgensen, los impulsores de la iniciativa no dan confianza cuando aminoran los efectos de la medida y llamó a no avanzar en la materia. Si bien reconoció que las respuestas desde el Ejecutivo no han sido oportunas para la clase media, no por ello se debe avanzar en un retiro de los fondos previsionales que pondrán en riesgo las futuras pensiones. “Es al Estado al que se le debe exigir soluciones efectivas”, enfatizó.

Alejandra Sepúlveda (FRVS), con una olla en su mano, expuso a la audiencia cómo este instrumento refleja la unión de la gente para alimentarse en tiempos de hambre, por medio de las ollas comunes, pero también cómo refleja el descontento de la población cuando se la golpea en señal de protesta. “Lo que queremos hacer es cambiar la realidad desde el sufrimiento de las personas; invito a votar por este proyecto, por Chile y su sufrimiento”, puntualizó.

Víctor Torres (DC) recordó que se llegó a esta medida extrema, que reconoció no es inocua, pero sí necesaria, porque la propia ciudadanía lo pidió frente a una profunda situación de vulnerabilidad que hoy incluye a la clase media. “No podemos seguir con indolencia e indiferencia ante la gente (…) Es necesario que este Parlamento tenga empatía política”, planteó.

Cristina Girardi (PPD) resaltó la luz de esperanza que brindó la aprobación en general de esta iniciativa, en orden a romper con una estructura rígida que defiende los intereses del poder económico. “Dicen se va a derrumbar el país, muchas vidas ya están derrumbadas y la única opción es hoy día esta alternativa”, acotó, agregando luego que esta es una posibilidad real de hacer cambios en Chile en beneficio de la gente.

El independiente Karim Bianchi afirmó que la gente quiere su dinero y criticó duramente las presiones del Ejecutivo en pro de que se rechace la propuesta. Llamó a que se le entregue a la gente la opción de elegir entre la presente medida y la oferta que hace el Gobierno. Pidió, asimismo, aprovechar la crisis para realizar cambios al sistema previsional e insistió en que la propuesta tiene un fondo ético.

Para Cosme Mellado (PR), las respuestas del Ejecutivo han sido claramente insuficientes. Apeló a la necesidad de una ayuda inmediata y digna para la gente y estimó que la propuesta en trámite es un puntapié inicial para un cambio estructural en el sistema de pensiones. ”La política está para servir; nuestros compatriotas tienen hambre y hoy la prioridad está en las personas. Aprovechemos la oportunidad histórica de estar al lado de la gente”, sentenció.

VOTOS TRANSVERSALES

En el debate también se expresaron voces que cruzaron las respectivas veredas, en favor o en contra de la propuesta. Así, por ejemplo, desde el oficialismo el diputado Eduardo Durán (RN) manifestó su apoyo a la reforma constitucional estimando no posible eludir el difícil momento que se vive. Si bien reconoció los esfuerzos del Gobierno para llegar a la gente que está sufriendo, observó que ello “ha sido a destiempo e insuficiente”, donde muchas familias no han podido alcanzar a los beneficios. “Reafirmo mi compromiso con el 10% por la gente de mi país y mi distrito que se lo merecen”, puntualizó.

En la posición inversa se mostró el diputado independiente del bando opositor, Pepe Auth. No desconoció que era una decisión difícil, pero alertó que la propuesta era una mala alternativa. “Mejoremos la oferta tardía del Gobierno (…) Es malo que se instale el precedente de echar mano a recursos destinados a la vejez”, postuló, llamando a mejorar el sistema aumentando los fondos y no reduciéndolos; incrementando la solidaridad y no con individualismo; y con un ente público encargado de asegurar para todos una pensión digna.